Pasco: ‘fue un hecho fortuito’

PANAMÁ. Aún quedan por esclarecerse las causas del accidente ocurrido el pasado viernes en la Torre Q, Punta Pacífica, donde perdieron ...

PANAMÁ. Aún quedan por esclarecerse las causas del accidente ocurrido el pasado viernes en la Torre Q, Punta Pacífica, donde perdieron la vida el carpintero Alcides Vergara y su ayudante Luis Barría al desplomarse la plataforma del espacio donde se ubicaría el ascensor en el piso 32.

Ayer, Carlos Pasco, representante legal de la empresa Constructora Q, señaló que la tragedia fue producto de un accidente, que lamentablemente le tocó los trabajadores: Vergara con dos años de laborar en la empresa y a Barría con solo seis meses.

Sobre el porqué no habían cancelado la suma del 1% al Mitradel para garantizar el oficial de seguridad, Pasco argumentó que ese reglamento es nuevo y que ellos tienen inspectores de seguridad en el proyecto.

“Nos toca aprender de este error, nuestro permiso de construcción está vigente. Eso fue un accidente y aún se desconocen las causas, solo tenemos las barandas y sobre el oficial de seguridad, tengo entendido que no hay suficientes para cubrir las 500 obras de gran tamaño que hay”, agregó.

El empresario también señaló al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). “Ellos aprovechan estos eventos para hacer política cuando deberían apoyar a los trabajadores con capacitación, porque ellos obtienen buenos ingresos”, lamentó.

Por su parte, Alma Cortés, ministra del Mitradel, adelantó una auditoría de los permisos de construcción que no han pagado el porcentaje reglamentario para el oficial de seguridad para enviárselo a la Alcaldía para que suspendan esas obras. “Es necesario un técnico en la materia, que pueda levantar los informes  y obligar tanto a los trabajadores como a las empresas a cumplir con los reglamentos”, señaló.

Saúl Méndez, del Suntracs, cuestiona que no es suficiente con que la autoridad multe administrativamente a los responsables de estos crímenes pagando sumas que van de los 20 a 500 dólares.

“Exigimos que esta investigación llegue hasta las últimas consecuencias”, señaló.

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