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Productores exigen hacer cumplir la ley ante importación de 30,000 quintales de cebolla
- 30/06/2026 12:48
La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) exhortó a las autoridades competentes a ejercer sus funciones con firmeza y objetividad para hacer cumplir la ley, ante el ingreso de aproximadamente 30,000 quintales de cebolla importada al país, programado para entregarla al gremio del 1 al 31 de julio.
El gremio explicó que este volumen tiene el propósito de complementar la oferta nacional y contribuir al abastecimiento del mercado para satisfacer la demanda de los consumidores. No obstante, la organización aclaró que la necesidad de esta importación no justifica, bajo ninguna circunstancia, el ingreso de un producto que incumpla los estándares de calidad establecidos en el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 52-2017.
Este reglamento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de calidad que debe cumplir la cebolla (Allium cepa L.) de la familia Alliaceae, para su consumo en estado fresco y su comercialización en el país.
”La norma es de obligatorio cumplimiento tanto para la cebolla nacional como para la cebolla importada”, afirmó la ACPTA en un comunicado.
Antecedentes en el mercado
La asociación fundamentó su solicitud al recordar que en años anteriores se presentaron casos en los que algunos agentes económicos importaron cebolla cuya condición real no correspondía con la documentación presentada.
Aunque documentalmente se pretendió justificar su ingreso, el rápido deterioro del producto una vez comercializado evidenció el incumplimiento de la normativa vigente. Según el gremio, estas situaciones afectan la competencia leal y representan un riesgo para la salud de los consumidores.
Posición de los productores
La ACPTA confirmó que se mantendrá vigilante para que el reglamento técnico se aplique de manera estricta y sin excepciones, tanto para el producto nacional como para el importado.
El comunicado concluye reiterando que complementar la oferta mediante importaciones es una medida válida cuando las condiciones del mercado lo requieren; sin embargo, los consumidores panameños tienen derecho a recibir un producto seguro, de calidad y conforme a la ley, independientemente de su origen.