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- 01/10/2026 00:00
Las fricciones a lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) como consecuencia de las reformas electorales siguen.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y el Consejo Directivo Nacional (CDN)) del PRD aprobó una resolución de censuró a contra la secretaria general del partido Balbina Herrera, y desautorizó la carta que envió a los diputados del colectivo.
En la resolución, el CEN y el CDN acusa a Herrera de “pretender afirmar, de manera unilateral y arbitraria, una supuesta posición institucional frente al debate al proyecto de reformas electorales”.
Los máximos organismos del PRD consideran que la misiva enviada a la bancada del partido “contraviene de forma directa” la norma estatutaria del partido.
Herrera respondió que no actuó por cuenta propia y que su intervención buscó advertir sobre cambios que, según sostiene, afectan la estructura interna del partido.
El enfrentamiento expone una diferencia que va más allá del proyecto de ley: quién puede fijar la posición del PRD y qué organismos deben aprobarla.
La resolución N.° 001-CEN/CDN-PRD, fechada el 29 de septiembre, señala que Herrera presentó como institucional una posición que no fue debatida ni aprobada previamente por el CEN y el CDN.
La dirección del partido también ratificó su respaldo al proyecto de reformas electorales y pidió a la bancada mantener la unidad y actuar conforme a los lineamientos aprobados por los organismos de dirección.
Herrera cuestiona el procedimiento
Herrera recordó que en la reunión del CEN del 22 de septiembre, que se extendió de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., no se discutieron los artículos 100 y 101 de la reforma electoral.
Según su relato, el encuentro se concentró en la inscripción prevista para el 11 de octubre. En el punto de asuntos varios, asegura, se abordaron un informe sobre encuentros con autoridades locales, una comunicación del contralor general de la República y temas relacionados con el cierre del quinto quinquenio y el Tribunal Electoral.
La reforma electoral, afirma, no formó parte de esa agenda. “En ningún momento se discutió lo que era la reforma electoral y su artículo 100 y el 101”, sostuvo.
Para Herrera, esa situación explica por qué decidió enviar una comunicación a los diputados del PRD.
El principal punto de controversia está en los artículos 100 y 101.
Herrera sostiene que el artículo 100 modifica aspectos relacionados con la representación legal del partido y afecta una función que actualmente ejerce la Secretaría General.
También cuestiona el artículo 101 por el mecanismo previsto para las nóminas internas. Según explica, la elección mediante mayoría y listas cerradas dejaría sin representación a las minorías.
A juicio de la secretaria general, esos cambios afectan directamente la estructura del PRD y deben discutirse dentro de sus organismos.
La dirección nacional, por su parte, sostiene que corresponde al CEN y al CDN establecer la posición institucional del partido y comunicarla a la bancada.
Ahí está uno de los principales puntos de fricción: Herrera defiende su derecho a advertir sobre disposiciones que considera perjudiciales para el colectivo, mientras la dirección reclama que cualquier posición oficial debe surgir de una decisión colegiada.
La secretaria general también sostiene que los artículos cuestionados podrían vulnerar los estatutos del PRD y entrar en conflicto con el artículo 138 de la Constitución.
Según Herrera, una ley no debería determinar quién ejerce la representación legal de un partido político, porque ese asunto forma parte de su organización interna.
Este planteamiento corresponde a la posición expresada por Herrera y requeriría una valoración jurídica independiente para determinar si las disposiciones cuestionadas son efectivamente inconstitucionales.
La dirigente también citó un antecedente del partido. Aseguró que una propuesta similar se discutió en 2015, cuando Carlos Pérez Herrera ocupaba la Secretaría General, y que pasó por el Directorio Nacional y el Congreso Nacional. Según su versión, el planteamiento fue rechazado y volvió a ser descartado en el Congreso de 2016.
Con ese antecedente, Herrera sostiene que cualquier modificación sobre la estructura interna del colectivo debe pasar por las instancias partidarias correspondientes.
Herrera defendió su decisión de enviar la carta a la bancada y rechazó que se tratara de una actuación para imponer una posición personal.
“Yo represento aquí a las bases de este partido”, afirmó.
También respondió directamente a la censura de la dirección nacional: “Que me censuren por denunciar violaciones a nuestros estatutos y a la Carta Magna”.
La secretaria general negó, además, que haya enviado su carta a los medios de comunicación y sostuvo que la comunicación fue dirigida a los diputados.
La dirección del PRD mantiene que las diferencias deben discutirse dentro de las estructuras partidarias y que ninguna posición individual puede presentarse como institucional sin aprobación de los organismos correspondientes.