El Fondo Monetario Internacional contra la mujer panameña

De acuerdo con un comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI), fechado el 23 de julio del presente año, una misión de este organismo que visitó nuestro país ese mismo mes recomendó que Panamá debería “reforzar su agenda de reformas estructurales, en particular en los temas de educación, seguridad social y servicios públicos”.

Para valorar esta proposición para el caso de la seguridad social, es necesario precisar que otra misión del FMI, que trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas, planteó una serie de reformas al Programa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). Entre estas, en primer lugar, se destaca la que propone elevar la edad de jubilación primero, en un relativamente corto plazo, a 65 años, para luego, paulatinamente según los proponentes, llevarla hasta 70 años. Esta medida afectaría a toda la población, pero especialmente a las mujeres, ya que según los funcionarios del FMI la edad de jubilación de estas debería equipararse con la de los hombres.

Dado que las mujeres hoy pueden pensionarse a los 57 años, las mismas, en un corto plazo, se verían forzadas a trabajar ocho años más para lograr este derecho. Más aún, en algún momento, cuando la edad de jubilación se eleve a 70 años, los años de trabajo adicional se elevarían a trece. Este, desgraciadamente, no es el único impacto de la propuesta fondomonetarista.

En efecto, mientras que actualmente el salario que sirve de base al cálculo de la pensión básica es el promedio de los 10 mejores años, el FMI propone que en el futuro sean los 25 mejores años, con lo que este promedio se reduciría al introducir en el cálculo 15 años de salarios más bajos. Más aún, de acuerdo a esta propuesta se debería terminar por utilizar el promedio de los salarios de toda la vida laboral. Esto afecta más duramente a la mujer, dado que si alguien debe pasar algunos años fuera del mercado de trabajo por alguna necesidad del hogar es, generalmente, la mujer. El impacto de la medida se agrava si se tiene en cuenta que también se intenta modificar el cálculo de las pensiones, de manera que una persona que trabaje durante 25 años, apenas recibiría una pensión equivalente al 52.5% del promedio salarial de los mismos. Esto contrasta con el hecho de que actualmente la pensión de base es el 60% de los 10 mejores años.

En una economía natural, en que todo ocurre dentro el hogar, tanto la producción de bienes como los servicios que atienden a la familia se hacen en ese espacio. En las sociedades mercantiles, tal como lo señala Tithi Bhattacharya, existe una diferencia entre la esfera de la producción mercantil y la esfera de la reproducción de la fuerza de trabajo.

En la esfera de la producción mercantil el trabajador vende su fuerza de trabajo para que quien la compre produzca mercancías con una ganancia. En esta esfera el trabajo se remunera con un salario.

Sin embargo, la fuerza de trabajo, como en cualquier sociedad precisa de estar disponible para la producción de manera continua, esto significa que la misma debe reconstituirse y reproducirse permanentemente en el tiempo, a fin de estar disponible en el mercado laboral. En el tipo de economía en que vivimos este proceso se genera, al menos en gran medida fuera de la esfera de la producción mercantil. Una parte se hace en instituciones públicas, como lo son las escuelas oficiales y el sistema de salud estatal y de la seguridad social. Otra parte muy importante se hace dentro de los hogares, donde se generan los diversos cuidados que hacen posible que el trabajador asalariado esté disponible en el mercado laboral. Esta labor, que se ha venido a llamar trabajo reproductivo, abarca tareas tales como la preparación de los alimentos, el aseo y el cuidado de los niños, los enfermos y los adultos mayores. Se trata, tal como lo afirma Margaret Berson, pionera del análisis de este elemento, de “una producción socialmente necesaria”.

Existen dos importantes diferencias entre el trabajo productivo de mercancías y el trabajo reproductivo dentro del hogar. La primera se refiere al hecho conocido que el primero de estos trabajos es remunerado, mientras que el segundo no lo es. La segunda está dada por el hecho de que la mayor parte del trabajo reproductivo es realizado por las mujeres, por el que no hay remuneración alguna. Es bueno agregar que, por lo general, la mujer trabajadora realiza un doble trabajo, uno en la esfera mercantil y otro en la esfera del hogar. De acuerdo a Margaret Berson, una mujer casada con hijos pequeños podría dedicar entre 70 y 80 horas semanales al trabajo reproductivo.

La situación en Panamá se puede ilustrar utilizando datos de la última encuesta sobre el uso del tiempo. A partir de esta se puede concluir que las mujeres panameñas en edad de trabajar laboran en promedio 54 horas semanales sin remuneración en las tareas de generar cuidados dentro del hogar, 60.0% más que las aportadas por los hombres.

Es así que la propuesta del FMI solo destruiría uno de los pocos reconocimientos que tiene la mujer por el importante trabajo reproductivo que realiza.

Además de lo hasta aquí planteado, de concretarse las políticas que el FMI pretende imponer a la estructura del programa de IVM, se estaría profundizado una inequidad de género ya existente.

En nuestro sistema de pensiones contributivas, pese a su contenido relativamente solidario, las pensiones dependen básicamente de la participación efectiva en el empleo asalariado. El sesgo de género se aclara cuando se tiene en cuenta que, de acuerdo a datos proporcionados por la CEPAL, durante el 2017 las mujeres solo representaron el 39.0% de los cotizantes activos de la CSS. Esta misma fuente, por otra parte, destaca cómo la desigualdad de género en la vida laboral se manifiesta en una diferencia al nivel de las pensiones es así que, en lo concreto, las que reciben las mujeres alcanzan a tan solo el 63.8% de las que obtienen los hombres.

Es necesario, entonces, concluir que las propuestas del FMI simplemente pretenden imponer un sacrificio a la población panameña y, dentro de esta, principalmente a las mujeres, a fin de asegurar los intereses del capital financiero internacional, el cual necesita que los fondos públicos, incluyendo los que provienen de la renta del Canal de Panamá, se utilicen para mantener el statu quo y asegurar el servicio de la deuda externa.

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