Fallo a favor del diputado Arias trae a debate la necesidad de cambios en los juicios especiales

La absolución de Arquesio Arias de los cuatro cargos de delitos sexuales cometidos contra dos mujeres en la comarca Guna Yala, ha traído nuevamente al debate la necesidad de cambiar las reglas de los juicios especiales instruidos bajo el Sistema Penal Acusatorio (SPA), un procedimiento bajo el cual ningún diputado ha sido condenado.

El proceso seguido al diputado de la gobernante bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) dejó en evidencia una violación al principio de igualdad ante la ley.

“Al establecerse juicios especiales, que otorguen privilegios a diputados, magistrados y presidentes, los procesos penales se convierten en políticos y la decisión dependerá de la manipulación política, violando el principio de independencia judicial”, afirmó Carlos Lee, abogado y miembro de la Comisión de Estado por la Justicia.

Lee considera que es urgente poner fin a los privilegios y modificar el Código de Procedimiento Penal, que en su artículo 495 establece que las decisiones que tome el pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las causas seguidas a un diputado serán adoptadas por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. Pero la sentencia que resuelva el fondo de la investigación será adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte, es decir, 6 votos de los 9 magistrados.

En 3 de los 4 delitos que se le habían imputado al diputado de la República de Panamá, el pleno de la Corte Suprema de Justicia no encontró suficientes elementos de prueba de la teoría del fiscal Olmedo Arrocha.

Los nueves jueces decidieron por unanimidad (9-0) absolverlo de las causas de violación carnal contra una mayor y una menor de edad. El diputado también fue hallado no culpable de los delitos de actos libidinosos contra una mayor de edad.

La decisión que mayor polémica ha generado es la que asumió el máximo tribunal de justicia por el supuesto delito de actos libidinosos contra una menor de edad, en donde el diputado fue hallado no culpable después de no alcanzarse los 6 votos requeridos para una condena.

Los magistrados María Eugenia López, Carlos Vásquez y los suplentes Otilda Vergara de Valderrama y Miguel Espino, nombrados por el presidente Laurentino Cortizo, son cuatro de los magistrados que reconocían que el diputado merecía una condena. A ellos se sumó el voto del magistrado Luis Ramón Fábrega.

Mientras que los magistrados José Ayú Prado, Hernán De León, Ángela Russo y Cecilio Cedalise votaron en contra de la condena. Así lo dieron a conocer dos fuentes de entero crédito, que están vinculadas a la administración de justicia.

En ese sentido, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que el estado de inocencia de una persona no se afecta por la cantidad de votos faltantes para condenarlo.

Araúz es otro de los que aboga por cambios en el sistema de justicia procesal penal.

En su análisis concluye en que el juicio establece defectos del sistema procesal, que no han querido ser atendidos. “Este momento de convulsión social debe orientar a acciones concretas y aportar soluciones a un sistema que está plagado de obstáculos, deficiencias y defectos con los juicios especiales”, agregó Araúz.

Entre las imperfecciones que señala el gremialista está la imposibilidad de impugnar la decisión del supremo tribunal de justicia por ser un proceso de única instancia. A esto añade el vacío existente entre la imputación y la acusación, la denominada prueba idónea –al momento de interponer una denuncia contra un diputado– y la votación que es distinta al resto de los procesos comunes que sigue la Corte.

“Tengo que razonar en que (los magistrados) han actuado conforme a lo que establecen las reglas... El reproche es a las reglas del sistema”, agregó. A juicio de Araúz, existe un mecanismo que no garantiza un acceso real a la justicia y cualesquiera que entre a un sistema defectuoso tiene la posibilidad de salir perjudicado.

El fallo retrata las deficiencias en el sistema procesal, dijo Ernesto Cedeño, quien recalca la necesidad de crear un ente independiente para investigar a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y, además, un ente imparcial, que pueda llevar a feliz término una causa, en donde haya conflicto de intereses.

“Este tipo de causa debe llamar a la reflexión de que es necesario modificar nuestro sistema procesal para establecer uno de igualdad y de alguna u otra manera terminar, cuando fuera el caso, en una reforma constitucional puntual para que se establezca un sistema procesal que pueda llevar a la justicia a cualquier cantidad de investigados con la certeza de castigo”, advirtió Cedeño.

Por su parte, Roberto Moreno Obando, abogado y exfiscal, es de la opinión que la mayoría calificada, es decir, las dos terceras partes de los votos de los magistrados que se requieren en un proceso contra un diputado, dificulta que se alcance un veredicto de culpabilidad. “Hace más difícil que se rompa ese estado de inocencia”, admite.

El exfiscal, además, considera inapropiado que la Corte juzgue e investigue. Según el abogado, la estructura de la Corte no está diseñada para investigar, sino para decidir dentro de una causa.

“Pienso que no tiene los recursos enfocados a un ente investigativo. Por allí, el proceso que se lleva ante la Corte cojea. La función natural de investigación la debe ejercer el ente encargado de hacerlo que es la Procuraduría General de la Nación. Eso debería subsanarse” en una reforma, plantea.

El sistema de investigación y juzgamiento de diputados y magistrados es uno de los temas propuestos para reformar en una futura asamblea constituyente. “Si el juzgamiento es recíproco limita la posibilidad de un juicio imparcial”, explicó Juan Manuel Castulovich, en una entrevista que ofreció a La Estrella de Panamá.