Ley que crea Coiba prohíbe su ocupación, alcaldes se organizan para protestar

Alcaldes de la provincia de Veraguas se reunieron este martes 16 de junio y comunicaron su inconformidad con la presencia de privados de libertad dentro del Parque Nacional Coiba. Citan la legislación que crea el parque, su plan de manejo, los compromisos internacionales adquiridos por Panamá y la paz social de sus comunidades.

La Ley 44, que crea el Parque Nacional Coiba les da la razón. Su artículo 5 prohíbe expresamente efectuar actividades que no sean conservar y proteger los ecosistemas, brindar oportunidades para las investigaciones científicas, proporcionar facilidades para ecoturismo, conservar sitios y estructuras culturales y garantizar la pesca artesanal.

No solo eso, detalla específicamente que se prohíbe la ocupación humana, exceptuando solo la administración del Parque, el desarrollo de estudios científicos y facilidades ecoturísticas.

En su punto 3 detalla que se prohíbe la construcción de infraestructuras de alto impacto, ni de bajo impacto que no sean para los fines mencionados anteriormente. Es sobre este punto que respondió el Ministerio de Ambiente, refutando que se vayan a construir nuevas infraestructuras.

Pero las instalaciones penitenciarias de Coiba tienen décadas de antigüedad, las celdas más nuevas datan de los años 90’s. Desde el 2004, hace 22 años, no se utiliza como cárcel.

En otras palabras, o se depende de estructuras viejas para mantener recluidos a prisioneros que han sido calificados como “de alta peligrosidad”, o se hacen trabajos de adecuación, en posible violación de la Ley 44.

La situación en Coiba es de interés para las autoridades locales veragüenses. Buena parte de la economía local depende del ecoturismo a Coiba, una actividad cuyo futuro ahora parece ser incierto.

“Manifestamos rotundamente nuestra oposición a la posible reapertura temporal del Centro Penitenciario en la Isla de Coiba planteada por el Ministerio de Gobierno y Justicia”, señalaron a través de un comunicado. “La citada Ley no se limita únicamente a la creación del área protegida, sino que consagra un régimen estrictamente restringido en el cual el interés ambiental priva sobre cualquier uso o aprovechamiento del territorio, por tnato excluye actividades intensivas o incompatibles con los fines de protección y obliga al estado a implementar instrumentos técnicos de gestión, entre ellos el Plan de Manejo. Tal condición implica que el estado panameño ha asumido obligaciones internacionales vinculantes, incumplimientos que pueden comprometer la responsabilidad internacional de la República de Panamá”, añaden.

Para los líderes municipales, la presencia de privados de libertad en Coiba puede “dar al traste” los esfuerzos hechos por las comunidades en la zona de amortiguamiento que impulsan el desarrollo local con el turismo sostenible y la pesca artesanal. Además, advierten que se afectaría la paz social y la tranquilidad de estas comunidades.

“Como miembros del Concejo Directivo, estaremos planteando nuestra inconformidad formalmente en la reuinión que se estará desarrollando el miércoles 17 de junio en la Ciudad de Panamá y se estarán coordinando acciones inmediatas para poder frenar esta decisión”, concluye la misiva.

La presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, Itzel Rodríguez, estima que en temporada alta unas 200 personas visitan al día el Parque Nacional Coiba. Ella, así cómo otros comerciantes y representantes del sector privado en Veraguas han manifestado que se mantienen a oscuras sobre los planes futuros, si la presencia de los privados de libertad será temporal o permanente, o cómo afectará la actividad turística.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Aurelio Barría, se pronunció sobre el tema durante un encuentro con medios de comunicación este martes.

“La realidad es que vemos que el gobierno y el Ministerio de Seguridad está atendiendo una coyuntura crítica actual. De los que se fugaron, creo que estos son los más sensitivos, los más peligrosos, y es una manera digamos que temporal”, justificó el líder del gremio empresarial. “Hasta donde entendemos se está tomando esa medida para poder aislarlos y trabajar los correctivos de raíz que necesita el sistema penitenciario hacer para poder evitar este tipo de situaciones hacia adelante”, acotó.

La isla de Coiba empezó a ser utilizada como colonia penal en 1920. Su ubicación remota, y la reputación que adquirió de abusos, tratos crueles, fugas e incluso muertes la mantuvo alejada del ojo público por décadas.

Narciso Bastidas, mejor conocido como Mali Mali, estuvo 13 años y 8 meses recluido allí. Lo aprehendieron en 1986, durante la dictadura militar por un cargo de homicidio que asegura nunca fue verdad. En esa época, Coiba tenía 23 campamentos de reclusos, con unas 30 personas en cada uno. Es decir, había más de 600 presos en la isla.

”Al que se portaba mal le daban palo”, recuerda Mali Mali.

Con la caída de los militares en 1989, la administración pasó de los militares a las fuerzas civiles del nuevo gobierno. En 1991 fue declarada Parque Nacional.

Aún mientras seguía operando como cárcel, se empezaron a hacer trabajos de investigación ambiental y académica.

Mali Mali fue llamado por su amplio conocimiento del lugar a servir de acompañante a grupos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y otro académicos. Recibió libertad condicional y con el tiempo se convirtió en asistente de investigación, luego incluso en guardaparques con la organización Ancon y actualmente trabaja para el Ministerio de Ambiente. Para él, Coiba pasó de ser su cárcel a ser un tesoro que debe ser protegido.

“Hay que protegerla porqué es un sitio único en el mundo. Hay muchas especies endémicas que solamente existen allí. Mucha flora y fauna. Es un santuario, hay ecosistemas prístinos, intocables”, declaró.

Sin comentar directamente sobre las decisiones de la actual administración, Mali Mali enfatizó que la mejor forma de proteger la isla es con la legislación que ya existe, la Ley 44 de 2004 y el plan de manejo.

El Plan de Manejo de Coiba fue aprobado en 2009 y estipula qué actividades se pueden realizar dentro del Parque Nacional, las instituciones que tienen competencia y los mecanismos para su administración. En teoría, debe ser revisado cada 5 años, pero se ha pospuesto en múltiples ocasiones y actualmente se mantiene vigente una versión antigua del plan.

La Ley 44 también crea el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba. En su artículo 19 establece que estará conformado por los alcaldes de Montijo, Soná, Río de Jesús, Las Palmas y Mariato, así como representantes de la Cámara de Comercio de Veraguas, el sector pesquero artesanal, deportivo, industrial y exportador, el rector de la Universidad de Panamá, un representante de las Organizaciones No Gubernamentales ambientalistas panameñas, el ministro de Ambiente, el ministro de Gobierno, el administrador de la Autoridad de Turismo, el secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá.

La autoridad sobre el Parque Nacional Coiba recae sobre el Ministerio de Ambiente, pero es este consejo el que deberá aprobar el plan de manejo, vigilar su cumplimiento. Y precisamente se reunirán este miércoles en Ciudad de Panamá para discutir el tema.

Hasta el momento, las autoridades no han aclarado puntos como por cuánto tiempo se mantendrán los reclusos en la isla.

La Ley 44 incluso tiene ramificaciones internacionales. La Unesco había rechazado inicialmente la solicitud de Panamá de añadir a Coiba a la lista de Patrimonio de la Humanidad, pero en su informe posterior destaca que la Ley 44 fue fundamental en su decisión de añadirlo en 2005.