Defensoría del Pueblo registró más de 42 mil trámites ciudadanos

Un total de 42,337 personas acudieron a la Defensoría del Pueblo entre 2021 y 2025 para solicitar orientación, mediación, presentar quejas o ejercer el derecho de petición, informó el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, durante su rendición de cuentas este jueves 5 de febrero.

De ese total, 25,880 trámites correspondieron a orientaciones, equivalentes al 61% de las atenciones, realizadas tanto de forma presencial como por canales digitales. Solo en 2025 la institución registró 8,115 solicitudes ciudadanas.

Leblanc explicó que el aumento en las orientaciones refleja mayor conocimiento ciudadano sobre sus derechos. “Eso significa que la persona está más hábil en el proceso de derecho para poder hacerlo valer y hacerlo implementa”, señaló.

Como parte de la promoción de los derechos humanos, la entidad capacitó a 43,016 personas en todo el país mediante 1,034 jornadas formativas. Además, se realizaron 467 defensorías móviles, jornadas de atención fuera de oficina dirigidas a comunidades vulnerables o de difícil acceso.

En materia de incidencia pública, la institución elaboró 49 informes especiales relacionados con niñez y adolescencia, movilidad humana, centros penitenciarios, hospitales, educación, transporte, violencia de género y procesos electorales.

Estos informes aclaró fueron sobre todo en temas del transporte, no solo el nacional, sino también de hospitales, de centros penitenciarios, de centros de cuidado de personas mayores, de centros de atención de niños y niñas adolescentes. “Hemos ido un poco trabajando en que las personas se enteren de la situación y llamándoles la atención a los gobernantes para que vean cómo están”, dijo el ombudsman panameño.

Recordó que los primeros informes que hicieron fue sobre la Cuidad de la Salud, un proyecto que estuvo detenido durante muchos años. “Yo les recuerdo que los primeros informes que hicimos aquí fue el de la Ciudad de la Salud, donde declaramos que la República Panamá había violado los derechos humanos a los panameños y panameñas, porque había un proyecto que había sido, por temas fuera de los controles de dependencia, había sido parado y que estuvo detenido por muchos años”, señaló.

Según el defensor, los documentos también incluyeron recomendaciones ante situaciones de protestas sociales y presuntos abusos policiales, así como sobre uso de la fuerza y libertad de tránsito.

Leblanc concluyó que la rendición de cuentas responde a un deber democrático y busca fortalecer el escrutinio público sobre la gestión institucional y la protección efectiva de los derechos humanos en el país.