Los puertos de Panamá Ports serán licitados por separados

El presidente José Raúl Mulino dejó claro este 5 de febrero que Panamá no repetirá el esquema de concesionar dos puertos a una misma empresa, al pronunciarse sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de Panama Port Company (PPC).

Durante su conferencia de prensa, Mulino defendió la independencia judicial, rechazó presiones internacionales y confirmó que, tras un período de transición, el Estado redefinirá el modelo de administración portuaria con concesiones separadas.

Mulino respondió a pronunciamientos provenientes de Hong Kong, recordando que, aunque se trate de una región administrativa especial de China, la comunicación diplomática con Panamá se realiza a través de Beijing y la Cancillería. “A diferencia de otros sistemas, el Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia”, afirmó, subrayando la diferencia entre una economía dirigida por un partido único y la institucionalidad democrática panameña. La decisión de la Corte —dijo— es “única, definitiva y final”, y debía acatarse cualquiera que hubiera sido su sentido.

El mandatario insistió en que el tránsito desde los puertos hoy operados por PPC hacia un control estatal transitorio es delicado pero ordenado. “Hoy los puertos operan igual que hace dos semanas. No ha pasado nada ni va a pasar”, aseguró. Ese período comenzará una vez el fallo quede ejecutoriado, conforme a la Constitución y la ley. Solo entonces, explicó, se evaluará el nuevo esquema de concesiones, con una regla clara: no habrá una empresa con dos puertos.

Mulino rechazó versiones de hostigamiento a la concesionaria y sostuvo que el Gobierno mantuvo conversaciones “respetuosas y francas” durante un año, con escenarios previamente analizados.

Reconoció que PPC —o su conglomerado— tiene derecho a acudir a arbitraje internacional, pero enfatizó que Panamá también tiene derecho a defender su posición. “Aquí no hubo improvisación”, reiteró, al afirmar que existe una estrategia diseñada con antelación para garantizar continuidad operativa y confianza del mercado naviero.

El presidente explicó además la selección de Maersk como operador durante la transición: es el principal usuario del puerto de Balboa y una empresa global con experiencia suficiente para asumir el reto temporal, mientras el Estado decide el modelo definitivo. “Seremos soberanos en los puertos, bajo otro esquema”, puntualizó, descartando que el país se deje “amenazar por ningún Estado”.

El análisis del sector: oportunidades y vacíos regulatorios

Desde el sector marítimo, Rommel Troetsch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá y experto portuario, valoró que licitar puertos por separado puede generar mayores ingresos y competencia, pero advirtió que el rediseño exige definiciones regulatorias claras. Panamá —recordó— ha operado con un modelo híbrido: concesiones de una y de dos terminales, según cómo se licitaron originalmente.

Troetsch explicó que nada impediría que un operador que ya tiene un puerto participe en otra licitación y termine administrando dos terminales, una en el Atlántico y otra en el Pacífico. El problema surge si se empaquetan dos puertos en una sola concesión, pues eso limitaría la competencia o concentraría excesivamente el mercado. “No existe una ley antimonopolio específica para puertos”, apuntó, por lo que, si se pretende limitar el número de terminales por operador, habría que legislar.

El experto subrayó una tendencia global: las navieras buscan sistemas integrados —un puerto en el Atlántico y otro en el Pacífico— conectados por carretera o ferrocarril, el llamado “canal seco”. Panamá, afirmó, es el único país de América Latina capaz de ofrecer de manera eficiente esa combinación. Restringirla podría afectar la logística; permitirla, con reglas claras, potenciaría la competitividad.

Troetsch también aclaró que la transición aún no ha iniciado formalmente y que el mercado espera definiciones clave: qué ocurrirá con los equipos portuarios móviles (grúas, maquinaria), que no forman parte de la infraestructura fija transferida al Estado por el fallo. Esa pieza —dijo— es central para evitar cuellos de botella cuando el Estado asuma el control temporal.

En cuanto al arbitraje, consideró que Panamá debe sostener una defensa jurídica sólida sin erosionar la confianza de navieras y operadores. La previsibilidad —concluyó— será tan importante como la soberanía: reglas claras, plazos definidos y un marco que incentive inversión, eficiencia y neutralidad comercial.

En conjunto, el mensaje presidencial y la lectura del sector convergen en un punto: Panamá avanza hacia un nuevo orden portuario, con separación de concesiones, transición controlada y una discusión pendiente sobre regulación y límites a la concentración. El desafío será ejecutar la estrategia sin sobresaltos, preservando la reputación del país como hub logístico confiable.