Operadores del metrobús decidirán hoy su "suerte"

La nacionalización del metrobús, el negocio de $140 millones anuales en subsidios, es ahora más una idea turbia que una solución clara: mientras el gobierno congela el anuncio de la millonaria transacción, los operadores han decidido rebelarse contra las cláusulas de la compra, que, según ellos, no responden a los intereses locales ni a los de los trabajadores de Mi Bus.

Si bien el (ya poderoso) Sindicato de Trabajadores de la Empresa Transporte Masivo aseguró que no habrá paro de labores este lunes —cuando 850 mil estudiantes empezarán el año escolar—, rechazó la propuesta del gobierno de dialogar sobre los $12.6 millones que se estableció como monto de compensación luego de que el Estado se haga con el negocio del transporte de la capital.

Valentín Jaén, asesor legal de los trabajadores, sostiene que no habrá careo con las autoridades hasta tanto los auditores del sindicato no establezcan de manera independiente una cifra de indemnización. ‘Y es más —insistió ante un aforo de operadores— que $12.6 millones’.

De todos modos, el Gobierno confirmó este domingo que la Comisión Presidencial de Transporte esperaría a las dos de la tarde a los choferes, para ‘aclarar cualquier inquietud respecto al cumplimiento de lo pactado (la garantía de que habría indemnización)’.

‘Mañana después de las dos de la tarde decidiremos nuestra suerte’, voceó Jaén.

POLÉMICA JUDICIALIZADA

La discusión sobre la compra del metrobús se crispará esta semana, cuando se espera que el Ejecutivo revele los términos del acuerdo con los accionistas de la operadora de buses (negociación que, según la oposición política y expertos, rondaría los $400 millones), decisión adoptada en octubre del año pasado, cuando una huelga de trabajadores desnudó la ineficiencia del sistema.

‘Hemos cumplido a cabalidad con las exigencias laborales del sindicato de Mi Bus’, sostiene el ministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles.

Pero los operadores piensan distinto. En una reunión extraordinaria en plena plaza de Villa Guadalupe, en San Miguelito, insistían en que las autoridades ‘incumplieron’ con una supuesta promesa de incorporarlos a la mesa de negociación para la salida de Mi Bus, para discutir su indemnización.

‘El presidente le está faltando el respeto a los trabajadores, a los usuarios y al pueblo entero’, alegaba el secretario general del sindicato, Antenor Guadamuz, quien pedía a sus compañeros calmar sus ánimos para ‘no caer en provocaciones’ políticas.

En ese sentido, el sindicato aseguró que existe un plan para ‘desestabilizarlo’. Jaén advirtió de un proceso que lleva el Primer Juzgado Laboral por una impugnación que presentó la directiva del ‘sindicato amarillo’, creado en 2011, contra la actual junta laboral. ‘Sabemos que circula un fallo que admite la nulidad’, agregó.

Los operadores aprobaron entonces una ‘hoja de ruta’ para contrarrestar lo que creen un intento de ‘descabezarlos’. Esta, explicó Guadamuz, consiste en exponer su ‘problema’ ante una serie de organizaciones nacionales. ‘Ya hemos venido teniendo reuniones’, agregó en el encuentro, que el Mitradel fiscalizó. (Lea: ‘No hay más paro. Vamos a pelear inteligentemente’)

LA PROPUESTA OFICIAL

La idea del Gobierno es que todos los trabajadores reciban la compensación (en promedio $2,819 por cada uno) y quien desee, se reincorpore a la compañía después de su estatización.

Fuera de los números, el abogado Víctor Martínez ha estado planteando la necesidad de que, tal como ocurrió con ICA, Pycsa y los corredores Norte y Sur, Mi Bus salde a sus trabajadores, para que cuando la empresa pase a ser pública no deba el Estado asumir costes laborales que no le corresponden.

En ese sentido, según el Mitradel, el Estado sólo garantizará ese pago, aunque no es taxativo con el dato sobre quién pagará. Guadamuz asegura que el ministro Carles les informó que sería la empresa, todavía privada. El desembolso se haría efectivo un mes después del cierre de la transacción que aspira a poner punto final a la crisis de movilización de la capital.