- 19/12/2025 00:00
Mulino objetó parcialmente el proyecto que creaba incentivos laborales para la resocialización, al advertir duplicidad de funciones entre ministerios y riesgos fiscales que, según el Ejecutivo, comprometen el equilibrio presupuestario
El presidente de la República, José Raúl Mulino, decidió objetar parcialmente el proyecto de ley No. 153, presentado por el diputado Luis Eduardo Camacho, miembro del partido oficialista Alianza, que buscaba crear un Programa de Incentivos y Oportunidades de Empleo para personas resocializadas, al considerar que la iniciativa, aunque socialmente loable, presenta serios problemas de diseño institucional y riesgos fiscales que la hacen incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.
La decisión presidencial, sustentada en un extenso análisis jurídico y técnico remitido a la Asamblea Nacional, en noviembre pasado, se produce en un contexto en el que Mulino ha insistido en la necesidad de poner orden en el Estado, evitar duplicidades administrativas y frenar leyes que, a su juicio, se aprueban sin el debido rigor técnico ni evaluación de impacto.
En su nota al Legislativo, el mandatario advierte que no se pueden seguir aprobando iniciativas “sin claridad institucional ni sustento técnico”.
En su comunicación al Órgano Legislativo, el mandatario reconoce que el objetivo del proyecto —facilitar la reinserción social y laboral de personas resocializadas y en riesgo social— es constitucionalmente válido y responde a principios como el derecho al trabajo, la igualdad ante la ley y la protección de grupos vulnerables.
Sin embargo, advierte que el mecanismo propuesto para ejecutar ese programa crea conflictos directos con la legislación vigente, particularmente con la Ley 55 de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y asigna de forma exclusiva al Ministerio de Gobierno la responsabilidad sobre la política penitenciaria, los procesos de resocialización y la reinserción pospenitenciaria.
Para el Ejecutivo, el proyecto “crea un sistema paralelo y contradictorio” al marco legal vigente.
El proyecto de ley No. 153 otorgaba al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) funciones clave como la certificación de la condición de persona resocializada, la administración del programa y la recomendación para la contratación laboral de los beneficiarios.
Para el Ejecutivo, esta estructura genera un sistema paralelo que invade competencias ya definidas por ley, sin que exista una reforma expresa al marco legal que rige el sistema penitenciario.
Mulino sostiene que permitir que dos ministerios intervengan de manera decisiva en un mismo proceso —resocialización y reinserción—no solo genera confusión funcional, sino también inseguridad jurídica.
En su análisis, advierte que esta duplicidad “genera confusión funcional, inseguridad jurídica y una invasión de competencias”, al no quedar claro cuál entidad tiene la autoridad técnica final para certificar, supervisar y dar seguimiento a las personas beneficiarias.
El documento presidencial respalda esta posición con criterios emitidos por el propio Ministerio de Gobierno, que recordó que la certificación de resocialización debe incluir evaluaciones técnicas y seguimiento psicosocial a cargo de unidades especializadas ya existentes, creadas precisamente para acompañar a las personas liberadas en su proceso de reintegración social y laboral.
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