'Panamá perdería grado de inversión', advierte J.P. Morgan

Actualizado
  • 31/10/2023 00:00
Creado
  • 31/10/2023 00:00
La firma de inversión advierte sobre el clima de negocios del país y cuatro escenarios posibles ante el llamado a la consulta pública del mandatario
De rescindir el contrato, el gobierno tendría que pagar a la mina unos $7.000 millones.

La firma mundial en servicios financieros J.P. Morgan advierte que Panamá puede perder a corto plazo su grado de inversión si decide rescindir el contrato con First Quantum, ya que generará un clima de menor confianza de inversión en el país y crecimiento económico a mediano plazo. Esto, a su vez, ejercerá una presión en las finanzas públicas, lo que hasta el momento ha sido el ancla del país para poder retener la calificación de grado de inversión.

De rescindir el contrato, el gobierno tendría que pagar a la mina al menos $7.000 millones de acuerdo con las normas del arbitraje internacional pactadas entre las partes, a menos que exista interés público y el debido proceso legal para nacionalizar la mina. En este último punto es donde cobra relevancia el voto que se emitirá en la Corte Suprema de Justicia.

La firma que maneja activos por $2,6 billones cambió la perspectiva que tenía de Panamá después de que el presidente Laurentino Cortizo llamara a una consulta pública, como una posible vía para calmar las protestas en contra de la minería. La firma explica cuatro escenarios en los que puede caer el país según la situación actual.

Lo primero que advierte es que cambia la percepción de Panamá en materia de grado de inversión y dice que podría perder esta condición poniendo en duda al país como un sitio “favorable para los negocios” a raíz de las protestas ciudadanas que solicitan la derogación del contrato ley suscrito entre el Estado y Minera Panamá.

En un análisis publicado este lunes, la firma deja claro que en un principio sostuvo la opinión de que la pérdida de la calificación de grado de inversión era un riesgo menos probable, a pesar de que persistía el incumplimiento de los objetivos fiscales. En este sentido la firma se recargaba en el crecimiento económico del país, superior o igual al 5% a mediano plazo. En este sentido, el panorama para que el país saliera de la deuda sin una corrección fiscal era viable.

No obstante, asegura la firma, al cuestionar el clima de inversión se “está preparando el escenario para rebajas de calificación crediticia, potencialmente hasta el punto de perder su calificación de grado de inversión”.

Los acontecimientos protagonizados por las protestas, que sorprendieron a la calificadora en cuanto al rumbo que visualizaba sobre la estabilidad financiera y de inversión en Panamá, y los líos sobre el contrato minero y el Estado han cambiado la distribución de riesgo de que Panamá “pierda su calificación de grado de inversión de un riesgo menos probable (de cola) a un riesgo considerable”.

La incógnita que pondera la firma radica en la consulta ciudadana de la que aún nadie puede predecir el resultado. Para la firma, esta consulta tiene un alcance importante dado que el resultado sería vinculante tal cual lo prometió el presidente Laurentino Cortizo en un brevísimo mensaje a la nación divulgado este domingo en horas de la noche, en el que se comprometió a atender el clamor ciudadano. Es decir, analiza J.P. Morgan, si la gente vota en contra del contrato eventualmente se rescindirá. En este sentido, expone algunos cuestionamientos internos de si el método que se emplea es constitucional o no, debido a la forma en que el mandatario convocó a la consulta, pues debería ser potestad de la Asamblea Nacional promulgar la ley que derogue el contrato.

Por otro lado, desde el punto de vista económico la firma analiza que Cobre Panamá representó alrededor del 4,8% del producto interno bruto en 2022, y “la posible rescisión del contrato no implica que la mina deje de operar, sino que cambiaría de dueño”, sin ampliar de qué nuevo dueño se trata. Podría referirse a que la posible pérdida de valor de las acciones de la empresa pueda ocasionar que los tenedores vendan sus acciones e ingresen nuevos inversionistas. Aunque la consigna pública radica en el rechazo por completo de la actividad minera en el país, lo que hasta cierto punto difiere del punto de partida de la firma con respecto a la situación del país.

Si la mina cambia de dueño, a J.P. Morgan no parece preocuparle el impacto que genere el cese de First Quantum si la mina sigue operando y continúan los aportes al Estado. Del mismo modo, los casi $400 millones anuales, y otros impuestos, que debe pagar en regalías la mina probablemente provendrían de otra parte si el Estado operara las ganancias, o si se licitara a una nueva empresa.

Dicho lo anterior, pintan cuatro escenarios posibles suponiendo el rechazo al contrato minero en la consulta popular. El primero, que se negocie el contrato y que el gobierno logre pactar con First Quantum nuevos términos que apacigüen el malestar social.

El segundo escenario es que se rescinda el contrato y se negocie un nuevo contrato con otra empresa. La tercera opción es que el Estado asuma el control de la mina. Bajo estos dos últimos escenarios y según el artículo octavo del Tratado internacional para promover y proteger inversiones entre Panamá y Canadá, el gobierno tendría que destinar a First Quantum toda su inversión que estima alrededor de $7.000 millones. En consecuencia, a la empresa canadiense se le permitiría buscar un arbitraje internacional a menos que exista interés público y el debido proceso legal para nacionalizar la mina. Aquí es donde cobra relevancia el voto que se emitirá en la Corte Suprema de Justicia.

El escenario final es que la mina deje de operar, lo que parece poco probable, a pesar de las protestas que se centran en el daño ambiental. En este último escenario las pérdidas fiscales y económicas serían graves.

Como conclusión, mientras la firma pensaba que se había superado el escollo de inconstitucionalidad en que declaró la Corte el contrato, el nuevo ingrediente de la consulta popular traerá como mucho más ruido político en las próximas semanas. Además, si el pueblo decide rechazar el contrato, mucho dependerá de la forma en que se asuma, como se menciona en los cuatro escenarios probables.

Pero, en cualquier caso, si se revoca el contrato, creemos que la probabilidad de que Panamá pierda su calificación de grado de inversión en el corto plazo aumenta significativamente, ya que una menor confianza institucional del país generaría menor inversión y menor crecimiento a mediano plazo. Esto a su vez, ejercería una presión significativa sobre las finanzas del país ya que perderían lo que hasta ahora consideramos su ancla.

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