Transparencia en el Gobierno: dos pasos adelante; uno atrás

El discurso de transparencia ha calado a medias: al cierre del año, poco menos de un tercio de las instituciones públicas cumplió con todos los estándares de transparencia en sus sitios en Internet, un índice diez veces mayor que el registrado a principios de 2015.

Según la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), 27 entidades y empresas del Estado se disputaron el título de la ‘más transparente', nueve más que en la última medición, realizada en junio pasado.

Sin embargo, en comparación con el más reciente de los estudios (el de junio), seis instituciones importantes desmejoraron en los informes de transparencia. Por ejemplo, el Banco Hipotecario Nacional, que de cumplir a carta cabal con las reglas, bajó a 88%.

Lo mismo ocurrió con el Órgano Judicial, donde se investiga, ahora, un entramado de corrupción en sus tribunales medios.

El Cuerpo de Bomberos, por su lado, perdió ocho puntos, y el Ministerio de Desarrollo Laboral (Mitradel), 21. Todavía más dramático, el Servicio Estatal de Radio y Televisión (Sertv) cayó 25.

El monitoreo fue divulgado justo en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, que se celebró el 9 de diciembre, y en cumplimiento de la Ley 6 de 2002, que simplemente ordena a los entes públicos tener a disposición información básica sobre su organigrama y operaciones.

El informe deja en papel que, en el sector económico primario, las cosas son dramáticas. Las entidades están en los últimos lugares de la comparativa.

Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) apenas cumple con la mitad de las cosas que debe, por lo que perdió 8.3 puntos porcentuales, en comparación con la medición de medio año.

Por su lado, la Autoridad de Tierras y el Banco de Desarrollo Agropecuario registraron 46% cada una. En junio último, la primera tenía 25% y la segunda, 16%.

En iguales condiciones están las instituciones que trabajan asuntos de desarrollo comunitario: el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible registró 46% y la Oficina de Electrificación Rural, 38%.

Esta institución comparte el último de los puestos de la medición con el Instituto Panameño Autónomo (Ipacoop), y el Sistema Nacional de Protección Civil.

El asunto pone contra las cuerdas al Gobierno, acusado por la opinión pública de no ser transparente. En noviembre último, seis de cada diez panameños decían que la administración de Juan Carlos Varela era poco o nada transparente, el índice más alto del último año.

La mitad de los ministerios cumple con el 90% o más de los requerimientos de la Ley 6, y un cuarto de ellos está entre 60% y 90%, y dos están bajo ese umbral.

Según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo, el 65% de los ministerios actualizó su planilla en los últimos seis meses, aunque el Mitradel no lo hace desde noviembre del año pasado, y la Presidencia no ha remitido la información desde octubre de 2012, con Ricardo Martinelli en el poder.

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TRANSPARENCIA A MEDIAS

El paradigma de la Autoridad del Canal

Según el informe de transparencia de la Antai, la Autoridad del Canal (ACP) cumple con el 58% de los requisitos de la Ley 6 de 2002.

Lo anterior representa un dramático descenso, de 17 puntos porcentuales, con respecto a la medición de junio pasado.

La ACP, considerada como uno de los entes más transparentes, sólo cuelga en su portal en Internet su planilla, cuatro documentos sobre viajes al exterior, y su reglamento de ética y conducta.

El mismo porcentaje refleja la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (aunque, en comparación con junio pasado, creció en 17 puntos porcentuales), y la Universidad Marítima Internacional.

De acuerdo con la Antai, la Autoridad de Pasaportes no tiene sección de transparencia desde junio de este año, por lo que no se ha sometido a los dos últimos exámenes.

Por su lado, la Defensoría del Pueblo aseguró que su portal resultó afectado por fluctuaciones de voltaje, por lo que no fue revisada.

La Zona Franca del Barú y el Instituto Nacional de la Mujer no tienen portal en la Internet, agrega el documento. La Fiscalía Electoral, que dijo en junio que su página estaba fuera de servicio, registró a fin de año 54% de cumplimiento.

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LOS MÍNIMOS

Según la Ley 6 de 2002, las instituciones deben colgar en su web: