‘Las auditorías no son un capricho ni una persecución’, la defensa del Contralor Flores a sus investigaciones

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este lunes, el contralor general de la República, Anel Flores, salió al paso de los cuestionamientos sobre la labor fiscalizadora de la institución y defendió la validez y rigurosidad legal de los procesos de auditoría impulsados bajo su administración.

Flores presentó las cifras alcanzadas por la institución al cierre del primer semestre del año, informando que al 31 de julio de 2026 se han realizado 841 auditorías.

De este total, 601 informes han sido remitidos al Ministerio Público (MP) para el inicio o complementación de investigaciones judiciales, mientras que otras 510 auditorías continúan en proceso general, de las cuales 50 están actualmente en ejecución.

Respecto a las auditorías de carácter forense, el contralor precisó que en 2025 se ejecutaron 33 y se entregaron 29, mientras que en lo que va de 2026 se han realizado 25 y entregado 22, quedando entre 8 y 9 expedientes pendientes de culminación.

El contralor explicó las limitaciones legales que enfrenta la Contraloría al investigar casos de alto perfil —categorizados así cuando involucran a funcionarios con mando y jurisdicción que reflejan un cambio injustificado en su estilo de vida tras dejar el cargo.

“Lo que está pasando con las auditorías, especialmente las de alto perfil, es que nosotros solo podemos investigar al funcionario público. Vimos que muchos utilizaron testaferros, como esposas y familiares, y la facultad legal de la Contraloría no me permite auditar a personas que no sean servidoras públicas”, aclaró Flores.

Pese a estas limitaciones, el contralor reveló que los procesos de fiscalización y las acciones emprendidas hasta la fecha han permitido la cautelación de $50 millones.

En su exposición, Flores abordó las investigaciones vinculadas a la Autoridad de Descentralización (AD), las cuales derivaron en acciones legales contra diversos representantes de corregimiento al inicio de la actual gestión gubernamental.

Al realizar las ampliaciones correspondientes, la Contraloría constató que muchas de las inconsistencias imputadas inicialmente a las autoridades locales no obedecían a actos dolosos, sino a procedimientos directos efectuados por la propia AD sin consultar previamente con el órgano fiscalizador.

“En esa gran mayoría de ampliaciones encontramos que muchas de las incorrecciones que aparentemente existían las había hecho la Autoridad de Descentralización directo, sin consultarlo con la Contraloría, creando un perjuicio a esos hombres y mujeres que son los representantes de corregimientos”, sostuvo.

Flores detalló que gran parte de estos expedientes han sido subsanados tras comprobarse que las faltas respondían a indisciplina administrativa, desconocimiento o la imposibilidad de acceder a documentación contable cuando el representante saliente perdía la elección frente a un rival político.

“Muchas de las auditorías fueron correcciones donde se pudo constatar que no hubo dolo ni lesión patrimonial”, enfatizó.

El contralor remarcó que la labor de la institución se ajusta estrictamente al marco legal y desestimó que exista persecución o discrecionalidad en las investigaciones.

“No le puedo decir el estatus de las 601 auditorías entregadas al Ministerio Público, pero lo que sí le puedo decir es que las auditorías no son un capricho; se hacen dentro de lo que marca la ley. Esto no se trata de buscarle la quinta pata al gato a nadie o actuar en perjuicio de alguien. Lo que se encuentra es lo que es, y se manda de esa manera al MP. Lo que no tiene sustento, tendrá que ir al MP a dar su descargo”, concluyó.