Nuevo ministro, investigaciones y compras millonarias en el Meduca

El relevo en el Ministerio de Educación ocurre con las computadoras en el centro de la escena. Mientras Ventura Vega Osorio asumió este jueves las riendas de la institución, dos de las principales entidades de control del país —la Contraloría General de la República y el Ministerio Público— abren caminos distintos para revisar las contrataciones que pusieron al Meduca bajo presión en los últimos días.

Vega llega al despacho de Cárdenas después de haber ocupado la Secretaría General de la Contraloría desde enero de 2025. Su designación, anunciada este jueves por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, lo coloca al frente de una institución que, además de los retos propios del sistema educativo, enfrenta ahora el escrutinio sobre sus compras tecnológicas.

Por un lado, la Contraloría anunció una auditoría. Por el otro, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar. Ninguna de las dos instituciones establece, por ahora, responsabilidades penales ni señala a personas como responsables.

En su primer encuentro con los medios como ministro de Educación, Vega aseguró que el Meduca entregará la información que soliciten las autoridades y colaborará con las investigaciones abiertas sobre las contrataciones de computadoras. “La ministra presentó ella personalmente este proceso ante la Procuraduría y nosotros vamos a cooperar con todo”, afirmó.

El nuevo ministro también anunció que el Meduca prepara un nuevo proceso para adquirir computadoras para los estudiantes, después de que dos licitaciones terminaran desiertas. Adelantó que el próximo pliego será “transparente” y tendrá una invitación abierta para los interesados.

Vega dijo además que el proceso contará con el apoyo de instituciones especializadas en tecnología, entre ellas la Universidad Tecnológica de Panamá, con el objetivo de incorporar criterios técnicos a la nueva contratación. También planteó la participación de sectores empresariales vinculados con esta área.

El acceso a la tecnología figura entre las prioridades que Vega planteó para su gestión. “La inteligencia artificial anda volando y nuestros muchachos de la educación pública tienen que tener las mismas condiciones que la privada”, afirmó.

La Contraloría pondrá bajo la lupa el procedimiento utilizado para adquirir las computadoras. Revisará las actuaciones administrativas, las condiciones de contratación y las modificaciones introducidas durante el proceso.

Uno de los puntos que deberá explicar la auditoría es cómo un procedimiento que comenzó con 49 oferentes terminó con una sola empresa dentro del proceso. Los auditores también revisarán si durante ese recorrido se respetaron los principios de igualdad, transparencia y libre competencia.

Otro aspecto está relacionado con los pagos. La Contraloría examinará las condiciones establecidas originalmente y una adenda posterior que permitió realizar pagos parciales. La entidad fiscalizadora determinará si esa modificación contó con los sustentos técnicos y legales correspondientes.

Las especificaciones técnicas tampoco quedan fuera de la revisión. Los auditores verificarán si las computadoras entregadas cumplen con las características exigidas y si cualquier cambio realizado durante el procedimiento contó con respaldo técnico, contractual y jurídico.

El Ministerio Público, mientras tanto, comenzó su propia investigación después de recibir la solicitud presentada por Lucy Molinar antes de dejar el cargo.

El procurador de la Nación, Luis Gómez, informó que las primeras diligencias buscan conocer quién está detrás de la sociedad adjudicataria, incluidos sus dignatarios, directivos y representante legal. La Fiscalía también solicitó el expediente administrativo, información sobre la adjudicación y documentos relacionados con los pagos.

La investigación está en una etapa preliminar. Gómez aclaró que todavía no existen personas señaladas.

La compra de 54,000 computadoras portátiles para docentes del sector público terminó convertida en el principal foco de cuestionamientos sobre la gestión de Lucy Molinar y en uno de los factores que rodearon su salida del Ministerio de Educación.

El Meduca informó que la adquisición representó una inversión estatal de $26.6 millones, con un costo de $492.95 por equipo, incluidas las licencias operativas permanentes. La entidad sostuvo que el precio estuvo por debajo de una referencia del mercado local estimada en $1,540 por computadora y calculó un ahorro proyectado de $57 millones para el Estado.

El contrato contempla además soporte técnico y cuatro años de garantía nacional, servicios que quedaron a cargo de IS Group, representante local de la marca Liby, en alianza con Intel y Microsoft.

Pero el proceso comenzó a generar cuestionamientos desde su desarrollo. Aunque inicialmente participaron 49 oferentes, varios fueron retirándose hasta que IS Group quedó como único proponente. Durante la etapa de homologación, representantes de empresas interesadas expresaron reparos sobre las especificaciones técnicas, la evaluación de los equipos y los plazos establecidos para la entrega.

Ese recorrido es ahora uno de los puntos centrales de la auditoría anunciada por la Contraloría, que deberá determinar si el procedimiento garantizó la igualdad entre los participantes, la transparencia y la libre competencia.

La controversia alcanzó su punto más alto con la salida de Molinar. Al anunciar su renuncia, la exministra reconoció que existía “mucho ruido” alrededor del tema de las computadoras y dijo que prefería apartarse para facilitar que el proceso fuera investigado y aclarado. También pidió al Ministerio Público revisar las contrataciones relacionadas con los equipos.

La historia de las computadoras, sin embargo, no termina con los equipos destinados a los docentes.

El Meduca también buscó adquirir 531,250 computadoras portátiles para estudiantes del sistema oficial y 21,000 licencias Microsoft M365 A3. En este caso, el proceso acumula intentos fallidos y mantiene pendiente la entrega de los equipos a los estudiantes.

Uno de los actos públicos tuvo un precio de referencia de $273,141,152.50. De ese monto, $268.5 millones correspondían a las computadoras y $4.6 millones a las licencias.

El primer intento tampoco llegó a una adjudicación. El renglón de las laptops fue declarado desierto porque la oferta que superó la evaluación fue considerada onerosa.