El Papel de las Universidades en el Proceso de Transformación Social

De las diversas conferencias regionales sobre educación superior en América Latina y el Caribe, se desprende que las universidades desempeñan un papel fundamental en el proceso de transformación social. A través de la docencia, la investigación y la extensión, las tres funciones que cumplen estas instituciones, ellas pueden impulsar cambios positivos en la sociedad. Como Instituciones de Educación Superior (IES), fomentan el desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para abordar desafíos sociales, promoviendo la equidad, la justicia y el desarrollo sostenible. Además, generan espacios de reflexión crítica y debates, estimulando el pensamiento innovador y la participación ciudadana.

Según el informe “Universidades y Transformación Social” de la UNESCO (2019), las universidades son actores clave para abordar problemas globales, como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. Asimismo, las universidades como parte de la sociedad deben ser instituciones comprometidas con su entorno, que colaboran con las comunidades, las organizaciones públicas y privadas para impulsar cambios sociales significativos.

Los argumentos presentados en las conferencias regionales y mundiales de educación superior, tanto la de 1996 que tuvo lugar en La Habana, como la de 1998 en París, propiciaron la revalorización de la misión cultural de las instituciones de educación superior, mismos que se convirtieron en proclamas escritas en su declaratoria, entre las que figuraba la vinculación histórica entre las concepciones de la Reforma de Córdoba acerca de la función social de la Universidad y los actuales procesos de transformación de la educación superior latinoamericana. Esta declaratoria marca una ruta encaminada al combate a la pobreza y la exclusión, a la superación del analfabetismo, así como otras cuestiones como el cuidado del medio ambiente.

Entre los objetivos estratégicos del plan definido en la Conferencia de 1996 figuraban el de contribuir a transformar y mejorar, a nivel institucional, nacional, subregional y regional, en todas las funciones y áreas de actividad de la educación superior, las concepciones, metodología y prácticas referentes a cinco pilares, siendo el primero de ellos: la pertinencia social de la educación superior; la calidad, evaluación y acreditación; la gestión y el financiamiento; el conocimiento y uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y la cooperación internacional.

Sobre las acciones de extensión universitaria, se hace especial mención en la formación de profesionales comprometidos con el país y la región, en el financiamiento ineludible de los Estados y los programas de inclusión y acceso a la educación superior de grupos vulnerables.

En tanto, en la II Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en Colombia en el 2008, se sitúa a la Universidad como parte fundamental del desarrollo de los países, desde la perspectiva científica, cultural, social y económica. Recomienda alianzas, redes académicas, internacionalización y la innovación tecnológica, aboga por la pertinencia y la calidad académica. Pero sin duda lo más importante que debate la CRES 2008, es que enfatiza que:

“La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Esta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región”. Tanto esta declaratoria como el Plan de acción derivado de la misma, sostienen que “el objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones”.

Desde este planteamiento, se propone hacer una revisión de las políticas universitarias, de modo tal que las mismas respondan y atiendan las realidades y contextos, nacionales y regionales, los problemas sociales, económicos, culturales y ambientales; prestar especial atención a las inequidades y desigualdades que subyacen a lo interno de nuestras sociedades. Todo ello entendido que, la educación es crucial para transformar la vida de las personas.

En el presente siglo se celebró la III Conferencia Regional de Educación Superior en 2018 en el marco de las celebraciones por los 100 años de la Reforma de Córdoba. En dicha Conferencia se aprobó un plan de acción en el cual figura la extensión universitaria como la principal dimensión para el cumplimiento de la función social de las universidades en pro de la transformación de la sociedad latinoamericana.

Esta tercera conferencia aboga por la integralidad de las funciones y por la integración cada vez más estrecha entre la universidad y la sociedad. Se hace énfasis en la inclusión sobre todo dirigida a aquellos grupos poblacionales históricamente postergados del derecho a la educación superior como son los pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad, entre otros. De estos debates se han generado una serie de políticas a lo interno de las universidades latinoamericanas, que han incidido en la orientación actual del sentido de sus funciones sustantivas, la integración de la extensión en los procesos de formación obligatoria de las universidades y una investigación cada vez más vinculada a las problemáticas sociales.

Dos aspectos, de los dieciocho acuerdos de esta última conferencia, se refieren de forma puntual a la función de la extensión universitaria y su contribución al papel de las universidades en la transformación social.

En primer lugar, se exhorta a las universidades a promover “la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables.

En segundo lugar, se acuerda “Impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados”.

La tarea que corresponde a nuestras universidades, para impulsar procesos de transformación social, apunta hacia una verdadera integración de las tres funciones que ellas deben cumplir, de la docencia, la investigación y la extensión; una articulación que debe estar armonizada como parte de las políticas universitarias.

La autora es Socióloga. Vicerrectora de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS.