‘El país ya no aguanta más; necesitamos una tregua’

La presidenta del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Maritza Cedeño, conversó con La Estrella de Panamá sobre el derecho a la protesta, las denuncias de represión, los acuerdos entre Panamá con Estados y el camino a un diálogo nacional.

Tenemos una comisión especializada que se llama Defensa de la Profesión. Nosotros lo que hemos podido observar son temas en redes sociales donde abogados se han puesto a decir que no se les está dando el derecho a la defensa, que no se está cumpliendo con el debido proceso y demás. Pero entonces cuando los llamas y les dices “díganos en qué consiste esa violación y presente la queja correspondiente al colegio y el colegio actúa”. Pues entonces ahí el abogado no lo quiere hacer.

Violación al debido proceso no significa que el juez tiene que fallar a tu favor. Nosotros no estamos instituidos para cuestionar la decisión de un juez. Eso lo tiene que hacer el abogado en su alegato y para eso existen las instancias correspondientes.

Me llamó la atención que abogados que vimos en las redes reclamando también renunciaron a una apelación que tenían del señor Caballero (dirigente del Suntracs). Es una decisión del abogado no acudir a la instancia superior para ver si logra las medidas cautelares que en un momento dado la ley establece. Esas situaciones escapan del Colegio de Abogados.

Yo he sido muy crítica del tema de los procesos mediáticos. Una cosa es la información que ustedes como periodista siempre pueden lograr y creo que el Ministerio Público hasta hace declaraciones y demás de los procesos.

Sin embargo, ¿Quién escoge cuáles son los procesos que son mediáticos? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para eso? Eso es un mensaje del Órgano Judicial porque los procesos se llevan a cabo en el Órgano Judicial. Entonces alguien está diciendo cuáles y cuáles no.

Es más, dentro de los códigos de ética de la abogacía existe falta de la ética que ambos abogados lleven sus procesos a los medios de comunicación.

Ese tipo de situaciones no son correctas porque al final el proceso o el juez se puede ver coaccionado en un momento dado por la publicidad y debe ser una persona que tiene que cumplir estrictamente lo que es ley, que tiene que tener una imparcialidad y debe ser objetivo y cumplir los principios de legalidad, objetividad y debido proceso.

Tenemos que saber que existe el proceso penal, exige equilibrio, prudencia, respeto a la presunción de inocencia. En los medios se deteriora el valor de los tribunales, la serenidad del juez, la estricta legalidad.

Hay abogados que demandaron ante la Corte Suprema de Justicia artículos que hablaban sobre el profesional. O sea, hay vías jurídicas que existen para demandar los artículos que uno en un momento dado considera que violan algunos derechos. Pero eso no se está haciendo, solamente han sido pocos.

Creo que no solo debemos hablar del tema de la Caja de Seguro Social. Yo creo que el país necesita un diálogo y está en un momento de hablar de más temas. De adónde queremos ir, qué queremos hacer.

Hay gremios de enfermeras, gremios de educadores, el sindicato de la construcción, estudiantes de la Universidad de Panamá y demás, diciendo que quieren una derogación de una ley porque les afecta. Pero todavía yo no he escuchado en qué les afecta. Tampoco he escuchado al gobierno a dar una explicación correcta de qué es. Ese es el diálogo al que tenemos que llegar.

Estamos en un hueco en este momento que como país no podemos seguir. Nosotros no somos un país productor de todo. Somos un país que requerimos mucha inversión extranjera también. No es el mejor mensaje que estamos dando en este momento de manera internacional, porque ningún inversionista quiere ir donde no encuentra seguridad jurídica y que no pueda avanzar con su inversión.

El derecho mío termina adonde yo vulnero el derecho de otros. Nosotros no podemos estar de acuerdo con los cierres de calles porque nosotros estamos vulnerando el derecho a otras personas que estén o no estén de acuerdo con tu lucha.

En materia laboral hay unos señalamientos muy específicos, cuáles son las causales por las cuales los sindicatos, por ejemplo, pueden llegar a hacer una huelga. Una cosa es una protesta y otra cosa es una huelga.

Los juzgados tienen que determinar cuál es la causal que ellos están utilizando para declarar una huelga y el juez va a determinar si es legal o es ilegal. Entonces eso va a depender del sindicato y va a depender de las convenciones que ellos tengan en un momento dado.

No quisiera ni siquiera opinar si es legal, a mí personalmente me parece que es totalmente ilegal, pero no nos toca a nosotros determinarlo porque depende del sindicato y tienen sus reglas que cumplir.

