Minsa alega que busca trabajar con otros organismos en Darién

Actualizado
  • 09/03/2024 00:00
Creado
  • 08/03/2024 17:48
El equipo del Ministerio de Salud está evaluando si Médicos Sin Fronteras ha cumplido con las normas establecidas en Panamá y estipuladas en el convenio de colaboración

El Ministerio de Salud (Minsa) y la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), encargada de brindar atención a los migrantes en Darién, se encuentran en medio de una polémica.

El pasado jueves, la organización informó que el Gobierno panameño había suspendido sus labores en la provincia de Darién y que no se había renovado el acuerdo de cooperación. La medida del gobierno surge días después que MSF reveló el aumento de presuntas violaciones a migrantes en la selva entre Colombia y Panamá.

El Minsa informó ayer que el convenio de colaboración con MSF finalizó el 31 de diciembre de 2023, lo que impide a los médicos de la organización brindar atención de salud en la provincia de Darién.

Según el Minsa, la suspensión de actividades se notificó formalmente el 29 de febrero de 2024, y se está evaluando la posibilidad de colaborar con otro organismo no gubernamental en la provincia.

En su papel de ente rector, el Minsa destaca su obligación de hacer cumplir la normativa vigente en cuanto a la notificación y entrega de informes de atención médica, incluyendo datos de pacientes y nacionalidades.

Además, respecto a los presuntos casos de violencia sexual, el Minsa sostiene que MSF debe notificar de inmediato a las autoridades locales para que se inicien las investigaciones desde las perspectivas legal y de salud.

El Minsa ha solicitado a MSF en varias ocasiones compartir expedientes completos de las presuntas víctimas, pero alega que estos informes han sido remitidos de manera incompleta, según precisó la entidad en un comunicado.

El equipo del Minsa está evaluando si MSF ha cumplido con las normas establecidas en Panamá y estipuladas en el convenio de colaboración, que incluye la notificación e historial clínico de los pacientes para beneficio de las investigaciones y seguimiento de casos denunciados.

A pesar de la suspensión de MSF, el Minsa continúa brindando servicios de atención médica en toda la provincia de Darién, incluso en las zonas donde MSF desarrollaba su labor, sin haber alcanzado su capacidad máxima, lo cual incluye la atención a personas migrantes.

En respuesta, MSF anunció la suspensión de todas sus actividades médicas y humanitarias en Darién desde el 4 de marzo, por orden del Gobierno panameño debido a la falta de un “convenio vigente”. MSF alega haber intentado, sin éxito, renovar dicho convenio desde octubre de 2023 y expresa su preocupación por las consecuencias para la población migrante, destacando que atiende a cerca de 5.000 personas al mes, incluyendo sobrevivientes de violencia sexual.

Ambas partes presentan cifras y perspectivas diferentes sobre la situación en Darién.

Mientras el Minsa afirma estar trabajando con otras agencias internacionales y evalúa el cumplimiento de MSF con las normas establecidas, MSF destaca la urgencia de retomar la atención médica ante el aumento de migrantes y la persistencia de ataques y violencia sexual en la región.

Una cifra de 520.085 migrantes, en su mayoría de Venezuela, Ecuador, Haití y China, atravesaron en 2023 Darién, la intransitable selva que marca el inicio de la larga y peligrosa ruta que siguen miles de migrantes hacia Estados Unidos.

El número es un 109% más alto que en 2022 y alrededor del 25% de los migrantes fue menores de edad.

La organización proporciona atención médica y apoyo de salud mental a las numerosas supervivientes de violencia y violencia sexual, incluso niños. Muchos de ellos no tienen acceso a atención médica en las 72 horas críticas necesarias para garantizar un tratamiento eficaz.

En 2022, la organización contaba con 13 profesionales y gastaba 1,5 millón de euros en nuestras actividades médico-humanitarias, según información de la página web.

MSF trabajó en Panamá por primera vez en 2008, cuando abrió una oficina regional de respuesta a emergencias, que estuvo activa hasta 2013. Las primeras actividades humanitarias en el propio Panamá corresponden a 2021.

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