Ejecutivo veta proyecto de Benicio Robinson que modificaba la protección de arrecifes coralinos

El presidente de la República vetó en su totalidad el proyecto de ley 571, presentado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, que proponía modificar la Ley 304 de 2022 sobre la protección integral de los sistemas de arrecifes coralinos, ecosistemas y especies asociados.

Mediante la Nota No. 458-2026-AL, fechada el 12 de junio de 2026 y dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, el Ejecutivo devolvió la iniciativa sin sancionarla al considerar que sus disposiciones son inconvenientes e inexequibles, al estimar que debilitan el régimen de protección ambiental vigente y vulneran principios establecidos en la Constitución.

Antes de adoptar la decisión, la Presidencia indicó que analizó observaciones remitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, la Autoridad de Turismo de Panamá, el Centro de Incidencia Ambiental y la Estación Científica Coiba.

El Ejecutivo sostiene que la principal modificación propuesta consiste en eliminar la prohibición general que actualmente impide realizar construcciones, modificaciones u otras actividades sobre los ecosistemas de pastos marinos y sustituirla por un régimen de autorizaciones administrado por el Ministerio de Ambiente.

Según el documento, la Ley 304 de 2022 establece una protección integral para los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los ecosistemas asociados. Sin embargo, el proyecto reemplaza esa prohibición, en el caso de los pastos marinos, por un sistema de regulación administrativa, lo que, a juicio del Gobierno, representa una reducción del nivel de protección ambiental.

La nota presidencial también cuestiona la incorporación de un nuevo artículo 12-A, que prohíbe únicamente las actividades que ocasionen daño directo a los arrecifes coralinos o que puedan causar daños irreversibles a su salud ecosistémica.

Para el Ejecutivo, esa redacción deja fuera una referencia expresa a los ecosistemas asociados, como manglares, humedales costeros, albinas y pastos marinos, pese a que la legislación vigente reconoce la estrecha relación ecológica entre todos estos ambientes.

Además, advierte que el concepto de “daño directo” no está definido en la ley, lo que podría generar interpretaciones restrictivas y dificultar la prevención de impactos indirectos o acumulativos sobre ecosistemas altamente vulnerables.

Otro de los aspectos cuestionados es que el proyecto concede al Ministerio de Ambiente la facultad de regular las actividades que puedan desarrollarse en los pastos marinos sin establecer criterios mínimos en la propia ley.

El veto señala que la iniciativa no determina qué actividades podrán autorizarse, cuáles permanecerán prohibidas, qué requisitos ambientales deberán cumplirse ni cuáles serán las medidas mínimas de prevención, mitigación o compensación.

Según el Ejecutivo, dejar esos aspectos a una reglamentación posterior otorga un amplio margen de discrecionalidad administrativa y puede afectar tanto la seguridad jurídica como la protección efectiva de estos ecosistemas.

Además de considerar inconveniente la propuesta, el Gobierno objetó el proyecto por razones de inexequibilidad.

En el documento recuerda que los artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución obligan al Estado a garantizar un ambiente sano, prevenir la degradación ambiental, proteger los ecosistemas y asegurar el uso racional de los recursos naturales.

La Presidencia sostiene que sustituir una prohibición legal por un sistema de autorizaciones administrativas puede interpretarse como una medida regresiva frente al nivel de protección ambiental alcanzado con la Ley 304 de 2022.

También señala que la exposición de motivos del proyecto anunciaba medidas especiales de vigilancia, fiscalización, coordinación interinstitucional y gestión territorial para fortalecer la conservación de los ecosistemas marino-costeros. Sin embargo, esas medidas no quedaron incorporadas en el articulado aprobado por la Asamblea Nacional.

Para el Ejecutivo, esa diferencia entre los objetivos planteados y el contenido de la iniciativa genera dudas sobre su capacidad para fortalecer la protección ambiental.

Con el veto presidencial, el proyecto de ley 571 regresa a la Asamblea Nacional para el trámite previsto en la Constitución.

Corresponderá ahora al Órgano Legislativo analizar las objeciones formuladas por el Ejecutivo y decidir si introduce modificaciones al proyecto o continúa con el procedimiento legislativo establecido para este tipo de iniciativas.

El debate ocurre en un contexto de creciente atención sobre la conservación de los ecosistemas marino-costeros de Panamá, considerados esenciales para la biodiversidad, la pesca, el turismo y la protección natural del litoral frente a los efectos del cambio climático.