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- 17/03/2026 00:00
La nueva propuesta de ley busca profesionalizar la salud pública exigiendo concursos de méritos para los cargos directivos regionales y de centros de salud en todo el país
Los cargos de directores regionales y directores médicos en hospitales y centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa), así como en los centros médicos de la Caja de Seguro Social (CSS), se elegirían por mérito, a través de concurso público.
La medida está contemplada en un anteproyecto de ley propuesto por la diputada Janine Prado, con el respaldo de otros 14 diputados de distintas bancadas.
La propuesta contempla los requisitos que deben cumplir los aspirantes a estos cargos, como títulos académicos, ser de nacionalidad panameña y contar con el pleno goce de los derechos civiles y políticos, entre otros.
“En el caso de los profesionales de la medicina, deberán contar con idoneidad expedida por el Consejo Técnico de Salud del Ministerio de Salud”, señala el documento.
También establece que los aspirantes presenten certificado de buena salud física y mental, así como prueba negativa de consumo de drogas ilícitas; sin embargo, se exceptúan los casos en los que exista justificación médica para su consumo.
La propuesta contempla la creación de la Comisión Regional de Selección y Evaluación como un órgano colegiado encargado del proceso de selección y del seguimiento del desempeño de los directores.
La comisión estaría integrada por representantes del Minsa, de la CSS, de los colegios profesionales de salud, de los jefes de los departamentos médicos y no médicos de las instituciones, y un representante de una universidad acreditada en ciencias de la salud o gestión hospitalaria.
Los directores serán elegidos por un período de cinco años, prorrogable una sola vez por el mismo tiempo.
Los directores estarán sujetos a una evaluación anual de su gestión por parte de la Comisión Regional de Selección y Evaluación, cuyos informes serán de carácter público y publicados en las páginas web del Minsa y la CSS.
La propuesta también establece que los antecedentes profesionales y laborales de los concursantes serán conservados de manera confidencial y que solo los miembros de la comisión evaluadora tendrán acceso a ellos.
La diputada Prado sustenta la propuesta, entre otros aspectos, en que actualmente existen diferencias en los requisitos académicos, disparidad en la composición de las comisiones evaluadoras y falta de publicidad homogénea en los concursos.
En la exposición de motivos, la diputada hace referencia a países que cuentan con este tipo de normativas.
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