El fenómeno de El Niño, especialmente agudo este año, está disparando los termómetros en el Caribe colombiano, con temperaturas récord de hasta 40 grados...
‘Abrir para cerrar’: First Quantum acepta negociar mientras Mulino se toma tiempo para decidir
- 01/10/2026 00:00
La comisión interministerial recomendó abrir conversaciones con la minera para evaluar un nuevo acuerdo que permita financiar el cierre de Cobre Panamá. La compañía dijo estar dispuesta a sentarse a la mesa. Pero no hay todavía una fecha para el cierre, un modelo jurídico definido ni una decisión presidencial
El “abrir para cerrar” que durante dos años ha acompañado la discusión sobre Cobre Panamá dejó este miércoles de ser una frase. Ahora existe una propuesta de ruta. La comisión interministerial entregó al presidente José Raúl Mulino 17 recomendaciones para enfrentar el problema que quedó después de noviembre de 2023: el contrato desapareció jurídicamente, pero la mina, sus tajos, los relaves, las aguas de contacto y las obligaciones ambientales permanecieron en Donoso.
La propuesta, realizada por tres ministros, parte de una fórmula compleja: evaluar una puesta en marcha del complejo para que sea el propio sitio el que genere los recursos necesarios para financiar un cierre ordenado, sin costo para el Estado y sin posibilidad de prórroga. La comisión recomienda abrir negociaciones formales con Cobre Panamá y First Quantum Minerals y condiciona cualquier eventual acuerdo al finiquito de los arbitrajes internacionales pendientes Pero todavía no hay una decisión.
Mulino se encargó de marcar esa distancia. Anunció que estudiará el informe con su Gabinete y sus abogados antes de resolver y descartó repetir una decisión apresurada sobre un asunto cuyas consecuencias acompañarán al país durante décadas. También dejó establecido que será él quien comunique al país el camino escogido y sus fundamentos. “No voy a repetir el error de decidir en cuatro días sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas”, afirmó.
La cautela tiene una explicación. El informe propone fijar una fecha definitiva para el cierre, pero esa fecha hoy no existe. Tampoco se ha definido cuánto tiempo operaría nuevamente el complejo si finalmente se alcanza un acuerdo. Las estimaciones utilizadas por la comisión para dimensionar el costo abarcan entre 17 y 19 años entre cierre y mantenimiento posterior.
First Quantum dice que se sentará a la mesa
La respuesta de la empresa llegó horas después. First Quantum Minerals reconoció las recomendaciones y dijo estar dispuesta a participar “de manera constructiva y de buena fe” en una eventual negociación, con respeto a la soberanía panameña y sus instituciones democráticas.
La minera destacó, a través de un comunicado, precisamente la primera recomendación: abrir conversaciones para determinar si es viable construir un nuevo acuerdo que permita terminar los arbitrajes y conducir el sitio hacia un cierre ordenado.
También sostuvo que su prioridad es “la custodia ambiental” responsable de Cobre Panamá, acompañada de salvaguardas, supervisión y monitoreo transparente. Y añadió que cualquier salida sostenible debería ofrecer estabilidad de largo plazo, empleo, desarrollo de proveedores locales, infraestructura y aportes a la economía.
Producir para pagar el cierre
La pregunta más difícil está en el financiamiento. El material extraído antes de la paralización —el denominado stockpile— ha permitido sostener las labores de preservación, pero ese inventario se agotará. El empresario y expresidente de Apede Severo Sousa explicó que un cierre progresivo de largo plazo necesitaría nuevos recursos y que, bajo la fórmula planteada, eso implicaría volver a producir.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, puso allí una línea: el cierre no puede terminar en la cuenta de los contribuyentes. “Cero es lo que debe costar al Presupuesto General del Estado una solución al tema de la mina de cobre. El sitio paga su propio cierre, o no hay arreglo”, sostuvo.
La comisión calcula que clausurar el complejo sin un acuerdo y sostener posteriormente su mantenimiento podría costar entre $2.600 millones y $3.400 millones durante 17 a 19 años. Son órdenes de magnitud, no una valoración definitiva.
A esa ecuación se suman los arbitrajes internacionales, cuyas reclamaciones mínimas acumuladas superan los $27.000 millones. El Gobierno insiste en una precisión: Panamá no reconoce esos montos como deuda y ningún tribunal los ha adjudicado. La recomendación es que todos esos procesos queden terminados como condición de cualquier nuevo acuerdo.
El cierre necesita reloj
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, introdujo la otra condición: cerrar no puede convertirse en una palabra sin fecha. La operación, sostuvo, no puede permanecer indefinidamente bajo preservación, sin un plan de rehabilitación, un fondo que garantice su ejecución y plazos que puedan comprobarse.
El informe, publicado integro en la página web del ministerio de Comercios e Industrias, recoge esa preocupación. Propone que la huella territorial no aumente y se reduzca progresivamente, que el cierre avance por frentes mientras exista actividad y que se establezca una fecha final. También plantea que el cumplimiento no sea certificado por quien ejecuta el cierre, sino mediante verificación independiente.
Navarro ha sido igualmente claro sobre su posición personal: considera que “la mina nunca debió construirse”. Pero también advierte que detener una operación de esta dimensión de un día para otro no equivale a cerrarla.
Hoy permanecen activos 164 instrumentos de vigilancia sobre la instalación de relaves. El agua debe tratarse, los tajos requieren seguimiento geotécnico y las obligaciones ambientales sobreviven a la extracción.
Una mesa de negociación frente a un país que todavía dice no
Hay otro actor que no está sentado físicamente en una eventual negociación, pero que pesa sobre ella: la ciudadanía.
La última encuesta VEA Panamá, la verdad en cifras, de La Estrella de Panamá, mostró en julio que 67,8% de los consultados rechazaba reabrir la mina incluso bajo mejores términos y condiciones para Panamá. La oposición había bajado desde el 74% registrado en abril, pero continuaba siendo ampliamente mayoritaria.
La encuesta dejó además otro dato difícil de separar de la discusión que ahora comienza: 68,7% consideró que el futuro de la minería debería someterse a una consulta nacional.
Ambientalistas ponen límites al concepto
La abogada Susana Serracín advirtió a La Estrella de Panamá que, si se habla de cierre, las actividades permitidas deben responder a ese objetivo. A su juicio, la figura no puede convertirse en un paraguas para prolongar indefinidamente la extracción.
Serracín acepta que un complejo de esta magnitud no puede clausurarse de un día para otro, pero reclama un cronograma, una fecha final y claridad sobre qué se autorizará durante ese periodo.
También advierte sobre los efectos de una eventual nueva extracción en una mina a cielo abierto y recuerda la sensibilidad ambiental de su ubicación dentro del Corredor Biológico Mesoamericano.
La Corte sigue poniendo el límite
El 27 de noviembre de 2023, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inconstitucional la Ley 406. El fallo encontró vulneraciones que abarcaron las reglas de contratación pública, las competencias de los órganos del Estado, el manejo de los recursos naturales y derechos vinculados con la vida, la salud y el ambiente.
Mulino aseguró que ese fallo “se acata íntegramente”.
Lo Nuevo
