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- 24/03/2011 13:44
Los dirigentes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngobe están a la espera que nuevamente se reinicie el diálogo que tiene como objetivo el estudio de una nueva ley de minería, que además proteja los recursos hídricos de la comarca Ngäbe Buglé. El mismo se vio interrumpido desde el pasado lunes.
La comisión Ad hoc tiene varios retos por delante. Uno de ellos es buscar un nuevo lugar para llevar a cabo las reuniones, luego que el propietario de las oficinas que recién había inaugurado la Asamblea Nacional en la ciudad de David, les solicitara el desalojo de las mismas, debido a las protestas que se escenificaron por parte de un grupo de indígenas que llegaron al lugar con pancartas y pitos, señalando su acuerdo al desarrollo de la minería en la comarca.
Alberto Montezuma indicó que hasta ayer aún no se les había notificado cuando volverían a sentarse con la comisión Ad hoc; sin embargo advirtió que debe ser lo antes posible.
"La fecha era hoy (Ayer), pero el lugar ellos tenían que determinarlo y no nos han avisado", dijo.
Reiteró que además de los diputados designados por la Asamblea Nacional, están solicitando la presencia de representantes del Ejecutivo; agregó que también se ha pedido que la iglesia Católica sea la mediadora de dicho diálogo. Tampoco hemos tenido ninguna respuesta al respecto, dijo.
El documento que elaborado por los indígenas establece "un régimen especial de interés social de protección de los recursos minerales, hídricos, y ambientales dentro de la comarca Ngäbe Burlé, áreas anexas y comunidades Ngäbe Buglé fuera de la comarca".
La propuesta también incluye la prohibición de concesión de los bienes metálicos, no metálicos, y sus derivados, al igual que la exploración, explotación y transportación terrestre, marítima, o aérea por cualquier empresa.
Advirtió que no van a permitir la presencia de este grupo en el diálogo, porque el acuerdo establece que las conversaciones son con la Coordinadora, que fue quien salió a las calles a protestar y a exigir la derogación de la Ley 8.