Panamá requiere una reforma fiscal integral

Los Papeles de Panamá dirigieron la atención internacional a la escala y el volumen de fraude fiscal y lavado de dinero por parte de corporaciones comerciales, personas políticamente expuestas e individuos adinerados de todas partes del mundo. La fuga de información que engendró los Papeles de Panamá demostraron que se trata de un tema internacional, es un problema de todos, mencionó en conferencia de prensa el experto independiente de las Naciones Unidas sobre los efectos de la deuda externa y los derechos humanos Juan Pablo Bohoslavsky.

El especialista culminó una visita de 9 días a Panamá, uno de los tres países del mundo además de Tunes y Suiza, de los que ha efectuado un informe para discutir el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que tiene una clara relación con la reducción de la pobreza y la desigualdad social.

Bohoslavsky indicó que la mayor parte de flujos financieros ilícitos proviene de transacciones fiscales fronterizas. El reducir los flujos financieros ilícitos relacionados con impuestos debería minimizar la evasión de impuestos por parte de la gente que concentra alta riqueza, y corporaciones trasnacionales que utilizan el fraude en la facturación y la transferencia de precios para evadir impuestos.

En este sentido, el especialistas considera que existen entre $24 a $36 trillones en riqueza privada no declarada depositada en el extranjero.

En este escenario en el que en Panamá la evasión fiscal no es un delito penal, sino una falta administrativa, Bohoslavsky considera que es el último eslabón de una cadena de decisiones políticas en el país. “Estamos hablando de un instrumento legal de una política fiscal más integral”, manifestó a La Estrella de Panamá. El segundo aspecto de las críticas a la fiscalidad de Panamá a juicio del experto, es que “para lograr un desarrollo a largo plazo, se requiere de una reforma fiscal integral como herramienta redistributiva que apunta a una reducción de las desigualdades que hay en el país y a mayor ingreso público genera mas espacio fiscal para asegurar los derechos”.

El istmo tiene la obligación de asegurar que las actividades que se realicen dentro de su jurisdicción no afecten negativamente el goce de los derechos humanos en su territorio y el extranjero, lo que indica que tiene la responsabilidad de asegurar que todas las compañías que operen en el territorio -como bancos, casino, bufetes de abogados, inmobiliarias, aseguradoras etc- respeten los derechos humanos y que sus acciones y omisiones no resulten en impactos negativos en otras jurisdicciones, por ejemplo, al participar en la fuga de activos y capital que deben ser debidamente declarados gravados.

Bohoslavsky esta convencido de que Panamá necesita ampliar su entendimiento acerca de los retos en términos de opacidad financiera y fiscal. Primero porque aquellos que están obligados a reportar transacciones sospechosas no están obligados a prestar atención a si los impuestos involucrados han sido pagados o no. El reporte de transacciones sospechosas, dice el experto independiente, no parece comprender la dimensión fiscal fundamental del más amplio problema de flujos financieros ilícitos. El due diligence, o conozca a su cliente, excluye la evaluación del cumplimiento de obligaciones y estatus fiscales en Panamá o el extranjero. Esta es la brecha que desde el punto de vista del experto necesita ser cerrada sin dilación.

Una de las recomendaciones Bohoslavsky de es que se apruebe una legislación robusta en materia de conflicto de interés, otra es fortalecer la independencia del poder judicial y si se aspira a mayores niveles de rendición de cuentas del poder político y económico del país.