Contralor anuncia freno a la compra de vehículos oficiales salvo casos de urgencia nacional

El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que se busca detener la compra de vehículos para las instituciones públicas, salvo aquellas adquisiciones que respondan a situaciones de urgencia nacional o a necesidades justificadas por las funciones de cada entidad.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Flores explicó que el propósito de la medida es limitar la adquisición de automóviles nuevos durante la vigencia fiscal de 2027, aunque reconoció que deberán establecerse excepciones dependiendo de las responsabilidades institucionales.

“Lo que estamos haciendo es detener la compra de vehículos, a menos que sea de urgencia nacional”, manifestó el contralor durante la discusión del Presupuesto General del Estado para 2027.

Flores indicó que el Estado mantiene aproximadamente 32,000 vehículos en circulación y estimó que alrededor de 5,000 unidades podrían encontrarse fuera de servicio, abandonadas o convertidas en chatarra.

El contralor cuestionó que automóviles relativamente nuevos permanezcan durante meses en los patios de las instituciones debido a desperfectos menores que no son atendidos oportunamente.

“Eso es lo que ve el ciudadano cuando pasa por los diferentes patios: carros que relativamente están nuevos y porque les falló una batería o cualquier otra cosa quedan convertidos en chatarra”, sostuvo.

Según explicó, las demoras administrativas para comprar una batería, reemplazar un alternador o reparar otra pieza pueden provocar un deterioro progresivo del vehículo.

Cuando finalmente se completa el trámite, añadió, la unidad puede haber perdido otras piezas o presentar daños adicionales, lo que complica y encarece su recuperación.

Ante esta situación, Flores planteó analizar si el alquiler de vehículos con seguro y mantenimiento incluido podría resultar más eficiente para determinadas instituciones.

Aclaró que la aplicación de esta modalidad requeriría un estudio financiero y técnico para establecer qué entidades necesitan vehículos, qué funcionarios deben tener acceso a ellos y qué categoría corresponde según las funciones desempeñadas.

Como ejemplo, señaló que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) podría requerir camionetas pick-up de doble cabina debido a que sus funcionarios deben movilizarse hacia zonas rurales y terrenos de difícil acceso.

En contraste, otras entidades, como el Ministerio de Cultura, podrían cumplir sus funciones con automóviles de una categoría distinta y menos costosa.

“Hay que categorizar por gama y por institución”, afirmó Flores, quien sostuvo que también debe determinarse cuáles vehículos serán de uso común y qué cargos realmente justifican una unidad asignada.

El contralor utilizó el caso de la Policía Nacional para explicar los posibles beneficios de contratar un servicio de alquiler que garantice la disponibilidad permanente de la flota.

“Si necesito 100 vehículos de patrullaje, necesito 100 carros todos los días. ¿Para qué quiero 100 dañados?”, cuestionó.

Flores argumentó que un contrato de arrendamiento con mantenimiento incluido permitiría exigir al proveedor la sustitución o reparación de las unidades, evitando que la institución dependa de talleres estatales inexistentes o de extensos procesos burocráticos.

No obstante, advirtió que la decisión no puede adoptarse sin comparar previamente los costos de compra, mantenimiento, seguro y alquiler. También cuestionó los precios disponibles mediante convenios marco, al señalar que algunos productos pueden terminar adquiriéndose a valores superiores a los existentes en el mercado.

La propuesta deberá ser desarrollada mediante un estudio que determine si el arrendamiento genera ahorros para el Estado y establezca límites según la naturaleza de cada institución.

Porque miles de unidades estatales permanecen fuera de servicio por daños menores y la entidad considera necesario evaluar alternativas como el alquiler con mantenimiento incluido.