Los fantasmas de Operación Pandora, oficinas vacías y aprehensiones pendientes

Oficinas fantasmas y vínculos faltantes. La trama de la Operación Pandora y los millones de dólares en créditos fiscales de la Dirección General de Ingresos (DGI) está aún lejos de resolverse.

Durante el acto en el que se imputaron cargos de corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada contra José Miguel Jurado Rovira, la Fiscalía contó como al llegar a inspeccionar la oficina dónde supuestamente se encontraba la empresa Servicios de Asesoría y Administración Jurado (SAAJ) en Avenida Balboa, se encontraron con un espacio vacío, dónde los propios conserjes del edificio no recordaban ver a personal. Al revisar, se dieron cuenta que el alquiler se pagaba en plazos de 6 meses.

Jurado Rovira era directivo en 2 sociedades claves de Operación Pandora: Servicios de Asesoría y Administración Jurado, e Inmobiliaria Riverside. Ambas fueron beneficiadas con más de 20 millones de dólares en créditos fiscales, y a las cuentas personales de Jurado Rovira habrían entrado al menos 2.3 millones de dólares, de acuerdo al Ministerio Público.

Al imputar a Jurado Rovira, los fiscales lo incluyeron en un listado de varios miembros de una presunta organización criminal que operaba en múltiples niveles. Varias personas mencionadas aún no han sido aprehendidas, cuyos nombres se mantienen en reserva para no interferir con las diligencias legales. Hasta el momento hay 17 personas imputadas, pero se estima que la cifra podría aumentar eventualmente hasta 20 o más personas.

Entre los presuntos miembros hay personas que ya han sido imputadas y se mantienen bajo detención provisional como Cira Marín, directiva de la sociedad Bonay Holding International que traspaso 8 millones de dólares en créditos fiscales a sociedades de Jurado Rovira. También se encuentra Karen Pittí, que representaba a la sociedad Master Eco Green, la que además de triangular 7 millones de dólares de créditos fiscales con la sociedad Servicios de Asesoría y Administración Jurado, firmó contratos de cesión de crédito millonarios con el banco BAC International.

Por el momento en la lista imputados no aparece ningún miembro del banco, que recibió el 93% de los créditos fiscales. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía habría desembolsado millones de dólares por la compra de estos créditos a través de contratos firmados entre personas imputadas en la causa y representantes del banco. La cifra total de cuánto habrían pagado en dinero real a las sociedades involucradas aún no ha sido confirmada.

BAC ha emitido comunicados y respondido cuestionarios de este medio de comunicación afirmando que cumplieron con la debida diligencia, resaltando que no recibieron dinero en efectivo y que los créditos que compraron aparecían oficialmente certificados en el sistema de la Dirección General de Ingresos (DGI).

“La adquisición de créditos fiscales para el pago futuro de impuestos es un instrumento financiero plenamente legal y utilizado por múltiples empresas del país. Es importante aclarar que, al utilizar este mecanismo, BAC nunca recibió dinero del Estado por dichos créditos”, señala la entidad bancaria en el comunicado. “Las investigaciones señalan que el origen de esta situación radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-tax para darle validez a créditos fiscales, los cuales BAC, como cualquier otra empresa, compró con el objetivo de pagar posteriormente sus impuestos, toda vez que los créditos aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI”, concluye.

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió también un comunicado refiriéndose al tema.

“La SBP informa al público que mantiene una supervisión constante sobre todas las entidades bancarias que operan en la plaza, con el objetivo de preservar la estabilidad financiera del Centro Bancario Internacional (CBI)”, detalla el comunicado. Añade que los índices de liquidez legal y solvencia de BAC International exceden los requerimientos mínimos regulatorios y cumplen con los parámetros establecidos en la Ley Bancaria de Panamá.