La Explanada: disputas, urbanización y espacios de renovación entre el intramuro y el arrabal de la ciudad de Panamá

Entre la ciudad y el arrabal de la ciudad de Panamá había una gran franja de terreno, el glacis (en francés) o explanada, que junto con el foso constituían elementos de infraestructura militar, como parte de la fortificación de la plaza de guerra construida en el siglo XVII.

Explanada es un término geográfico que describe una llanura de poca extensión y durante el siglo XIX era común encontrar la expresión como “esplanada”.

Tuvo diferentes funciones: mapas históricos muestran sembradíos y algunos autores lo describen como un gran espacio público (Mena García: Panamá en el siglo XVIII, 1997).

Sobre el terreno habían construido algunos edificios de uso público como la carnicería –que prestaba servicio al mercado– y la escuela primaria de Santa Ana que había sido construida sobre los restos de la puerta de tierra; pero sobre todo la explanada fue el gran espacio de antesala de la ciudad amurallada y su principal portal de acceso.

La explanada adquiere una gran atención a mediados del siglo XIX. En 1838 el Senado y Cámara de Representantes de Nueva Granada emite un decreto que otorgaba a los denunciantes de bienes ocultos nacionales, derechos exclusivos de enajenación sobre su adjudicación.

Entre los firmantes estaban José Rafael Mosquera, presidente de la Cámara de Representantes.

Años más tarde, su sobrino, el general Tomás Cipriano de Mosquera –quien fue ministro plenipotenciario de Nueva Granada– junto con José Marcelino Hurtado recurrieron en diciembre de 1849 al gobernador de la provincia de Panamá para denunciar como bienes ocultos los terrenos que median entre el foso de las murallas y el arrabal de la ciudad de Panamá, con el fin de declarar dicha tierra como sus descubridores.

La Suprema Corte de la Nación reconoce mediante una resolución de octubre de 1853 que la explanada es propiedad de la nación, pero hace cumplir la ley en cuanto al derecho de los descubridores del bien oculto debido a los privilegios legales otorgados.

En noviembre de 1853 el Ejecutivo de Nueva Granada solicita al gobernador de Panamá un informe de los usos o aplicaciones al servicio nacional que pudiese y fuese conveniente consagrar el glacis de la fortificaciones de aquella plaza, plano topográfico y avalúo de lo que pudiese obtenerse por el terreno si se diese en venta. El plano topográfico oficial fue elaborado por el coronel Agustín Codazzi, que sirvió de base en el otorgamiento del primitivo y sucesivo instrumento de venta; corroborado en las medidas por José Isabel Maitín. Con la constitución del Estado Federal, mediante la ley del 24 de mayo de 1855 Nueva Granada otorga a Panamá la potestad sobre las fortalezas (Panamá, Chagres y Portobelo) y la casa que había servido de Aduana en Panamá; sin embargo, excluye la explanada y el foso.

Mosquera y Hurtado reciben las escrituras en 1856 que los hicieron dueños de la explanada y las venden el mismo año a la Compañía del Ferrocarril de Panamá por un valor de 2 pesos (o $1) por metro cuadrado de los 26.902,00 m2 (Castillero Reyes: El Ferrocarril de Panamá, 1932).

En mayo de 1857 la compañía del Ferrocarril publica en Star & Herald un aviso dirigido a los dueños de los edificios construidos en el terreno de la explanada para que se presentaran a pagar los alquileres del terreno y arreglar los términos bajo los cuales continuarían ocupando dichos terrenos.

Sin embargo, los conflictos no terminaron allí. La municipalidad de Panamá vende los edificios de la carnicería y la escuela existentes sobre dicho terreno a Bernardo Andreve, en 1861, amparado en una ley de 1860 sobre el régimen municipal que otorgaba a los cabildos la facultad de disponer libremente de las propiedades comunales. Esto originó un reclamo por parte de la Compañía del Ferrocarril, propietaria de los terrenos.

En 1875 Star &Herald anuncia el cambio de la estación de policía, la oficina del gobernador y el Cabildo a un edificio en la explanada en la parte occidental de la calle San Juan de Dios. El edificio ocupaba el ángulo noroeste de las antiguas murallas. Era una posición estratégica como estación de vigilancia militar y policial, lista para actuar tanto en la ciudad como en los suburbios.

Alejandro Pérez, del batallón Zarpadores, bajo la dirección del ingeniero oficial del Estado Pedro J. Sosa había realizado la prolongación de esa misma calle, desde el intramuros, la calle principal y más céntrica de ese entonces, haciendo demoler la parte de las murallas que obstruía la calle en su extremo oriental por el cuartel de Las Monjas y se interponía entre ella y el mar, no habiendo más que un estrecho viaducto cubierto. Por este pasaban con trabajo las carretas que iban y venían para cargar las lanchas que fondeaban en playa Prieta.

La Estrella de Panamá, en julio de 1876, exhortaba al coronel Vinagre Neira, ingeniero oficial, de la prolongación de la carretera de Caldas en su extremo occidental en la plaza de Triunfo, a través del foso, hasta penetrar en el paraje denominado Boyaín en el arrabal, “propendiendo así a rejuvenecer aquel miserable vecindario”.

La explanada constituía “una enojosa barrera que entorpecía la expansión y embellecimiento de la ciudad”.

La Compañía del Ferrocarril mantuvo los terrenos de la explanada sin venderlos ni explotarlos. Los arrendatarios en su gran mayoría no se atrevían más que hacer unas “chozas humildes y de malísima apariencia que afean en sumo grado la ciudad”. La explanada era una frontera que separaba en dos fracciones los barrios parroquiales la ciudad, una demarcación que para la opinión pública debía desaparecer y empezar a construirse edificios sólidos que atrajeran la población hacia aquel lado de intramuros. Era el lugar de expansión para la porción opulenta de la ciudad; ese movimiento hacia el oeste se constituyó luego en un interés urbano común que condujo a tal fin: la urbanización posterior de La Explanada.