Panamá facilita corredor humanitario tras cierre de trochas

Actualizado
  • 09/07/2024 00:00
Creado
  • 08/07/2024 19:35
El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló a este diario que los migrantes deben usar la ruta de Acandí - Bajo Chiquito - Lajas Blancas para ingresar a Panamá. La idea es cerrar los caminos en los que no se puede ejercer vigilancia. El ministro dio detalles sobre el Memorando firmado con Estados Unidos que contempla deportaciones aéreas

Panamá instaló un corredor humanitario para los migrantes irregulares procedentes de Colombia que entran por la frontera colombo-panameña dividida por la selva del Darién, para continuar con su viaje hacia Costa Rica, con destino a Estados Unidos. La nueva estrategia del gobierno de José Raúl Mulino consiste en eliminar las trochas ilegales que emplea el Clan del Golfo en el vecino país, para traficar a los migrantes. La organización criminal cobra de $300 a $500 o más en la parte colombiana, dependiendo la ruta, y utiliza varios puntos porosos en la frontera para cruzar a los migrantes hacia Panamá, donde quedan a su suerte en una de las selvas más peligrosas del mundo.

Estos caminos, cuatro o cinco que emplea el Clan del Golfo para ingresar a Panamá han sido bloqueados por las autoridades istmeñas con serpentinas de alambres de púas, como una forma de impedir el paso. El 1 de julio, el día de la toma de posesión del presidente Mulino, durante la reunión bilateral en la que participaron los mandatarios de ambos países, cancilleres y ministros de seguridad, Panamá informó a sus pares sobre la medida para obstaculizar el camino. Pero a los pocos días los migrantes dañaron la cerca para abrirse paso, incluso se supo por las redes sociales que talaron árboles para poner sobre los alambres, como una especie de puente. De esto está al tanto el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, quien confirmó a este diario que la cerca de púas se reinstaló el domingo pasado. “Yo les expliqué (a los colombianos) todo lo que se iba a hacer”, indicó el ministro de Seguridad ante las críticas de Colombia, de que esta medida no había sido acordada. “La única forma en que podemos evitar que los migrantes sean violados, asaltados o robados es estableciendo una ruta que podamos proteger. No podemos proteger seis o siete rutas, o doce playas como estaba siendo hasta ahora”, aseveró Ábrego.

La intención del Ministerio de Seguridad, como mencionó el titular, es que los viajeros utilicen un cordón humanitario para ingresar al istmo. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) ya cuenta con puestos policiales en varios poblados de Darién, habitado en su mayoría por originarios, pero adicionalmente ha colocado patrullas de las fuerzas especiales a lo largo del río Tuquesa, que conforma gran parte de la ruta programada por Panamá.

Para ingresar por el corredor humanitario los migrantes deben emplear la ruta de Acandí o Capurganá - Bajo Chiquito - Estación Transitoria de Lajas Blancas y de ahí hacia Neily, en Costa Rica, donde llegan en buses desde la estación transitoria.

La ausencia de un control fronterizo entre ambos países ‘permitió’ a Panamá instalar la cerca de púas dentro de su territorio. El llamado tapón del Darién ha servido como una barrera natural entre ambas naciones, hasta que inició el paso de los migrantes rumbo a Estados Unidos, “razón por la cual no tendríamos por qué informar que estamos cerrando un camino en Panamá”, exclamó Ábrego. Por eso, entre los planes próximos que propondrá Panamá está instalar un puesto fronterizo. “Hay que hacer un paso fronterizo, nosotros les dijimos que lo único que les pedíamos, porque la intención no es represar a toda esa gente del lado colombiano, porque le causaríamos un problema a Colombia”, explicó el ministro.

Este lunes salieron aproximadamente 60 buses hacia ciudad Neily en Costa Rica con aproximadamente 1,300 migrantes irregulares que ingresaron a Panamá el domingo. “Este lunes en el puesto de Bajo Chiquito teníamos 400 personas y en Lajas Blancas un aproximado de 600 a mil, porque depende de la llegada de los botes. El flujo no se ha detenido, pero está siendo controlado y tratando de respetar los derechos humanos y el derecho a la vida”, manifestó Ábrego. Hasta el 28 de junio de 2024 habían registrado un tránsito por la selva del Darién una 197,389 personas, de acuerdo a la Dirección de Migración de Panamá. Sólo en el mes de junio de 2024 han llegado unas 27,375 personas, de éstas 21 mil 747 son adultos y 5 mil 628 son menores de edad.

Documentación y deportaciones

Panamá solicitó a su par de Colombia que exija a los migrantes viajar con documentos, ya sea un pasaporte o una identificación personal, para saber quién cruza, cuántos salen de Colombia y cuántos llegan a Panamá, pues en el trayecto han perdido la vida un número indeterminado de migrantes, algunos identificados por boca de quienes los acompañaron. Esta misma petición se reiteró durante la administración Cortizo, pero sin éxito. La identificación también ayudará a las autoridades panameñas a comprobar si el migrante tiene antecedentes penales o si está siendo buscado por violar la ley en algún país. De ser así, sería deportado de Panamá una vez se compruebe su situación. Para ello, se pretende reforzar el equipo de biometría en las estaciones temporales de migrantes, el personal y la tecnología.

