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- 11/06/2025 23:00
El Ejecutivo presentó su postura ante el organismo sobre la tensión con los sindicatos del país en medio de protestas contra la Ley 462
Durante su intervención en la 113.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, la directora nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, presentó la postura del Gobierno panameño sobre su “disposición” para el “diálogo social”, los “derechos fundamentales del trabajo” y la “libertad sindical”, al tiempo que acusó de “acciones sistemáticas de desestabilización”, supuestamente encabezadas por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
Soberón dijo que, si bien en Panamá coexisten múltiples sindicatos en un entorno de respeto a la ley, “el Suntracs ha decidido transgredir los límites de la ley y atentar contra la paz social”, acusando al sindicato de “paros ilegales y actos que han afectado obras públicas”, programas sociales y el libre tránsito de los ciudadanos.
“Estas acciones han vulnerado el derecho a la educación y han perjudicado especialmente a jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que dependen de programas públicos de empleo e intermediación laboral”, sostuvo.
La funcionaria advirtió que el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha sido “tolerante” y ha priorizado el diálogo, y que no permitirá se utilice la libertad sindical como “escudo” para propiciar el “caos y la inestabilidad democrática”. Añadió que el Estado ha iniciado procesos legales contra líderes del Suntracs, no por motivos sindicales, sino por “delitos comunes” relacionados con los disturbios.
En paralelo, Soberón destacó los “avances” del país en modernización del mercado laboral, incluyendo la transformación de la bolsa de empleo con inteligencia artificial, la creación de más de 8.400 oportunidades laborales mediante intermediación con el sector privado, y la puesta en marcha de programas como Mi Primer Empleo y Aula Talento sin Barreras, enfocados en jóvenes y personas con discapacidad.
Acciones del Gobierno
Desde el presente año, la administración Mulino dijo que “reduciría” el Suntracs a su mínima expresión, luego de registrarse protestas contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social.
Durante la administración anterior, el exmandatario Laurentino Cortizo había ordenado el cierre de las cuentas del sindicato en los bancos estatales. Mulino las reabrió, aunque posteriormente fueron anuladas, así como el cierre de una cooperativa asociada.
El Ministerio Público imputó cargos contra 83 miembros del Suntracs por los supuestos delitos contra la alteración del orden público, daños a bienes estatales y lesiones a agentes policiales en enfrentamientos el pasado el 12 de febrero en el Hospital del Niño.
Además, se ordenó la detención provisional del dirigente Genaro López el pasado 5 de junio, lo que resultó en su arresto domiciliario, el uso de un brazalete electrónico y la prohibición de salida del país.
Los cargos imputados en su contra fueron por los supuestos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad y asociación ilícita.
Por otro lado, el pasado 21 de mayo, Saúl Méndez ingresó oficialmente a la Embajada de Bolivia en Ciudad de Panamá, solicitando asilo político.
La acción responde a las crecientes investigaciones judiciales contra él y otros dirigentes del Suntracs, en medio de una tensión aguda con el gobierno de Mulino.
El Suntracs denuncia que enfrenta una “persecución política” por parte del gobierno.
El pasado 2 de junio se conoció que Panamá fue incluido en la lista corta de los 24 países “más violadores de la libertad sindical”.
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