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- 12/09/2014 02:00
Un nuevo Código Migratorio, elaborado por un Consejo Consultivo de Migración, es el objetivo final del anteproyecto de ley 101, sometido por la diputada Zulay Rodríguez al pleno de la Asamblea Nacional, el pasado lunes.
El Consejo estaría integrado por los ministerios de Seguridad Pública y Trabajo, el Servicio Nacional de Migración, el Colegio Nacional de Abogados, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y dos representantes de la sociedad civil organizada.
La nueva norma sería presentada a la Asamblea al término de un año contado a partir de ser promulgada la ley presentada por Rodríguez. El documento consta de 7 artículos.
El artículo 4 de la propuesta de ley establece la derogatoria en todas sus partes de los Decretos Ejecutivos 547 de 25 de julio de 2012 y 107-A de 27 de mayo de 2011.
El primero, firmado por Ricardo Martinelli y el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, establece los procedimientos y requisitos para los procesos de regularización migratoria Crisol de Razas y se contemplan montos de $767 a $2,602, a ser cobrados según la nacionalidad de los inmigrantes.
La norma 107-A de 2011, firmada por Martinelli y la entonces ministra de Trabajo, Alma Cortés, autoriza la emisión de permisos de trabajo a los extranjeros en las ferias Crisol de Razas, previo pago de $500.
PRESIÓN Y CAMBIOS
Un grupo de jóvenes del movimiento ‘Panamá para los panameños’ y juristas del Colegio Nacional de Abogados pidieron el miércoles a la Comisión de Gobierno de la Asamblea que agilice la discusión del anteproyecto de ley.
La diputada Rodríguez, secretaria de ese comité legislativo, confirmó que el lunes 15 de septiembre prohijarán la propuesta que elimina el Crisol de Razas y que además crea la subcomisión que elaboraría el anteproyecto de ley para la reforma de la ley migratoria.
QUÉ SE QUIERE CAMBIAR
El anteproyecto adiciona el numeral 10 al artículo 31 del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración y la carrera migratoria.
El documento, compuesto de 142 artículos, nació en el gobierno de Martín Torrijos.
Este numeral daría al director de Migración la facultad para cancelar la permanencia o residencia en el territorio nacional a extranjeros no residentes, residentes temporales o permanentes, o cualquier otra subcategoría, por un fallo en comunicar el cambio de residencia o variaciones en la información que suministra a la institución.
Luciano Yanes, vicepresidente de la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio Nacional de Abogados, indicó que la idea es que si se comete alguna falta, se cancele la residencia.
Y si se demuestra que el extranjero mintió en la declaración jurada , el director de Migración tendría la facultad de cancelarle residencia o hacer la deportación, declaró.
También se cambiará el texto del artículo 87 para que todo extranjero que haya adquirido una condición migratoria como residente temporal o permanente, mediante trámite ordinario o Crisol de Razas, tenga la obligación de informar a la entidad el cambio de residencia dentro del primer mes de efectuado. Se mantiene la multa de $100 la primera vez, y la reincidencia abarca la cancelación del permiso de residencia y la deportación de Panamá.
APOYAN CRISOL DE RAZAS
La Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá y el Movimiento Arena Panamá, en una conferencia de prensa, apoyaron las ferias migratorias y rechazaron los términos utilizados por los grupos al denigrar al extranjero.
Agregaron que se está creando una atmósfera de confusión que podría afectar al turismo.
Rafael Rodríguez, presidente de la agrupación, explicó que los extranjeros no están quitando trabajo a nacionales, más bien los panameños les están alquilando o vendiendo puestos de frutas o fondas a estos.
‘El grupo ‘Panamá para los panameños’ reclama que cierren las ferias, pero no tienen un fundamento... los grupos de abogados piden lo mismo por la delincuencia’, dijo Rodríguez, quien mostró un documento en el que el director de Migración, Javier Carrillo, explica que son solo 9 los regularizados involucrados en delitos.
A su juicio, suspender las ferias incrementará la inseguridad.
Hendrik Álvarez, dirigente venezolano, añadió que se denigra al extranjero que viene a trabajar y a aportar al crecimiento del país de manera honrada.
‘El que es delincuente no se hace delincuente con un Crisol de Razas’, alegó.
El venezolano adujo que hay un ‘ensañamiento’ como si fueran delincuentes, ‘si fuéramos delincuentes nadie se legalizaría’.
Margarita Hernández, dirigente dominicana, mencionó el hecho de que el presidente Juan Carlos Varela, en un reciente viaje, rememoró sus raíces al visitar el municipio coruñés de Bergondo, en Galicia, de donde era oriundo su abuelo paterno, José Varela Blanco.
Manifestó que en Panamá siempre han existido migrantes, incluso para la construcción del Canal de Panamá.
Al respecto, Pedro Rincón, del movimiento de jóvenes contra las ferias, reiteró que no son xenofóbicos. ‘Se está peleando los derechos para que los procesos se realicen con orden y se aseguren los trabajos para los panameños’, respondió Rincón.
En Panamá hay 9 mil 632 naturalizados a la fecha, en su mayoría indostanes, colombianos, chinos, dominicanos y venezolanos. De esos, 1,322 se juramentaron entre 2009 y junio de 2014.