Operación Omega cumple 5 días; protestas siguen en reclamo cruzado por la desigualdad

El crujir de un árbol rompió el silencio de la carretera entre los distritos de Almirante y Chiriquí Grande. El árbol de cerca de 20 metros se rajó contra el suelo tras su derribo por unos jóvenes con una motosierra, haciendo de este una barricada improvisada que anticipaba una batalla desigual de biombos contra escopetas.

Se trataba de Valle de Agua Arriba, en el distrito de Almirante, una comunidad indígena que participa en las protestas desde que estallara la huelga docente y de distintos sectores que rechazan los cambios del gobierno al modelo de pensiones. Los manifestantes, aprensivos al inicio con los medios a los que acusan de “satanizar” las protestas, permitieron a La Estrella de Panamá y otros periodistas registrar la protesta.

Rostros jóvenes, indígenas ngäbe con manos curtidas, empuñaban palos y apilaban piedras en el centro del camino, a la espera de la Policía Nacional, que desde el 14 de junio despliega en la provincia de Bocas del Toro la operación Omega, la estrategia del gobierno para abrir por la fuerza los cierre de vías en la provincia de Bocas del Toro. El reclamo de los manifestantes tiene nombre y número: Ley 462, que reforma el sistema de pensiones y la Caja de Seguro Social (CSS), pero en esta región olvidada por décadas de la mano del Estado, subyace una rabia más profunda.

“El presidente José Raúl Mulino en su campaña nos prometió trabajo, ahora este es el chenchén que nos trae”, expresó a La Decana un joven encapuchado mientras levanta con sus manos las latas de gas irritante y las balas de goma que les lanzó la policía.

La pobreza en Bocas del Toro no es solo económica; es estructural, histórica y política. Datos oficiales del 2024 evidencian que después de las comarcas, la provincia caribeña es la que presenta mayor pobreza multidimensional: es decir, problemas de hambre, falta de luz, escuelas que no funcionan, agua potable que nunca llega y una larga lista de promesas rotas.

Agustín, un chico de 26 años, un campesino con botas de caucho desgastadas y armado con un biombo, reconoce que muchas cosas de la Ley 462 no las comprende, pero sí tiene claro una cosa: cuando sea viejo quiere descansar y ser atendido por un médico. “El servicio de la CSS es malo, cuando vas no hay medicinas ni médicos, ¿por qué si en este país hay dinero?”.

Las organizaciones populares manifiestan que la Ley 462 abre las puertas para la “privatización” de la CSS y cuestionan el esquema de cuentas individuales del gobierno, que consideran generará “jubilaciones de hambre”. En su mayoría, plantean volver a un modelo de reparto de beneficio definido -sistema solidario-. Estos cuestionamientos son calificados como “mentiras” por el Ejecutivo.

Durante el cierre no había liderazgos claros, más bien figuras espontáneas de dirección, lejos de las formas de organización tradicional de los sindicatos u otros gremios, con jerarquías bien estructuradas. Lo que parecería hacer más difícil un acuerdo con las dirigencias, como ocurrió con el Sindicato de Trabajadores del Banano (Sitraibana).

La firma, el pasado 11 de junio, de un acuerdo entre Sitraibana y la Asamblea Nacional, bajo el auspicio del gobierno, pretendía apaciguar el descontento en la provincia, con el supuesto de que la mayoría de los cierres estaban en control de los bananeros. Solo la ciudad de Changuinola se abrió, el resto de los bloqueos, sobre todo en los distritos de Chiriquí Grande y Almirante, la resistencia de las comunidades se mantiene.

Pese a que el presidente Mulino sancionó la Ley 45, principal reclamo de los bananeros, la detención del secretario general del gremio, Francisco Smith, y su procesamiento por supuesta apología del delito e impulsar los cierres, ha generado molestias e incertidumbre entre los trabajadores de Sitraibana.

Sin embargo, en Chiriquí Grande, el sindicato no parece tener influencia alguna en los cierres. Siendo espacios en apariencia de origen local y en los que prima el carácter comunitario e indígena.

Este medio hizo un recorrido en el que pudo corroborar que, a pesar de que la fuerza pública avanza desde Almirante con retroexcavadoras escoltadas por antimotines, que retiran las barricadas improvisadas, solo pasa un día e incluso horas para ser retomadas por los manifestantes.

También, a pesar de que en su mayoría eran jóvenes los que participaban, la memoria está jugando un rol importante entre los sectores indígenas en protesta; particularmente el recuerdo de las intervenciones policiales de 2010 durante las protestas contra la “Ley Chorizo”, en las que hubo muertos, decenas de personas ciegas y lisiadas de por vida por disparos de perdigones, en su mayoría indígenas, y que todavía reclaman pensiones vitalicias por los estragos que causó el plomo en sus cuerpos. Quien era ministro de Seguridad en esos aciagos días es el ahora el presidente.

Al menos así lo recuerda Luis, campesino ngäbe de 30 años, cuyo trabajo en la barricada improvisada era acumular piedras para el enfrentamiento. “Mulino tiene que saber que no olvidamos lo que ocurrió en 2010, nosotros tenemos la sangre de Urracá y esa sangre no se olvida”.

Ayer se cumplió el quinto día de la operación Omega, desplegada por el Gobierno para garantizar el orden público durante las protestas registradas en distintas partes del país.

Durante una conferencia de prensa, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, informó que la muerte ocurrida en Bocas del Toro, en el contexto de estas protestas, ya está bajo investigación del Ministerio Público. “Será esa instancia la que determinará las circunstancias reales de lo ocurrido”, puntualizó.

Por su parte, el subdirector de la Policía Nacional, Jorge Domínguez, explicó que el fallecimiento tuvo lugar en el sector de Rambala hacia Almirante, específicamente en un punto de control donde se encontraban unidades de control de multitudes. “Es ahí donde llegan los manifestantes. Se debe resaltar que nuestras unidades no utilizan armas de fuego. Según el título V de la Ley 18, emplean únicamente armas no letales, como gases lacrimógenos”, declaró.

Domínguez detalló que, tras la intervención para despejar la vía, las unidades encontraron a una persona tendida en el suelo a unos 250 o 300 metros del punto original de acción. “Se le brindaron los primeros auxilios y fue trasladada a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento”, precisó.

Además, aseguró que por instrucciones del ministro de Seguridad, se hizo contacto inmediato con la Fiscalía para iniciar las diligencias. “Hoy se realizaron las labores de planimetría en el sitio. El Ministerio Público recolectó los elementos de convicción que permitirán establecer qué realmente ocurrió”, añadió.