Mantienen dos expedientes contra policías por abusos

La Defensoría del Pueblo ha recibido varias quejas de abusos policiales contra trabajadoras sexuales en sectores como Calidonia y la avenida de Los Mártires.

La defensora Lilia Herrera dijo a La Estrella de Panamá que ellas han denunciado que cuando salen a trabajar los agentes policiales las detienen, sin hacer preguntas.

‘A veces ocurre la misma situación, ellas llegan y puede ser que estén totalmente legales, pero los policías las vieron y no les han dado chance que digan si son o no legales’, contó.

Explicó que los agentes las conducen a la cárcel y algunas se quejan de que las han golpeado.

‘Puede ser que estés ilegal, pero eso no da derecho a que vengan y te pisoteen todo’, añadió.

Las quejas son de trabajadoras sexuales que prestan servicios en la ciudad de Panamá y el distrito de La Chorrera.

En ese sentido, Herrera sostuvo que los funcionarios iniciaron operativos en horas nocturnas para constatar las denuncias contra los uniformados.

La defensora manifestó que por ese motivo están sentados con la Policía en la Mesa de Trabajo Nacional sobre los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, en la que participan la entidad, ellas y la institución policial, además el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el Vih/Sida (Onusida).

‘Para que los policías escuchen de viva voz las quejas que se tienen’.

La mesa es interinstitucional y busca una solución para el tema, aseguró.

Hasta el momento, se han realizado dos reuniones.

Diego Almanza, director del Centro de Orientación al Ciudadano de la Defensoría, comentó que una cosa es estar ilegal y otra es ‘denigrar a la persona’.

Almanza especificó que tienen dos expedientes abiertos y se analiza la vinculación de la Policía.

La Defensoría reveló que tiene como proyecto contratar a un grupo de abogados para que trabajen en la noche y monitoreen los Juzgados Nocturnos de Panamá y San Miguelito, además visiten las corregidurías nocturnas de la capital.

El plan sería iniciar con tres abogados para que impidan posibles violaciones a los derechos humanos.