El mandatario le recordó a los agentes que no solo enfrentarán el delito en sus distintas formas, sino la tentación del delito al tratar con los delincuentes,...
- 10/02/2026 11:56
El país obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, una calificación que confirma un deterioro sostenido desde 2015
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 volvió a encender las alertas sobre la situación institucional de Panamá. El país obtuvo nuevamente 33 puntos sobre 100, la misma calificación registrada en 2024 y la más baja desde que ingresó a esta medición en 2012, lo que lo ubica en la posición 116 de 182 países y territorios evaluados.
Los resultados fueron analizados este martes durante la presentación del informe a cargo de Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. Bajo el lema “Más corrupción: menos democracia”, el análisis subrayó la relación directa entre el retroceso en los niveles de transparencia y el debilitamiento de los controles democráticos.
“El IPC para el año 2025 no es alentador. Panamá vuelve a obtener 33 puntos sobre 100 y se mantiene en un vecindario que refleja estancamiento”, señaló De Obaldía, al advertir que el país no ha logrado revertir una tendencia negativa que se arrastra desde hace una década.
El informe recuerda que la mejor calificación histórica de Panamá se registró en 2015, cuando alcanzó 39 puntos. Desde entonces, el país ha descendido de forma progresiva hasta ubicarse en su nivel más bajo en las mediciones de 2024 y 2025.
Rezago regional y deterioro global
A escala regional, Panamá se mantiene por debajo del promedio del continente americano, que se sitúa en 42 puntos. En comparación, Costa Rica obtuvo 56 puntos y Colombia 37, mientras que Panamá comparte su puntuación con países como Ecuador, Serbia y Tailandia.
El IPC clasifica a los países en una escala de 0 a 100, donde 0 representa un alto nivel de corrupción percibida y 100 una mayor transparencia.
El índice se construye a partir de 13 fuentes independientes que recogen la percepción de expertos, empresarios y organismos internacionales sobre prácticas como el soborno, el desvío de fondos públicos, el abuso de poder y la efectividad de los controles estatales.
A nivel global, el informe revela un deterioro generalizado. Por primera vez en más de una década, el promedio mundial cayó a 42 puntos. De los 182 países evaluados, 122 obtuvieron una puntuación inferior a 50, mientras que el número de países con más de 80 puntos se redujo drásticamente en los últimos diez años.
Dinamarca encabeza el ranking con 89 puntos, seguida por otros países de Europa occidental, mientras que Sudán del Sur figura entre los últimos lugares con apenas 9 puntos.
Democracia bajo presión
Durante la presentación, De Obaldía destacó la correlación entre corrupción y calidad democrática, citando el Índice de Democracia de The Economist, que clasifica a los países como democracias plenas, democracias imperfectas o regímenes autoritarios.
“Desde 2018, Panamá se encuentra en una frontera peligrosa, ocupando el último lugar dentro del grupo de democracias imperfectas. Aunque existen elecciones y alternancia en el poder, hay un deterioro grave en los controles entre los órganos del Estado, en la rendición de cuentas y en la justicia penal”, advirtió.
El informe de Transparencia Internacional señala que los puntajes persistentemente bajos suelen estar asociados a la politización de la justicia, la concentración de poder, la falta de protección del espacio cívico y la impunidad frente a actos de corrupción.
Llamado a reformas estructurales
En el análisis también participaron actores políticos. La diputada Janine Prado, de la bancada independiente Vamos, sostuvo que la corrupción en Panamá es consecuencia directa de la forma en que está organizado el Estado.
“Un Estado débil no previene la corrupción, la facilita. Cuando hay concentración de poder, ausencia de contrapesos y falta de sanción, el mensaje es que la corrupción sale barata”, afirmó.
Prado insistió en la necesidad de avanzar en reformas estructurales, fortalecer la transparencia y garantizar el acceso público a información clave, como la identificación de beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado.
El IPC 2025 concluye que, para revertir estas tendencias, los países deben garantizar sistemas de justicia independientes, proteger las denuncias, combatir la influencia indebida en la toma de decisiones políticas y sancionar de manera efectiva la corrupción a gran escala.
“Cuando florece la corrupción, las personas pagan el precio”, advierte el informe. En el caso de Panamá, los resultados vuelven a colocar el tema en el centro del debate público, como una señal de alerta sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y la democracia.
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