Diplomáticos se oponen a anteproyecto de carrera consular y advierten ‘retroceso institucional’

El anteproyecto de ley que pretende crear la Carrera Consular de Marina Mercante, impulsado por el diputado Eduardo Gaitán en la Comisión de Relaciones Exteriores, ha sido recibido con el rechazo de sectores de la diplomacia panameña, que alertan sobre posibles fracturas institucionales y cuestionamientos de constitucionalidad.

La iniciativa propone adscribir la Carrera Consular al Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinando con la Autoridad Marítima de Panamá, con el propósito de reorganizar y profesionalizar la representación marítima del país en el exterior.

Actualmente, los consulados de marina mercante operan sin un régimen integral que regule formalmente el ingreso, ascenso y control de su personal. El anteproyecto de ley N.° 319 busca ordenar esa estructura mediante el mérito, la profesionalización y la transparencia, con un modelo similar al diplomático, pero enfocado en funciones marítimas.

La propuesta establece tres niveles: Cónsul General, Cónsul de Primera Categoría y Vicecónsul. Estos contarían con ingreso por concurso público, el cual buscaría perfiles en áreas como derecho marítimo, ingeniería, logística y comercio internacional.

Uno de sus ejes centrales es que, en un plazo de diez años, al menos el 60% del personal consular marítimo en el exterior sea de carrera, con una implementación progresiva y supervisión anual de la Cancillería.

Sin embargo, la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) manifestó su oposición frontal a la iniciativa.

Según el gremio, el texto abriría la puerta a “dar inicio a una infausta forma burocrática y cómplice para atender los negocios de Panamá con la marina mercante en nuestros consulados a través de intereses particulares y el nepotismo”.

También sostienen que la propuesta representa un retroceso institucional y ético, al debilitar los estándares mínimos de competencia consular exigidos por el Derecho Diplomático y Consular.

“El anteproyecto de ley no cuenta ni con la autorización ni aval del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es inexequible e inconstitucional”, explicó Aris García, presidente de Adica, a La Estrella de Panamá.

El diplomático añadió que la iniciativa “violenta” una carrera instituida por la Constitución Política de Panamá.

No obstante, García admitió que el modelo vigente arrastra fallas estructurales que exigen revisión y una fiscalización rigurosa por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Todos sabemos que en Panamá los consulados de marina mercante responden a las firmas de abogados, que ponen a personal de su interés en estos puestos para tener control. Asimismo, los visados son un negociado de migración, gracias a la corrupción y desidia”, denunció.

El presidente de Adica aseguró además que en la actualidad ningún diplomático de carrera ocupa posiciones en los más de 50 consulados marítimos que mantiene Panamá en el exterior, y advirtió que, de aprobarse la iniciativa, sería “oficializar el mal actuar de las firmas de abogados”.

Frente a estas críticas, el diputado Gaitán respondió que miembros de Adica fueron citados el pasado martes a la Comisión de Relaciones Exteriores para exponer sus planteamientos, pero no asistieron a la reunión.

“No estamos cambiando la carrera diplomática, lo que queremos es dar la oportunidad a las personas graduadas en temas marítimos y profesionalizar el servicio de marina mercante”, defendió.

El diputado insistió en que su propuesta no busca favorecer intereses particulares, mucho menos a firmas de abogados, sino garantizar que los puestos sean ocupados por personal idóneo y especializado.

Frente a las acusaciones de inconstitucionalidad, sostuvo que el servicio consular no es homogéneo: hay oficinas dedicadas a la atención de ciudadanos y otras especializadas en materias técnicas, como el registro de naves. En ese sentido, afirmó que su propuesta se limita exclusivamente al ámbito marítimo y no interfiere con las funciones consulares tradicionales.

El Anteproyecto de Ley N.° 319 volverá a discutirse el próximo lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional.