Proyecto de ley de RM cae entre acusaciones y retiros

Lo que debía ser la discusión técnica de un proyecto de ley para corregir una “asimetría estructural en el acceso a la justicia penal” se convirtió en una acalorada sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

En el centro de la tormenta estuvo el Proyecto de Ley 374, una iniciativa del oficialista Partido Realizando Metas (RM) que buscaba igualar el derecho a la revisión de condenas para procesos bajo el sistema inquisitivo. Sin embargo, el debate no giró en torno a los méritos legales, sino que fue secuestrado por una disputa reglamentaria sobre el “artículo indicativo” que terminó con la devolución del proyecto y acusaciones de obstruccionismo entre los diputados.

El desenlace, una votación de cuatro votos contra uno para revertir la decisión del presidente de la comisión y devolver el proyecto. Cuatro diputados se retiraron estratégicamente en el momento de la votación.

Un llamado a la igualdad procesal

La sesión, celebrada en el Salón Azul, inició con la presentación del proyecto por parte de su proponente, el diputado Jamis Acosta, de la bancada oficialista del partido Realizando Metas (RM).

Con un tono mesurado y técnico, Acosta sustentó la iniciativa, explicando que busca “corregir una asimetría estructural” que permite que el alcance de recursos extraordinarios como la casación dependa del sistema procesal (inquisitivo o acusatorio) bajo el cual se dictó una condena, y no de la gravedad de la violación de derechos.

“No es una ley con nombre propio”, aclaró el diputado Acosta, “su alcance es general, regula un problema normativo”.

Su argumento se centró en adicionar un numeral al artículo 191 del Código Procesal Penal para que aquellos condenados bajo el sistema inquisitivo o mixto puedan invocar, por una sola vez, la infracción de garantías fundamentales y al debido proceso.

“No es impunidad, no anula sentencias”, enfatizó, “abre una vía extraordinaria y estricta para examinar si la condena se dictó con afectación sustancial de derechos”.

Tras la presentación, se le dio la palabra al Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien acudió a ampliar el concepto técnico de su institución.

Leblanc respaldó firmemente la iniciativa desde una perspectiva de derechos humanos y estándares interamericanos.

Citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, argumentó que el sistema debe asegurar un recurso real y efectivo contra una condena, y que la revisión en todo tiempo a favor del sancionado se justifica como salvaguarda del sistema.

“La Defensoría del Pueblo está de acuerdo con este proyecto de ley”, sentenció Leblanc, “independientemente de algunos matices que pueda tener... tenemos que pensar en los más y no en los menos, en muchos que están privados de libertad que aducen que no se les respetó el debido proceso”.

Sin embargo, justo antes de la intervención del Defensor, el ambiente empezó a tensarse. El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno y miembro de la bancada oficialista RM, solicitó por cuestión de orden que se distribuyeran a los comisionados las “emisiones de concepto” (opiniones de otras entidades) del proyecto, documento que, según denunció, no estaba en sus carpetas.

El presidente de la comisión ordenó un breve receso para subsanar el error, llamando la atención al personal: “llamo la atención al personal que sea la última vez, por favor, que una emisión de concepto para un proyecto que no se está discutiendo y que se va a discutir no se ha incorporado a la carpeta”.

El detonante: El “artículo indicativo”

Finalizada la ponencia del Defensor del Pueblo, el diputado Roberto Zúñiga, de la bancada independiente Vamos, lanzó una consulta que cambiaría el rumbo de la sesión.

Zúñiga cuestionó la viabilidad del proyecto debido a la ausencia del “artículo indicativo”, un requisito de forma en la presentación de los proyectos, basándose en el Artículo 118 del Reglamento Interno.

Argumentó que, al omitirse este requisito, el proyecto era nulo y no debía discutirse, señalando que ni siquiera en las modificaciones presentadas se había precisado este punto.

El presidente de la comisión reconoció el error de forma, pero argumentó que “esta deficiencia fue subsanada por la propia comisión cuando le dio el proyecto”, refiriéndose a que el proyecto ya había sido admitido y estaba en fase de discusión. Declaró que, a su criterio, el proyecto debía continuar su curso.

Esta decisión presidencial fue inmediatamente impugnada por el diputado Zúñiga.

Apelación, votación y devolución del proyecto

El diputado Zúñiga solicitó formalmente la palabra y declaró: “Apelamos, señor presidente. La decisión”. Acto seguido, se desató un intenso debate de forma sobre si la apelación estaba debidamente sustentada y qué artículos del reglamento aplicaban.

En este punto, la composición de la comisión comenzó a cambiar. El diputado Raphael Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien había intervenido previamente para pedir orden en el proceso y advertir sobre el riesgo de crear precedentes para “dilatar” proyectos usando “argucias del reglamento.

Tomando la palabra para sustentar, el diputado Zúñiga explicó que su impugnación se basaba en los artículos 158, 186 y, principalmente, el 118 del reglamento, argumentando que si se seguía adelante, “estamos cometiendo una ilegalidad frente a violar el régimen interno”.

Insistió en que, según el artículo 118, al no tener el artículo indicativo, el proyecto no debía tener curso y debía devolverse a su autor.

En este punto, el diputado Luis Duke intervino para destacar que la omisión en la aplicación del artículo 118 era responsabilidad de la presidencia, al no haber ordenado la devolución del proyecto en el momento oportuno.

Duke secundó la posición de que lo correcto era que el proponente retirara el proyecto y lo presentara nuevamente en el Pleno de la manera correcta.

El presidente, tras escuchar los argumentos, sometió a votación su decisión de continuar con el debate. Para entonces, varios comisionados ya no estaban presentes. Se habían retirado.

Con una comisión diezmada, el resultado fue contundente: la comisión votó en contra de la decisión del presidente por cuatro votos contra uno. En consecuencia, se ordenó la devolución formal del proyecto de Ley 374 a su proponente, el diputado Acosta, del partido de gobierno.

Acusaciones de Obstrucción y Defensa del Procedimiento

El saldo fue de frustración y acusaciones. El diputado Acosta, proponente de la iniciativa y miembro de la bancada oficialista, visiblemente molesto, tomó la palabra para denunciar lo ocurrido.

“La verdad que deja mucho que desear”, expresó. “Hemos visto una comisión que se dedicó fue a buscar peros para obstaculizar un proyecto... Es un proyecto de justicia donde la negación se está dando desde hace 10 años. Es una falta de respeto lo que se ha dado el día de hoy”.

Con evidente frustración, Acosta señaló directamente a los diputados de la bancada de Vamos que impulsaron la impugnación y a quienes, con su ausencia, permitieron que la votación inclinara la balanza: “Y si tiene algo que reclamar, reclame a quienes se levantaron fuera de esta mesa y no quisieron votar... ¡Reclamen a los que se fueron! ¡Fueron, incluso de su bancada, se fueron!”, refutaron los diputados de Vamos.

El presidente de la comisión, ante el reclamo, intentó poner paños fríos y defender la integridad del proceso, aunque el resultado le fue adverso.

“Yo sé que la decisión no le gustó a la mayoría... pero yo no vine aquí como presidente a hacer cosas... que sean contrarias a lo que yo creo que es una decisión jurídica. Tomé una decisión jurídica y se revoca de acuerdo al procedimiento que establece el reglamento. Yo lo lamento al respecto”.