La SIP advierte sobre presiones y restricciones a la libertad de prensa en Panamá

El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala dificultades de acceso a fuentes oficiales, denuncias sobre la distribución de la publicidad estatal y proyectos legislativos que podrían limitar el ejercicio del periodismo en Panamá. También documenta demandas millonarias contra medios de comunicación y periodistas, amenazas y mecanismos de vigilancia sobre organizaciones sociales como parte de una serie de situaciones que generan preocupación por el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

La distribución de la publicidad oficial constituye uno de los puntos centrales del informe de libertad de prensa este año. Los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá han denunciado un bloqueo del Gobierno central en la asignación de publicidad estatal y sostienen que la mayor parte de esos recursos se dirige a medios con líneas editoriales más afines a la administración.

La SIP planteó que la falta de transparencia en la distribución de la pauta publicitaria estatal puede comprometer las condiciones de equidad entre los medios y abrir espacio al uso de recursos públicos como mecanismo de presión o influencia sobre las líneas editoriales.

El documento también aborda la situación de Editora Panamá América, S.A., en medio de las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de la empresa y la situación de su propietario, el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra en Colombia bajo la condición de asilado político. La SIP señala que no existe suficiente claridad pública sobre la estructura jurídica y corporativa bajo la cual operan actualmente esos medios, quién ejerce su control efectivo y en qué condiciones reciben o contratan publicidad estatal.

En el ámbito legislativo, el informe identifica varias iniciativas que, según las preocupaciones expresadas por gremios periodísticos, podrían afectar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.

Una de ellas es la reforma al Código Electoral, que se discute en la Asamblea Nacional de cara a las elecciones de 2029. El proyecto mantiene vigente el artículo 539, que contempla sanciones de prisión por la denominada ‘manipulación masiva’ en medios digitales. La SIP advirtió en tal sentido que la ambigüedad de esta disposición podría permitir interpretaciones subjetivas sobre conceptos como noticias falsas o desinformación, con posibles efectos inhibitorios sobre el periodismo y el debate público.

También se cuestiona un proyecto de ley sobre el derecho de réplica, aprobado en primer debate, que convertiría este principio en un mecanismo sujeto a sanción judicial. Aunque la iniciativa regresó a primer debate, el informe señala que no ha sido retirada por su proponente.

A estas preocupaciones se suma el Anteproyecto de Ley 51, que propone modificar el Código Penal en materia de delitos contra el honor e incorporar sanciones relacionadas con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial. Los gremios periodísticos reconocen los riesgos asociados a los deepfakes y la suplantación digital, pero advierten sobre la necesidad de evitar que las disposiciones puedan utilizarse para restringir la crítica o la fiscalización de funcionarios públicos.

El frente judicial ocupa un lugar destacado en el documento. La SIP advierte que la posibilidad de ordenar el secuestro de activos de medios de comunicación y periodistas en procesos civiles por calumnia e injuria, incluso antes de la etapa probatoria, puede comprometer su estabilidad económica y afectar el ejercicio del periodismo.

Uno de los casos señalados es el de Corporación La Prensa, que enfrenta 12 procesos judiciales, entre demandas civiles y penales, con reclamaciones económicas que ascienden en conjunto a aproximadamente $12.5 millones.

El informe también recoge la situación de una demanda civil por $5 millones presentada en 2012 por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. En segunda instancia, un tribunal revocó el fallo favorable a Corprensa y condenó al medio a pagar $5.000 por daño moral. La decisión se encuentra en apelación ante la Corte Suprema de Justicia, después de que la sentencia de primera instancia aplicara el principio de ‘real malicia’ para exonerar al medio.

Entre los procesos pendientes figuran una querella del expresidente Ricardo Martinelli contra Corprensa y el periodista Rolando Rodríguez, acompañada de una reclamación civil de $1 millón; una demanda de $2.5 millones presentada por el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson; y una demanda de un millón de dólares interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción contra La Estrella de Panamá y dos de sus periodistas.

El documento también recoge seis querellas presentadas por la exfuncionaria Odila Castillo, con reclamaciones que sumaban $6 millones. Cuatro expedientes fueron archivados por falta de pruebas, uno fue reabierto y otro permanece sujeto a discusión judicial sobre su reapertura.

Otro caso es el de la periodista Sabrina Bacal, quien enfrenta una querella penal por calumnia e injuria presentada por los empresarios Roberto y Ramón Carretero Napolitano. En marzo de 2026, una jueza de garantías revocó una medida que le prohibía informar o publicar sobre las actividades de ambos empresarios. Sin embargo, el proceso penal continúa.

El informe añade que permanece suspendido desde 1999 un proceso penal contra el periodista peruano Gustavo Gorriti por supuesta calumnia e injuria, junto con una orden de aprehensión que se activaría en caso de que ingrese al territorio panameño.

La SIP también documentó episodios de confrontación pública contra medios y periodistas en el país. Entre ellos figura el acoso sufrido por la cuenta de Instagram de La Estrella de Panamá, que consistió en la denuncia de publicaciones en esta red por usuarios alegando presuntas infracciones de derechos de autor. Según el informe, los mecanismos de reporte de las plataformas digitales pueden restringir la circulación de contenidos periodísticos en redes sociales y afectar su visibilidad.

En el documento también figura la respuesta de la Embajada de Rusia en Panamá a la investigación del diario La Prensa titulada ‘Dante en Ucrania’, sobre un panameño incorporado a las fuerzas rusas. La representación diplomática calificó la publicación con expresiones descalificadoras y cuestionó los estándares periodísticos del diario.

En materia de seguridad, el reporte recogió las amenazas de agresión física que la exdiputada Katleen Levy dirigió contra la periodista Flor Mizrachi durante una emisión de su pódcast, como represalia por una cobertura periodística. La SIP considera que este tipo de declaraciones contribuye a normalizar la intimidación y las agresiones como mecanismos de respuesta al trabajo informativo.

El documento también hace referencia a un informe publicado en septiembre sobre la utilización de agentes de la Policía Nacional en labores encubiertas dentro de organizaciones sindicales, ambientales y campesinas, incluido el seguimiento de algunos de sus dirigentes. La Policía reconoció el uso de agentes encubiertos, aunque sostuvo que las operaciones estaban orientadas a preservar el orden y la seguridad nacional.

La SIP plantea que estas prácticas generan interrogantes sobre su fundamento legal, proporcionalidad y mecanismos de control, especialmente por el posible efecto inhibitorio que la vigilancia puede tener sobre las libertades de expresión, asociación y reunión, así como sobre la protección de las fuentes periodísticas.