Desde el 1 de enero, justicia comunitaria queda bajo el Mingob; denuncian a alcaldesa de Arraiján

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirmó que, a partir de este jueves 1 de enero de 2026 la justicia comunitaria pasa formalmente a ser administrada por el Ministerio de Gobierno, conforme a lo establecido en la Ley No. 467.

Montalvo recalcó que este proceso de transición no implica la paralización ni el cierre de los servicios de justicia comunitaria en el país.

“Ese es un tema que ya se establece en la Ley No. 467 y definitivamente nosotros tenemos que arrancar”, señaló la ministra.

Además, la funcionaria subrayó que el Gobierno se encuentra preparado para asumir esta nueva responsabilidad institucional.

Montalvo explicó que el Ministerio de Gobierno ha venido trabajando de manera anticipada en el proceso de transición, coordinando con alcaldes de distintos municipios para garantizar que el cambio se realice de forma ordenada y sin afectar a la ciudadanía.

No obstante, indicó que en el caso del Municipio de Arraiján la situación ha sido distinta.

“Lo que se está buscando es que la transición no sea un tema crítico o caótico para el usuario, para la comunidad, que es la que depende de este tipo de justicia”, expresó.

La ministra enfatizó que existe una “imprecisión total” en la información que se ha divulgado, al reiterar que la justicia comunitaria no se detiene ni se cierra. “En Arraiján, la justicia comunitaria va a seguir funcionando”, aseguró.

En ese sentido, Montalvo manifestó su preocupación por el retiro de expedientes judiciales sin que los jueces de paz mantuvieran la custodia correspondiente, una situación que, según dijo, no tiene explicación, especialmente cuando apenas dos días antes se había sostenido una reunión en la que se acordó que la transición debía realizarse de manera ordenada.

La titular de Gobierno aclaró que lo único que cambia es la administración del sistema, que deja de estar bajo los municipios y pasa al Ministerio de Gobierno.

Por otro lado, el Ministerio de Gobierno presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y contra cualquier otra persona que pudiera resultar vinculada, por presuntas acciones que —según la entidad— carecen de fundamento jurídico y habrían entorpecido el adecuado desarrollo de la justicia comunitaria en ese distrito.

De acuerdo con la entidad, la decisión se tomó en cumplimiento del deber institucional de garantizar la tranquilidad, la paz y el sosiego de los residentes de Arraiján, ante actuaciones adelantadas por el Municipio que, a juicio del Ministerio de Gobierno, no se ajustan al marco legal vigente.

La institución aclaró que, pese a esta situación, en el distrito de Arraiján se mantienen activas las Casas de Paz, mientras que el Juez Nocturno continuará brindando atención conforme a su horario establecido.