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Presentan denuncia penal contra Méndez en medio de investigaciones contra juntas comunales
- 17/10/2025 00:00
Autoridades locales denuncian por abuso de autoridades a la directora de la Descentralización, Roxana Méndez, quien ha presentado varias denuncias por uso irregular de fondos en juntas comunales y municipios
En medio de las investigaciones sobre el manejo de fondos municipales y comunales, representantes y excandidatos a representantes presentaron una denuncia penal contra la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), Roxana Méndez de Obarrio, por presunto abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, delitos tipificados en el artículo 355 del Código Penal.
La denuncia surge mientras el Ministerio Público avanza en la investigación denominada Operación Comunidad, que reveló presuntas irregularidades en el Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS) y en las juntas comunales.
De acuerdo con el expediente, la Operación Comunidad destapó un esquema de desvío de fondos públicos mediante contratos y facturas por obras y servicios que nunca se realizaron. El mecanismo consistía en asignar recursos del PDIS a las juntas comunales para proyectos comunitarios que, en muchos casos, terminaban en cuentas personales o empresas ficticias creadas para justificar los gastos.
Según datos oficiales, la lesión patrimonial asciende a $24.8 millones, sustentada en 35 informes de auditoría de la Contraloría General de la República.
Los denunciantes señalan a Méndez de Obarrio por haber emitido la Resolución No. 001-2024/DS, publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30116, que deja sin efecto el PDIS y ordena no solicitar los fondos correspondientes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El PDIS, creado por la Ley 37 de 2009, fue diseñado para transferir recursos a municipios y juntas comunales con el fin de ejecutar proyectos de interés social, como construcción de aceras, mejoramiento de caminos y apoyo a gastos de funcionamiento.
De acuerdo con los denunciantes, la medida adoptada por la directora constituye un acto arbitrario y fuera de sus competencias legales, al suspender un programa respaldado por una ley formal.
Sostienen que la decisión causa un perjuicio directo a las comunidades, al frenar proyectos financiados con fondos aprobados en el Presupuesto General del Estado. La Ley 418 de 29 de diciembre de 2023 asignó a la AND $182,385,920 para inversión, incluyendo partidas destinadas al PDIS.
Los denunciantes estiman que el monto total comprometido en estos fondos asciende a $213 millones, con irregularidades detectadas entre 2021 y 2024, especialmente durante el período pospandemia.
Entre los afectados figuran alcaldes y representantes locales que habían gestionado fondos para obras comunitarias. Según la denuncia, la suspensión de los recursos paraliza la ejecución de proyectos de impacto social en distintas regiones del país.
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