Iglesia media en Bocas y la Asamblea interviene; Mulino descarta diálogo por Ley 462

La Iglesia católica aceptó asumir un rol mediador en la crisis que enfrenta la provincia de Bocas del Toro, en medio de las protestas nacionales contra la Ley 462 que reforma la Caja de Seguro Social (CSS).

El presidente José Raúl Mulino confirmó la inclusión de la Iglesia en un acercamiento con los trabajadores bananeros que se mantienen en huelga contra la reforma desde el pasado 28 de abril.

Durante su conferencia semanal, Mulino dijo que se reunió con el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y que este último aceptó entregar la carta del mandatario al Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana). Información que horas después fue confirmada por la Arquidiócesis de Panamá, que en comunicado reiteró su “disposición histórica” de ser “puente de diálogo” en contextos de conflicto.

Mulino detalló que la carta está dirigida a Francisco Smith, secretario general de sindicato. Esta recogería parte de lo conversado por sus ministros y los bananeros en relación a la Ley 45 que norma las prestaciones sociales del sector.

“Es ponerle al señor [Smith] el compromiso mío, que una vez que suspendan los tranques de calles en Bocas, presentaré el proyecto de ley sobre el régimen bananero a la Asamblea, a fin de que sea tratada”, declaró Mulino.

Sitraibana reclama que la Ley 462 vulneró puntos clave de la Ley 45, entre ellos la edad de jubilación y algunas prerrogativas que tenían ver con las prestaciones especiales para los bananeros, comprometiendo el subsidio por enfermedad, tema de la invalidez relacionada con sus labores específicas, así como el salario base utilizado para calcular la pensión de vejez y lo relacionado con los retiros anticipados.

La Asamblea Nacional suspendió sus sesiones ordinarias el 30 de abril, lo que le impide discutir cualquier propuesta de ley sin que sean incluidas en las sesiones extraordinarias, que fueron convocadas para tratar exclusivamente el tema del interés preferencial y aprobar nombramientos de funcionarios.

Solo el Ejecutivo está facultado para convocar a los diputados para sesiones extraordinarias, lo cual coloca en Mulino la llave para tratar cualquier normativa hasta el próximo 1 de julio, cuando se instala la primera legislatura del segundo primer periodo ordinario en el Legislativo.

“Yo espero por algunas conversaciones que he tenido con la presidenta de la Asamblea [Dana Castañeda] y de otros diputados, que de presentarse esta ley, tendrá trámite expedito”, dijo el mandatario.

Igual que en las últimas seis semanas de crisis, Mulino fue tajante al condicionar, nuevamente, cualquier convocatoria de sesiones extraordinarias y la discusión de la Ley 45, a que el sindicato levante los cierres en la provincia.

Dos días antes del anuncio del presidente, este recibió en el Palacio de las Garzas a los diputados de la bancada del gobernante partido Realizando Metas, en la que estuvo la diputada Castañeda y se habló sobre la situación en Bocas del Toro.

Al siguiente día, Castañeda respondió a una carta enviada por Smith el pasado 30 de mayo, en la que expresaba su “disposición” de revisar la Ley 45.

“Le manifestamos que de nuestra parte cuentan con toda la disposición y el tiempo que sea necesario para discutir y aprobar la nueva ley que garantice los derechos a los trabajadores bananeros”, dice la presidenta del Legislativo en un documento al que tuvo acceso La Estrella de Panamá y en el que aparece la firma de representantes de todos los jefes de bancada.

En la nota, aunque con un tono más conciliador que Mulino, piden al sindicato levantar los cierres y extienden una invitación al gremio para reunirse con la junta directiva ampliada de la Asamblea. Una reunión que, de acuerdo con fuentes legislativas, podría ser el próximo lunes y que sería la primera vez, desde que estalló el conflicto, que el Legislativo toma un rol para salir de la crisis.

Este medio habló con el líder de Sitraibana, quien confirmó que Ulloa se puso en contacto con ellos y que recibió la invitación de Castañeda.

Smith aclaró que los bananeros han establecido aperturas “parciales” sin que la provincia esté totalmente aislada. “Nosotros estamos abiertos a conversar y al diálogo, ya que la situación es muy compleja”, indicó el dirigente sindical, aclarando que no está contemplado levantar el paro hasta que no se llegue a un acuerdo.

Confirmó que las aperturas parciales serían en un horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

“Podría ser una apertura, pero no levantar totalmente”, recalcó. Además, subrayó que dicha decisión dependerá de lo que se acuerde con las bases del sindicato.

Ante la pregunta de los periodistas sobre si este marco de mediación podría ser una puerta para discutir la Ley 462, detonante principal de las protestas que tienen lugar en todo el país, incluyendo las comarcas, Mulino fue lapidario: “No hay diálogo nacional ni provincial ni ninguno”.

Al respecto, Smith aclaró que los sectores en protesta en Bocas del Toro se oponen también a la Ley 462 y adelantó que “quizás” la apertura con la Ley 45 podría permitir algún tipo de acercamiento con el resto de los grupos en protesta para propiciar ese espacio de diálogo en torno a la Ley 462.

“El Gobierno reconoció que la ley bananera fue afectada y lo hemos demostrado. Este es el momento para entrar y conversar, no se puede derogar la Ley 462, pero podemos modificar algunos artículos que nos están afectando. Creo que es una puerta que sería sana tocarla en la Asamblea”, sostuvo el sindicalista.

Smith, al igual que otros dirigentes docentes, indígenas y obreros, enfrenta procesos judiciales ligados a la huelga y cierre de vías, surgidos en medio de las manifestaciones que cumplen ya 46 días consecutivos, desde que los gremios magisteriales arrancaran un paro el 23 de abril.

Empresarios piden una solución urgente a la crisis, mientras hablan de “millones de dólares” en pérdidas por los cierres.

Abogados de derechos humanos han denunciado excesivo uso de la fuerza y abusos por parte de la Policía Nacional, lo que ha dejado cientos de heridos, detenidos y denuncias sobre el “uso de la justicia” para amedrentar a quienes protestan. Al mismo tiempo, el Gobierno denuncia “vandalismo” y “violencia” en las manifestaeciones basadas en “mentiras” sobre la ley.

Organizaciones populares alegan que la Ley 462 permite “privatizar” la CSS, rechazan el modelo de cuentas individuales en favor de un sistema reparto definido -solidario-. A lo anterior se suma el reclamo contra el memorándum de entendimiento con Estados Unidos, que consideran permite tropas extranjeras y lesiona la soberanía.