Residentes de Coco del Mar son demandados por $5 millones

Miembros de la Asociación de Residentes de Coco del Mar y Viña del Mar, en el corregimiento de San Francisco, quienes en 2015 denunciaron anomalías en el proyecto de construcción Wind Rose de la empresa G.S. del Mar, S.A., del Grupo Suárez, se presentaron ayer ante el Juzgado Quinto de lo Civil, ya que, fueron demandados por $5 millones por dicha constructora.

Eduardo Guevara C, abogado de los miembros de la asociación de residentes, señaló que éstos fueron condenados a pagar esta suma millonaria por el simple hecho de haber ejercido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)  sus derechos fundamentales de acción en defensa del ambiente y urbanidad del país.

Guevara alega que la inquietud empezó cuando los moradores de esta comunidad presentaron una demanda contencioso-administrativa, ante la CSJ a fin de que se declarara nulo e ilegal el permiso de construcción emitido en su momento por el Municipio de Panamá.

Sin embargo, en marzo 2016, la Sala Tercera de la CSJ desestimó la demanda de los residentes alegando que no tenía forma, sin antes haber analizado el fondo, explicó Catia Rojas, miembro de la Asociación de Residentes de Coco del Mar.

“Esta forma de hostigamiento judicial contra defensores de Derechos Humanos han sido denunciadas sistemáticamente a nivel nacional e internacional como una forma de intimidación, disminución y limitación de la participación ciudadana, derecho que tiene la sociedad democrática en defensa de los Derechos Humanos”, detalló Guevara durante el encuentro.

Guevara agregó que el Estado panameño se encuentra comprometido a nivel nacional e internacional garantizar la protección de los defensores de los Derechos Humanos de cualquier injerencia en el libre ejercicio de sus derechos.

¿Por qué una demanda?

El representante legal de la empresa constructora, Juan Manuel Suárez, declaró en su momento que la demanda civil busca el resarcimiento de los daños y perjuicios a más de 500 familias que perdieron su sustento por más de seis meses, ya que, el proyecto Wind Rose fue detenido producto de las falsedades señaladas en la demanda presentada por  la Asociación de Residentes en julio de 2015.

Ileana Molo, de la Red de Derechos Humanos afirma, que, mientras se aclare el caso, le darán seguimiento al tema con el fin de que se establezca como Ley de la República un Sistema Nacional de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos a fin de que no se siga criminalizando los derechos de los residentes ambientalistas. “El hecho fue presentado ante la Comisión de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington el año pasado, y, este año en Uruguay, durante una audiencia temática con el fin  dar un alto al hostigando a los defensores de los derechos humanos”, dijo Molo.