Líderes indígenas piden a las autoridades aclarar incidente con pobladores del territorio de Takargunyala

Autoridades tradicionales durante una Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), realizada en Santiago de Veraguas, pidieron a las autoridades de gobierno, a los operadores de justicia y a organismos de derechos humanos que se aclaren los hechos ocurridos con unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y pobladores del territorio de Takargunyala, en la región fronteriza Panamá-Colombia.

En tal sentido, Luciano Díaz, cacique del Territorio Ancestral de Takargunyala, relató que el pasado 27 de noviembre un batallón de Senafront quemó la casa cultural de Púcuru, la cual era compartida con los gunas de la comunidad de Arquia y Nuevo Caimán de la frontera Colombiana.

Explicó que el 1 de diciembre, debido a esta acción, un grupo de gunas de Panamá y Colombia decidieron reunirse en Púcuru para restaurar la casa cultural quemada, respondiendo a una necesidad cultural y religiosa.

Sostuvo el Cacique Díaz que ese 1 de diciembre el grupo de gunas proveniente de Aquia, Colombia, fueron interceptados por un grupo de Senafront fuertemente armados y "obligaron a los gunas a tirarse al suelo, los trataron como delincuentes y los acusaron de tráfico internacional de personas".

"Una unidad de Senafront disparó a mansalva contra uno de los gunas que se mantiene en estado crítico en el Hospital Santo Tomás y ocho de ellos fueron detenidos y están recluidos en la Mega Joya y la Joyita, cuya audiencia fuera del debido proceso será este jueves", denunció el cacique Díaz.

Recalcó que el paso de los indígenas gunas de Colombia a Panamá y viceversa es ancestral y está protegido por el derecho internacional y la legislación de ambos países, por lo que advirtió que este caso irá a la comisión de derechos humanos.

"Aquí hay un abuso de autoridad del Senafront con actuaciones irregulares, y el gobierno quiere tapar todo eso con denuncias infundadas de tráfico internacional de personas y otros delitos que no han podido comprobar", argumentó el cacique de Takargunyala.

Los siete pueblos originarios y las 12 estructuras de congresos y consejos miembros de COONAPIP respaldaron al pueblo de Takargunyala y exigen justicia ante la gravedad de estos hechos denunciados y advierten que se mantienen en estado de alerta.

"Solicitamos medidas cautelares para los líderes indígenas gunas de ambos países ante las represalias por parte de Senafront", concluyeron las autoridades de COONAPIP.