Justicia, la gran ausente en la tragedia del 8B-06

PANAMÁ. Hace cuatro años Ernestina Sucre, madre de Doricela Bonilla, disfrutó del último arroz con pollo hecho por su hija en el día de su cumpleaños.

‘Mamá te voy a hacer el arroz con pollo (22 de octubre), porque quizás sea el último que pueda hacerte’, le dijo textualmente Doricela a su madre, al parecer, vaticinando la desgracia.

Desde entonces, es el recuerdo más dulce que tiene la familia Bonilla. Lo demás, para ellos y para el resto de los familiares de las víctimas, tiene un sabor amargo que llevarán por siempre.

La tragedia, que hoy cumple su cuarto aniversario, ha levantado posiciones encontradas con respecto al tipo de apoyo ofrecido por el Estado y en medio de un clamor generalizado: ‘!Queremos justicia¡’.

PRONUNCIAMIENTOS

La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto en un sólo año 8 de las 14 demandas que presentaron los abogados de las víctimas para el pago de indemnizaciones. En los fallos se exime al Estado, a través de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y al Banco Nacional, de la responsabilidad del accidente y se negó tajantemente el pago de 25 millones de dólares a los familiares de los desaparecidos.

Víctor Martínez, uno de los abogados de las víctimas, es un convencido de que los próximos fallos correrán la misma suerte que los anteriores. Para el legista, esta jurisprudencia se convertirá en la evidencia más fuerte para presentar estos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carlos Gavilanes, otro de los abogados del llamado Movimiento 23 de Octubre, tiene claro que en Panamá no encontrarán la respuesta esperada, por lo que anuncia que en enero próximo acudirán ante instancias internacionales. Gavilanes y el resto de los abogados abrigan otras esperanzas, también fuera de la jurisdicción panameña: El fallo que emita la Corte de Kansas, donde se tiene una demanda civil y otra penal contra la empresa Northcutt, distribuidora del gas refrigerante HC-12A, el supuesto causante de la tragedia del 8B-06.

CONTRADICCIÓN

Mientras se desarrollan los procesos en contra del Estado panameño y la empresa productora del gas en Estados Unidos, la distribuidora local del refrigerante —la empresa Mamut, S.A.— explicó a La Estrella que existen aún asuntos por deslindar, como quién vendió el gas que apareció en la investigación, un elemento que las autoridades optaron por ignorar.

RECLAMOS

El Movimiento 23 de Octubre reconoce que la actual administración le ha dado algún tipo de respuesta material; no obstante, lo que buscan es el castigo de los verdaderos responsables, que ellos identifican como el grupo F Icaza (distribuidores de los buses de la marca Hino), el Banco Nacional (entidad que los financió) y la ATTT (responsable del tránsito).

Dayra Fábrega, de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia, explicó que dentro de la agenda del gobierno no se contemplan subsidios para las familias de los infortunados pasajeros, pero sí el apoyo material ‘en lo que sea necesario’. Explicó que tienen un programa de atención médica en Estados Unidos para los sobrevivientes Lidia Atencio y Luis Contreras. Ambos ya fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas y próximamente volverán para someterse a otra cirugía en las áreas afectadas por el incendio.

Con motivo de este apoyo directo a los lesionados, el grupo se dividió y las disputas ya saltan a la vista. Luis Contreras denunció que es acusado de utilizar como ‘banderín’ la muerte de 18 personas para beneficiarse directamente del Estado. Contreras y Atencio acordaron no participar de los actos de hoy para conmemorar la fecha.

David Ramírez, líder del movimiento, lamentó la decisión adoptada por dos de los supervivientes, sostiene que no existe tal inconformidad por parte del movimiento.

Para este cuarto aniversario, los familiares se volverán a concentrar en La Cresta para guardar un minuto de silencio a las 2:42 de la tarde en memoria de los fallecidos.