Presos y custodios controlan el mercado negro en las cárceles

En el pasado mes de febrero, durante una requisa en las celdas de la cárcel de Penonomé, se encontró lo impensable: tres plantones de marihuana, 30 celulares, 14 platinas, 14 punzones, un cuchillo, tres seguetas, un pasamontañas, una bolsa de cocaína, 53 carrizos con cocaína y 24 sobres de ‘crispy’.

¿Cómo se colaron estos productos en los penales, si se mantiene una revisión estricta de los familiares que visitan a los reos?

‘Todo se mueve por plata. Policías y custodios le ponen precio a todo lo que se va a meter’, relató una exreclusa que pidió reserva de su identidad.

En las cárceles, los productos legales pero escasos cuadruplican su valor original al ser vendidos por presos privilegiados. Estos utilizan posteriormente los recursos obtenidos para pagar por el peaje de estupefacientes que luego venden al menudeo.

‘Un jugo, por ejemplo, que afuera cuesta $0.45, puede venderse a $2 dentro de la cárcel. Una galleta de $0.20 le iguala en el precio’, narró la exreclusa, que estuvo detenida de manera preventiva por ocho meses mientras era investigada por fraude.

Los que conocen el sistema aseguran que facilitar el ingreso de sustancias prohibidas dentro de los penales es una actividad muy lucrativa, lo que podría ser el origen de este mal.

‘Los custodios cometen estos actos no solo por el atractivo económico, sino también porque son víctimas de la intimidación de los grupos organizados’, señaló Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación y actual diputada.

El pago de peaje para introducir las sustancias ilícitas oscila entre $30 y $60, de acuerdo con la cantidad de productos, creando luego un mercado negro a base del contrabando.

EL TALÓN DE AQUILES

Las autoridades conocen el problema, aunque no logran detectar con claridad cómo y dónde se forman estos mercados de distribución.

‘Custodios, policías, abogados y dirigentes religiosos son quienes muchas veces ingresan en las cárceles estos productos que luego son distribuidos y vendidos por los privados de libertad’, relató Sharon Díaz, subdirectora del Sistema Penitenciario Nacional.

La situación es enfrentada casi a diario, aseguró Díaz, con pesquisas y protocolos de control, pero estos siguen siendo doblados por la flexible legislatura penitenciaria.

‘Es absurdo que nuestra ley solo imponga una sanción administrativa a quienes alientan el delito en los centros penales. Necesitamos una reforma para que la norma sea más dura y castigue de verdad. La cárcel no puede ser un sitio donde la delincuencia siga viva’, señaló la subdirectora .