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- 07/03/2012 01:00
PANAMÁ. Cuando Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, dijo ayer en TVN que ‘nadie bota a nadie por ser bueno’, los pasillos de ...
PANAMÁ. Cuando Gustavo Pérez, director de la Policía Nacional, dijo ayer en TVN que ‘nadie bota a nadie por ser bueno’, los pasillos de La Porqueriza (donde 80 policías separados de sus cargos esperan) retumbaron.
‘¿Será que se olvidó que a él lo botaron en 1990 por secuestrar civiles en una acción militar?’, se preguntaron los agentes que pasaron de héroes a villanos, y hoy abogan por un debido proceso en sus despidos, ya que: ‘no hay certeza de los motivos de las destituciones ni de las faltas que se les imputa’, dijo Flavio Morales, el abogado que lleva algunos de los casos de los destituidos: ‘ninguno tuvo junta disciplinaria’, concluye.
UN PROCESO SOSPECHOSO
El 26 de enero de 2011, Faustino Acosta y otros once agentes recibieron un comunicado de la Dirección Nacional de Información Policial (DIP), con el visto bueno del propio Gustavo Pérez y firmado por el comisionado Aristides Hassan, director de Recursos Humanos de la Policía, donde consta que los ‘oficiales son recomendados para Senafront’. La Policía ya no los quería en sus filas.
A ellos les pareció extraño, pero con la ‘educación militar que hemos recibido, obedecemos órdenes’, recuerda uno. No refutaron y se trasladaron a la frontera. Pero el director del Servicio Nacional de Fronteras, Frank Ábrego, no los aceptó. Luego, los mandaron de vacaciones y se ordenaron las destituciones.
Esto sucede cuando hay un proceso de depuración, en el que ‘estamos saliendo de las personas que no están acordes a la institución’, explicó Pérez a Castalia Pascual.
Y está bien. Dadas ‘las condiciones de corrupción y la evidente violación a los derechos humanos por parte de la Policía, era imprescindible una desintoxicación’, afirmó Carlos Herrera Morán, ex fiscal Auxiliar de la República y catedrático de la Universidad de Panamá. Pero ahora: ‘están incurriendo en otra violación a los derechos porque despiden solo a los adversarios de la directiva, que no pertenecen al grupo élite y acompasado con la cúpula’.
Aunque Gustavo Pérez dijo ayer que: ‘los casos fueron investigados individualmente’, las evidencias apuntan hacia otro lado.
Según la Ley Orgánica de la Policía Nacional, solo pueden destituirse miembros con carrera policial por dos razones: la primera, ser sancionado por junta disciplinaria, y la segunda, ser condenado por delito doloso que conlleve a privación de la libertad.
La versión de Faustino Acosta y sus compañeros fue corroborada por el mismo Gustavo Pérez, cuando aceptó que no hubo Junta Disciplinaria porque: ‘informes de inteligencia que no se pueden usar en juicio, dicen que se debe sacar de circulación a este individuo antes que cometa un error más grande’. Este proceso demuestra la mala aplicación de la ley al interior de la institución.
Para el excomisionado Mauricio Nelson, otro destituido de la Policía: ‘el director de la Policía debe ser el primero en hacer cumplir la ley y no crear divisionismo en la institución’.
Si Acosta y sus compañeros fueron destituidos por delitos dolosos y si cometieron faltas gravísimas, ¿por qué el director los recomendó para Senafront en lugar de meterlos presos?
Preguntas sin respuestas que los directivos de la Policía Nacional prefieren callar, mientras la caja de Pandora continúa abriéndose sin que ellos puedan controlarla.
NOMBRES Y DATOS
Mientras Gustavo Pérez dice: ‘la placa de Policía es para personas que la merezcan’, los destituidos, quienes están en espera de respuestas, y algunos agentes que aún laboran, recordaron el caso del actual subdirector de la entidad, Eduardo Serracín, investigado por peculado en el 2007, historia que terminó con una amonestación verbal del Juzgado I de Veraguas.
‘Si la placa es para personas que la merezcan ¿por qué el director y el subdirector con sus oscuros pasados la cargan?’, se preguntan en los pasillos de La Porqueriza.
Para Nelson, es vergonzoso y triste que el director, en lugar de hablar a los medios sobre estrategias para combatir la inseguridad, tenga que explicar situaciones internas de la institución por malos manejos de la Ley.
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