Régimen alimentario de Panamá: la dependencia

El concepto de régimen alimentario constituye una importante herramienta en el análisis de los problemas del agro y la alimentación. Este concepto, en su versión original, desarrollada por Harriet Friedmann y Philip McMichel, se especifica como una dinámica temporalmente definida en la economía de la alimentación. La misma estaría caracterizada por un conjunto de estructuras, instituciones, normas y reglas no escritas que operan en relación a la producción de alimentos, las cuales generarían una forma de comportamiento de la acumulación de capital en esta rama de la economía.

Liberando el concepto de su origen fuertemente vinculado a la llamada Escuela Regulacionista, se puede establecer que el régimen alimentario se preocupa por el estudio de las relaciones sociales de producción, circulación y distribución vinculadas a la producción de alimento, destacando los procesos de generación, reproducción y transformación de dichas relaciones. Es desde este punto de vista que resulta útil hacer un esfuerzo para aplicar este concepto a la realidad nacional, enfatizando esta vez su vinculación con el mercado internacional.

EXPORTACIÓN VS MERCADO INTERNO

Desde esta perspectiva, lo primero que salta a la vista es la presencia de un régimen políticamente construido. Esto significa que el poder estatal ha sido utilizado para conformarlo, desarrollando para este fin los procesos de desregulación de los mercados y de apertura forzada hacia el exterior, dando lugar a un régimen alimentario incapaz de resolver los graves problemas del campo y el abastecimiento nacional de bienes alimenticios. De acuerdo a esta política se pretende fomentar la producción de lo que se entiende que son productos de exportación de alto valor, mientras que también se busca reducir la parte relativa de la producción destinada al abastecimiento del mercado interno de alimentos esenciales para la población. Una versión acabada de esta forma de política aparece claramente delineada en el llamado ‘Plan Estratégico de Gobierno: 2010 – 2014’, publicado en diciembre de 2009, el que proponía ‘desviar el uso de la tierra de cultivos protegidos… a favor de exportaciones de alto valor agregado’. En contraste con esto la producción de alimentos básicos para el uso local solo debería ‘garantizar un suministro nacional mínimo’.

RÉGIMEN ALIMENTARIO

El resultado del estilo del régimen alimentario que surge de la aplicación de esta visión muestra un conjunto de inconvenientes. En primer lugar, su aplicación por la vía de la producción de frutas para la exportación muestra un notable fracaso. Así lo demuestran claramente las estadísticas de la Contraloría General, que señalan que entre el 2007 y el 2014 el valor total de las exportaciones de los cinco principales productos agropecuarios se redujo en 49.1%. Este proceso ha sido especialmente radical para las frutas que mostraron una caída de 56.2%.

Todo el proceso de instalación de un régimen alimentario neoliberal en el país ha llevado a la significativa reducción de la producción de alimentos por persona. De acuerdo al Banco Mundial el índice de producción de alimentos en Panamá se redujo en un notable 19.1% entre 1990 y el 2013. El carácter estructural que ha tomado este fenómeno se refleja en el hecho de que en el 2012 el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura informaba que durante los diez años previos la siembra de alimentos en Panamá había disminuido en 70,687 hectáreas.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

Los dos rasgos anteriormente destacados han provocado una creciente carencia de soberanía alimentaria en el país. Es así que si nos enfocamos en el balance comercial de alimentos de Panamá encontramos que mientras que el mismo resultó positivo en $300.5 millones durante el 2006, se mostró negativo en $857.4 millones en el 2011, producto de un nivel de importaciones de $1,301.3 millones frente a exportaciones de apenas $443.9 millones.

A esto se debe agregar que se trata de un régimen que introduce hacia el país toda la vulnerabilidad que significa la inestabilidad y fluctuación de precios que se han venido observando en el plano internacional. La situación internacional de volatilidad de los precios de los alimentos se puede ejemplificar recordando que entre el 2001 y el 2013 la tasa promedio de crecimiento del índice de precios de alimentos de la FAO alcanzó un promedio anual de 7.5%, con una desviación estándar que se coloca a 13.9 puntos porcentuales.

El aperturismo ha permitido, además, que los oligopolios de importación de alimentos utilicen su posición para especular a costa de los consumidores nacionales. Es así, por ejemplo, que mientras que, de acuerdo al FMI, los precios de los bienes alimenticios a nivel internacional se elevaron en 39.7% entre el 2006 y el 2011, los precios de estos bienes al consumidor en Panamá se elevaron en 52.1%.

EL FRACASO

La actual política que, infortunadamente, ha vuelto a repetir la alianza entre los importadores especuladores, las transnacionales y el gobierno, está lejos de poder redefinir el régimen alimentario a favor de las amplias mayorías de la población.

El fracaso de esta política se refleja en el hecho de que, frente al significativo incremento de los precios alimenticos antes señalados, la política de regulación de precios recientemente introducida por el gobierno no ha logrado ni siquiera frenar completamente el aumento del componente de alimentos y bebidas del índice de precios al consumidor urbano, el cual en agosto del 2014 mostraba una tasa anual de crecimiento de 2.1%. A esto se debe sumar que el práctico desprecio por la recuperación del campo se refleja en el hecho de que del total de las inversiones públicas proyectadas para el próximo año (2015) solo el 3.3% corresponde al sector agropecuario. Esto en un contexto en el que se ha decidido continuar con los procesos de aperturismo indiscriminado.

La tarea de tejer una alianza distinta, esta vez entre los productores del campo y la población trabajadora de la ciudad, incluyendo a los sectores medios resulta ser, entonces, una prioridad para asegurar un proyecto alternativo de régimen alimentario. Este deberá tener su eje básico en una política nacional independiente cuyo objetivo sea asegurar la seguridad y soberanía alimentaria.