Una huelga siempre trae consecuencias, independientemente si es legal o ilegal. Una huelga de la construcción, por decirte algo, paraliza las obras, una huelga bananera paraliza una cosecha, la huelga de los educadores paraliza la educación. La huelga siempre trae una consecuencia que no es positiva. Es por eso que nosotros en ese tipo de situaciones siempre nos vamos por el diálogo.

La fuerza pública tiene una metodología de reprimir una manifestación en un momento dado. Apenas tú vulneras el derecho de los demás, están llamados constitucionalmente a la Policía Nacional a hacer esa apertura que tiene que hacer. El colegio no puede decir si es abusiva, porque en una red social o en un video la policía tiró bombas, por decirte algo. No sabemos si antes de ver ese video ha habido una conversación con los manifestantes para decirle abra la calle, por favor.

Cuando a esas personas se les detiene y son representadas por abogados, porque todos han tenido su abogado, esos son los abogados que nosotros como colegio nos hemos acercado. En redes dicen que no los dejan atender a sus clientes y demás. Y nuestra comisión los ha llamado para para verificar qué es lo que está pasando. Y entonces el abogado me dice “no, ya yo lo pude atender”.

Tienen que presentarnos una queja de manera formal, pero entonces ya no quieren la formalidad y nosotros tenemos que ser formales porque no podemos iniciar un proceso hacia la Policía Nacional, por ejemplo, sin tener las pruebas correspondientes a un momento dado. En el caso de los allanamientos, siempre está el fiscal, pero el fiscal no es el primero que entra al lugar. Primero entra la Policía Nacional, así son todos los allanamientos. El fiscal no va armado. El que tiene el derecho, el que tiene las armas, es la policía. Hemos verificado, hemos llamado al Ministerio Público, hemos conversado con el procurador y todos los allanamientos han sido cumpliendo estrictamente la normativa y nos los han manifestado. Y hemos mandado nuestros abogados, los que ven defensa de la profesión, a verificar y han sido de esa manera. Entonces no puedo juzgar. No podemos nosotros decirle a la policía cómo hacer su trabajo. Obviamente eso no quiere decir que nosotros no estemos vigilantes, de que no se den los abusos.

¿Qué cree que tiene que pasar para que se logre un diálogo y un consenso nacional?

Yo creo que nosotros tenemos que llevar nuestra conciencia como ciudadanos panameños. Y dar confianza a quienes de un momento dado podemos utilizar los mecanismos para dialogar. Por eso es que nosotros exhortamos a todos los sectores. Yo creo que tenemos que dejar de un lado esa medición de fuerza que está pasando en este momento, porque si no, no vamos a llegar a un punto de encuentro jamás. El país no aguanta más. Nosotros, desde que pasó la pandemia, hemos venido tropiezo tras tropiezo. La única vía que tenemos en este momento es la confianza para evitar que esta crisis que estamos viviendo en este momento se profundice. Exhortamos a la buena fe de no solo el pueblo panameño, sino de las autoridades que nos gobiernan. Tenemos que tener una tregua.

Yo como abogada puedo decir que Panamá ha firmado acuerdos con los Estados Unidos por muchísimos años. Nosotros como país hemos recibido mucha ayuda de los Estados Unidos por muchísimos años. Yo creo que ha sido una falta de comunicación de en qué consisten los acuerdos como tal. Lo que pasa es que nosotros, como panameños, no todo el mundo sabe todas las ayudas, por lo menos en justicia.

Nosotros siempre hemos tenido esa esa firma de memorándum de entendimiento, porque siempre hay que establecer las reglas de cómo son las ayudas y en qué consisten.

El tema de la mina yo creo que es claro. Desde el año pasado existe una ley moratoria que está demandada. No ha salido de la Corte Suprema de Justicia.

Fue declarado inconstitucional, pero también existe una mina que está físicamente allí, que ambientalmente hay que buscar la vía para cerrarla, pero de manera ordenada. Yo creo que el gobierno también tiene que transmitir muy bien cómo va a ser ese mecanismo. El ministro de Ambiente ha explicado varias veces que así como está no se puede quedar. Entonces hay que ver de manera responsable cómo se va a llevar a cabo este cierre en virtud de que el contrato que ya se fue declarado un constitucional y la ley de moratoria minera que existe en el país. Mientras tengamos esa ley, pues no podemos tener una mina.

La abogada fue escogida para presidir el Colegio Nacional de Abogados para el período 2023-2025.