Barría acusa a "Hora Cero" y a "El País" por tergiversar la verdad
- 25/05/2010 02:00
Un nuevo protagonista hizo su entrada triunfal este martes para abordar el tema de las fuertes denuncias que ha hecho el diario tico digital El País en contra de Panamá y nuestro presidente Ricardo Martinelli. Se trata del director del Registro Público y ex suplente a diputado, Luis Barría, quien en el programa Encontremos Soluciones acusó al medio costarricense y al medio también digital de Panamá, Hora Cero, por manipular la verdad.
Barría, copias en mano, explicó cómo el 13 de marzo de 2008 en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, Honduras fueron detenidos con dos millones de dólares en efectivo los panameños Víctor Joel Beitía Martínez y Salvador Enrique Mathews, quienes luego recibieron una condena de 15 años de prisión cada uno, de parte del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por el delito de lavado de dinero.
El hoy funcionario, en compañía del diputado panameñista Alcibiades Vásquez Velásquez, acudió en representación del país para atender a los compatriotas, tal y como lo recoge la edición del 2 de agosto de 2008 del diario El Heraldo de Honduras.
La publicación hondureña se hacía eco de la visita de miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Diputados de Panamá al país con el propósito de conocer las intimidades del juicio que se le realizaba a Martínez y Mathews. Afirmaba además que junto a los diputados viajaban algunos familiares de los detenidos.
No obstante, y según relató Barría, el diario digital de Panamá, “Hora Cero”, en una publicación del 27 de noviembre de 2009, tergiversó la información que había aparecido un año antes en El Heraldo, cuestionando qué hacía el actual presidente de la Asamblea Nacional, José Luis “Popy” Varela, en un juicio por lavado de dinero en Honduras, lo que para el funcionario fue temerario de su parte.
Barría negó que Varela les acompañara en ese viaje y que, como se dijo en la página web del Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESO), que el día que fue detenido el primo del Presidente en México, él fuera el responsable de la caída por 5 días del sitio del Registro Público, debido a que se estaban retirando los registros de las empresas donde aparecía Martinelli Corro como dignatario o donde aparecían Martinelli Berrocal y su primo como suscriptores.
Barría denunció que fue esa información tendenciosa publicada por Hora Cero la que recogió El País, “por eso es que Martinelli tiene razón al decir que la noticia es sembrada”.
El diario digital de Costa Rica sigue tergiversando la realidad, añpadió, por eso se mostró sorprendido de que Pedro Miguel González diga que ellos “tumbaron la página web”, mezclando el incidente técnico con la visita a Honduras y con el tema del primo del Presidente, tres temas que no se relacionan.
Agregó que desde 2007 ha dado la cara y, junto a otros miembros del Parlamenteo, ha denunciado cómo en su momento la administración del presidente Martín Torrijos, “por ignorancia, por cobardía” o por no entender cómo se aplicaba el acuerdo Salas-Becker, dejó desprotegidos a todos los panameños capturados a bordo de barcos con bandera panameña y que fueron juzgados en países extranjeros.
“Con el respaldo de Pedro Miguel González, presidente de la Asamblea en aquel momento, noticia recogida por EL SIGLO DIGITAL de aquel año, se inició un periplo por diferentes países para defender a esos panameños”. Él no estaba mirando de qué delitos se trataba, sólo estaba buscando protección para los compatriotas que según el acuerdo Salas-Becker, debían ser juzgados en suelo patrio.
El acuerdo suscrito entre Panamá y Estados Unidos, como expresa EL SIGLO, tenía como fin patrullar conjuntamente las aguas panameñas y sobrevolar el espacio aéreo para perseguir naves sospechosas de narcotráfico. Fue firmado el 5 de febrero de 2002, y 10 días después publicado en Gaceta Oficial, pero no fue sometido al trámite de aprobación correspondiente a los convenios internacionales, como lo establece la Constitución Política de Panamá. Es decir, este convenio no fue ratificado por la Asamblea Nacional de Diputados y aún así las autoridades lo aplican, de allí que González en 2008 presentara una demanda de inconstitucionalidad.