La renuncia de Mulino, ministro desautorizado

PANAMÁ. Las tensiones entre el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, tuvieron su punto álgido esta semana, tras la polémica por el Proyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Gabinete, que crea el Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria para los estamentos de seguridad.

Pérez saltó la línea de mando y omitió la autoridad de Mulino. Olvidó el artículo 311 de la Constitución y públicamente suspendió el proyecto. El presidente, Ricardo Martinelli, en lugar de sancionarlo con la destitución inmediata del cargo -como amerita la Ley- echó abajo el proyecto. Apoyó al director y desautorizó al ministro, quien después de afirmar que no era hombre de renuncias... renunció.

LAS CARTAS SOBRE LA MESA

En movilizaciones posteriores a la represión del pasado febrero en Tolé, la sociedad civil pedía la cabeza del ministro Mulino, responsable de la seguridad en el país y, por ende, de los actos atroces cometidos por agentes contra el pueblo Ngäbe Buglé. Hoy su puesto está a disposición. Dos cartas marcan su renuncia.

En la primera, dirigida al ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, hace un llamado de cordura al presidente para que ‘evalúe los documentos y el trabajo que se hizo durante 20 meses con el apoyo de asesores brindados por la Embajada de los Estados Unidos, representantes autorizados de los tres estamentos de seguridad, con mayoritaria y larga participación de la Policía Nacional’, para elaborar el proyecto que, en palabras de Jaime Abad, ‘permite que la oficina de asuntos internos sea independiente de la fuerza pública y así la ciudadanía tenga la tranquilidad y seguridad de investigaciones rigurosas’, ya que, como data en la carta a Papadimitriu: ‘la actual situación de no uniformidad en los procesos disciplinarios de cada estamento, no contribuye a que se pueda ejercer esa vital potestad con apego a claras normas que le garanticen a las instituciones disciplina y orden jerárquico y a los miembros la certeza de que sus derechos sean respetados’.

Mulino, salvando su responsabilidad como ministro de Seguridad Pública, buscó enmendar, apenas hasta ahora, los errores de su gabinete y la omisión de la represión policial bajo la actual administración. La osadía le salió cara.

El presidente decidió omitir las violaciones a la Constitución y las reglas internas de la Policía por parte del director, diciendo que: ‘Pérez cometió un error al emitir públicamente sus valoraciones sobre el proyecto y referirse a decisiones que le corresponde tomar al Consejo de Gabinete’. Lo enmendó, aún sabiendo que legalmente hoy ‘debería estar destituido’, dice uno de los policías que esperan en la Subestación de La Porqueriza por una respuesta a su permanencia en la entidad, después de ser separados de su cargo ‘ilegalmente y sin el debido proceso’.

El presidente tomó partido y en una carta dice que la propuesta de Mulino: ‘no fue lo suficientemente consensuada, por lo que será dejada sin efecto en todas sus partes’.

Así fue como Martinelli revocó el proyecto ya aprobado por el Gabinete, que ‘daría transparencia a los procesos investigativos de los estamentos de seguridad’, dijo el excomisionado Mauricio Nelson.

Entonces, con las cartas sobre la mesa y conociendo la posición del presidente, Mulino renunció ayer. Aceptó públicamente que su permanencia en el cargo ‘resulta ya irrelevante’, no sin antes dejar sentada su postura en una última carta en la que dice que la actuación del Director General de la Policía Nacional es ‘sencillamente inaceptable’, y continúa: ‘en mi carta de ayer planteo lo falaz de su argumento y hoy, por la presente, lo ilegal e inconstitucional de su actuación por permitirse la desautorización a todo el Consejo de Gabinete’.

En un intento por ‘ejercer normas que le garanticen a las instituciones disciplina y orden jerárquico en su trabajo y a los miembros la certeza de que sus derechos serán respetados cuando sean objeto de una investigación por las razones que fueran’, Mulino salió del Gabinete. Antes de irse vaticinó que si le continúan permitiendo al director de la Policía su actuación: ‘principios democráticos vitales serían trastocados’, iniciando una jornada de errores que ya costaron mucho al país en décadas pasadas.

Esta es una historia que apenas comienza, dijo ayer públicamente Martinelli.