Por otra parte, Panamá suscribió recientemente un Memorando de Entendimiento con Estados Unidos que contempla vuelos de repatriación de los migrantes. Estos viajes aéreos iniciarán una vez realice una reunión con los cancilleres de Colombia, Venezuela y Ecuador, que tienen programada en las próximas semanas. Luego de esta reunión, ocurrirá una cita tripartita de Colombia, Panamá y un representante del gobierno de Estados Unidos en la que se acordará el inicio de las deportaciones. A cada migrante se le preguntará si quiere o no ser repatriado. Si la respuesta es no, Panamá debe dejarlos continuar su camino hacia Estados Unidos. Otra opción es que reciba un trato distinto de Panamá al negarse a ser repatriado. En ese sentido podría solicitar asilo apegado a las normativas internacionales que enmarcan persecución política, religiosa o económica o situaciones que pongan en riesgo a perder su vida. Aún no se ha determinado qué tiempo debe transcurrir, desde que se identifica a un migrante que debe ser repatriado hasta que ocurre el vuelo, a menos que la repatriación sea voluntaria. “Si quiere hacerlo no debe pasar más de una semana en Panamá porque es voluntario”, aclaró el titular de seguridad.

“Las deportaciones son para las personas que tienen antecedentes criminales, que han violado las leyes en su país o en algún lugar del planeta, o por estar señalado de algún tipo de ilegalidad en algún país, también si comete algún tipo de falta en nuestro país”, disipó Ábrego.

En el caso de que los migrantes se nieguen a ser repatriados, se pintan dos opciones: “o los dejamos que sigan a Estados Unidos que es su fin, o nos quedamos con él y lo adoptamos aquí”, explicó Ábrego. ¿Cuántos estamos dispuestos a adoptar? Ninguno, respondió el ministro. “No conozco a ningún migrante que ha pasado por esta ruta que se haya quedado en Panamá. Lo que ellos van a pedir es seguir, y nosotros no tenemos otro remedio más que dejarlos que sigan”, recalcó.

El acuerdo entre Panamá y Estados Unidos, que se observa como un plan piloto, está programado por un año y la inversión financiera que hará Estados Unidos es de $6 millones para sufragar el costo del viaje aéreo de repatriaciones, pero puede ampliarse a $10 millones por otras consideraciones, según amplió el ministro. Estos vuelos se aplicarán a los migrantes que ingresen irregularmente a Panamá y “que nuestro país decida que deben ser expulsados o repatriados a sus naciones de origen o al último país de donde provino, en este caso para nosotros sería Colombia”, dijo el titular. ¿Qué quiere decir un migrante ilegal tomando en consideración que estas personas se encuentran en tránsito? “Esa es la gran duda que nos queda”, respondió Ábrego. “Para mí todos son migrantes ilegales si entran sin pasaporte, sin una identificación, y lo que hemos pedido a Colombia es que haga un chequeo previo a estas personas”, aclaró. En ese orden de ideas mencionó que en los últimos años alrededor de 3 mil personas, buscadas por la Interpol o la Policía de sus países, fueron deportados. Un porcentaje mínimo si se compara con los 523 mil viajeros que cruzaron por Panamá en 2023. Esa cifra corresponde a los migrantes que las autoridades lograron verificar, la gran mayoría no traen documentos y menos de un 10% pasa por los exámenes de biometría instalados en los puestos temporales de recepción de migrantes.

Entre las nacionalidades que ingresan son venezolanos, ecuatorianos, colombianos, haitianos y chinos, que ocupan la quinta posición. Estados Unidos no les da visa a la gran mayoría de los solicitantes chinos y buscan la ruta de tráfico ilegal.

Ayer el ministro de Seguridad calificó de desafortunada e irresponsable una información proveniente de Colombia, la cual señala, que las violaciones en el área fronteriza, se “dan en territorio panameño”.

Tras las declaraciones del director de Migración de Colombia, Carlos Fernández García, el ministro Ábrego aclaró, que existen antecedentes recurrentes de criminalidad por parte de narcotraficantes, guerrilleros y grupos subversivos, quienes se han dedicado a secuestros y extorsión, entre otros delitos.

“El Clan de Golfo y demás grupos delictivos que operan en el Golfo de Urabá y zonas fronterizas con el hermano país, no son santos”, afirmó Ábrego.

El titular de la cartera de Seguridad Pública destacó la importancia de investigar a los principales facilitadores del flujo masivo de migrantes, que atraviesan sin ninguna revisión o control, así como los caminos por los que se introducen personas requeridas en sus países por diferentes delitos.

“No vamos a tapar el sol con un dedo. Del lado panameño también se han registrado actos delincuenciales. No obstante, las autoridades panameñas han intervenido y hoy, los malhechores capturados en nuestra jurisdicción, fueron procesados y condenados”, explicó el ministro Ábrego.

El Ministro puntualizó, que las relaciones entre la Fuerza Pública de Panamá y Colombia son sólidas, por lo que continuará colaborando estrechamente mediante el intercambio de información de inteligencia, la planificación de estrategias y la realización de operaciones conjuntas, con el objetivo de garantizar la seguridad, combatir de manera efectiva el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

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