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- 01/07/2015 02:00
Los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé no cesan su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. A través del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la cacica Silvia Carrera presentó tres recursos legales, dos en la Contraloría General de la República y uno en la Corte Suprema de Justicia.
En la Contraloría se presentó una denuncia de bien oculto por posible lesión patrimonial, en vista de que la empresa Generadora del Istmo, S.A., que construye el proyecto, hizo dos declaraciones distintas sobre el monto de inversión de la obra.
La otra acción es una solicitud a la Contraloría para que se investigue la concesión de agua al proyecto, ya que es ‘sumamente perjudicial para los bienes públicos al exceder el caudal del río Tabasará', señala un comunicado del CIAM.
El organismo ambiental también presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso administrativa de protección a los derechos humanos.
La demanda se sustenta, entre otras cosas, en las deficiencias técnicas y las irregularidades cometidas en el proceso del Estudio de Impacto Ambiental que, a juicio de los indígenas, viola los derechos humanos y la libertad de practicar la religión por parte del pueblo ngöbe.
‘Aspiramos a que los tribunales panameños sean los que decidan si hay no violaciones y no sean los entes internacionales los que penalicen al país por estos incumplimientos, como ya ocurrió con las afectaciones de la represa de Bayano', expresa un comunicado del CIAM.
El próximo 4 de julio será la segunda reunión de la comisión gubernamental y los grupos indígenas que negocian el futuro del proyecto hídrico.
El presidente de la República, Juan Carlos Varela, que ha atendido al grupo que se rechaza el proyecto en la Presidencia, ha confirmado su participación en la reunión.
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NEGOCIACIÓN Y MEDIDAS