Proyecto de ley plantea cárcel para quien intenten bloquear accesos a playas y ríos

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate un proyecto de ley que introduce sanciones penales contra quienes cierren caminos de uso público o restrinjan el acceso a playas, ríos y otros espacios de interés colectivo.

La iniciativa, que modifica el Código Penal mediante la incorporación de los artículos 229-A y 229-B, responde a una problemática creciente en distintas regiones del país, donde particulares han bloqueado accesos tradicionales, afectando a comunidades rurales, turistas y actividades económicas locales.

De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto, esta práctica ha limitado el desarrollo de poblaciones enteras al impedir el tránsito hacia fincas, potreros, zonas recreativas y destinos turísticos. En algunos casos, incluso se han reportado cobros por ingresar a sitios que históricamente han sido de libre acceso.

Penas de prisión y sanciones más severas

La reforma establece penas de entre tres y siete años de prisión para quienes obstruyan o cierren caminos públicos de manera arbitraria. En casos más graves, como la apropiación ilegal de terrenos del Estado mediante engaños, las sanciones pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel.

Las penas se agravan cuando las afectaciones recaen sobre accesos a playas, ríos, áreas protegidas, monumentos naturales o sitios de valor ecológico, cultural o turístico.

Asimismo, la norma contempla sanciones para funcionarios que faciliten, por acción u omisión, la adjudicación irregular de tierras que incluyan bienes de uso público.

Impacto en comunidades y turismo

El proyecto señala que el cierre de caminos no solo vulnera el derecho al libre tránsito, sino que también genera efectos económicos negativos, especialmente en zonas con potencial turístico.

En comunidades rurales, estas restricciones han dificultado la movilidad de los residentes, el acceso a servicios básicos y la posibilidad de desarrollar actividades productivas o comerciales.

Además, se advierte sobre prácticas fraudulentas en procesos de titulación de tierras, donde se incluyen caminos públicos dentro de propiedades privadas, desconociendo su uso histórico y colectivo.

Con esta legislación, el Estado busca reforzar la protección de bienes comunes y garantizar el acceso equitativo a espacios naturales y patrimoniales.

La propuesta también pretende frenar la apropiación indebida de terrenos en parques nacionales, zonas arqueológicas y áreas protegidas, resguardando así el patrimonio ambiental y cultural del país.

El proyecto aprobado pasa ahora al Órgano Ejecutivo, que deberá decidir sobre su sanción para que la norma entre en vigencia.

De concretarse, marcaría un cambio significativo en el tratamiento de estos casos, al trasladar al ámbito penal conductas que anteriormente se atendían principalmente por la vía administrativa.