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Gobierno impulsa expansión penitenciaria con proyectos que superan los $257 millones
- 04/06/2026 00:00
La licitación de un nuevo centro de rehabilitación en Las Garzas se suma a una cárcel para provincias centrales y a un penal de máxima seguridad bajo el modelo APP
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Agrega La Estrella en Google ↗️La construcción de nuevas cárceles volvió a colocarse entre las prioridades del Gobierno.
Mientras las autoridades avanzan en la estructuración de un centro penitenciario de máxima seguridad bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) y preparan la licitación de una nueva cárcel para las provincias centrales valorada en $172 millones, el Ministerio de Gobierno inició un acto público por $85 millones para desarrollar un Centro de Resarcimiento y Rehabilitación en Las Garzas, provincia de Panamá.
En conjunto, los tres proyectos representan inversiones que superan los $257 millones y configuran la mayor expansión de infraestructura penitenciaria impulsada por el Estado panameño en años.
La apuesta surge en un momento complejo para el sistema carcelario. La sobrepoblación, el hacinamiento, la limitada capacidad para desarrollar programas de rehabilitación y la reciente fuga de 195 privados de libertad de La Joyita han vuelto a exponer las debilidades de una estructura penitenciaria que arrastra problemas históricos.
El proyecto de Las Garzas
La licitación, lanzada el pasado 29 de mayo, contempla el desarrollo integral de una instalación con capacidad para albergar a 2,500 personas privadas de libertad. El proyecto se ubicará frente al complejo penitenciario conformado por La Joya, La Joyita y Nueva Joya, en el sector este de la capital.
Las propuestas podrán presentarse hasta el próximo 14 de julio y el contrato incluye el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la obra bajo una modalidad global.
De acuerdo con los documentos de la licitación, el nuevo centro surge como respuesta a los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario panameño, particularmente en el complejo de Las Garzas, donde se concentra una parte importante de la población privada de libertad del país.
El Ministerio de Gobierno sostiene que las instalaciones existentes fueron concebidas bajo un modelo centrado en la custodia y el encierro, mientras que los programas de rehabilitación y resocialización quedaron relegados a un segundo plano.
Por ello, el nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación busca ofrecer una alternativa enfocada en la preparación de las personas privadas de libertad para su retorno a la sociedad.
“Ante este escenario, se hace necesaria la creación de un nuevo centro especializado en resarcimiento y reinserción social, con un diseño moderno y funcional que priorice la rehabilitación integral de las personas preliberadas”, señala el pliego de cargos.
La propuesta contempla dormitorios organizados en recámaras, áreas de estudio, talleres productivos, espacios deportivos, programas culturales y acompañamiento terapéutico para facilitar la reintegración social de los internos.
El objetivo es atender a personas privadas de libertad que se encuentren en fases avanzadas de cumplimiento de condena y prepararlas para su retorno a la comunidad mediante herramientas académicas, laborales y sociales que faciliten su reintegración.
La reciente fuga registrada en La Joyita también volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan las autoridades para administrar una de las mayores concentraciones de población penitenciaria del país. Según informó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, el penal alberga cerca de 4,800 personas privadas de libertad y la búsqueda de los evadidos requirió el despliegue de más de 1,200 unidades de los estamentos de seguridad.
Las autoridades también advierten sobre la falta de infraestructura especializada para atender la etapa de transición entre la privación de libertad y la reinserción social.
De acuerdo con el diagnóstico incluido en la licitación, muchos internos culminan sus condenas sin contar con suficiente capacitación laboral, oportunidades de formación o programas de acompañamiento que faciliten su reincorporación a la sociedad, una situación que puede aumentar los riesgos de reincidencia.
Por esta razón, el nuevo Centro de Resarcimiento y Rehabilitación se concibe como un espacio complementario a los centros penitenciarios existentes, con énfasis en la formación integral y el fortalecimiento de capacidades para la vida en libertad.
La cárcel de máxima seguridad
Paralelamente, el Gobierno avanza en el desarrollo de un Centro Penitenciario de Máxima Seguridad mediante el modelo APP.
A finales de mayo, el Ente Rector de las APP autorizó continuar con la siguiente fase de análisis y estructuración del proyecto.
El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, explicó que la instalación tendría capacidad para unas 2,000 personas privadas de libertad y destacó que el esquema APP permitirá incorporar mantenimiento y operación de largo plazo dentro del contrato.
Las autoridades consideran que esta nueva infraestructura contribuirá a mejorar la clasificación de los internos y reforzar los controles de seguridad.
Provincias centrales espera su propia cárcel
La tercera pieza del plan gubernamental es la futura cárcel de provincias centrales.
El proyecto, estimado en $172 millones, se construirá en Divisa, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para unos 2,500 privados de libertad procedentes de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó recientemente en la Comisión de Presupuesto que el pliego de cargos se encuentra en fase final de preparación.
La obra busca reducir los traslados de privados de libertad hacia Panamá y acercar a los reclusos del interior del país a sus familias.
También contempla áreas productivas y modelos de autosostenibilidad inspirados en experiencias desarrolladas dentro del sistema penitenciario.
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