Proyecto de Sustancia Económica:
los requisitos, rentas pasivas y reformas fiscales

La Asamblea Nacional inició este lunes el periodo de sesiones extraordinarias, que se extenderá hasta el 5 de junio, para discutir el proyecto de ley de “Sustancia Económica”, impulsado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Tras la apertura, el pleno entró en receso hasta el próximo lunes, cuando la Comisión de Economía iniciará el primer debate de la iniciativa, que ya ha generado diversas reacciones.

El diputado Luis Duke señaló que aún no existe una postura colectiva sobre el proyecto de ley, por lo que —indicó— esperarán el avance del debate en la Comisión de Economía para reunirse, analizar la propuesta y fijar una posición.

Indicó, además, que todo proyecto de ley que se presente debe tener un claro fin que se traduzca en beneficios para los panameños.

“Considero que la ley es necesaria, pero no tengo claro qué beneficios traerá a corto, mediano y largo plazo para el panameño. Tampoco quién garantiza que, con su aprobación, Panamá saldrá de la lista negra de la UE”, sentenció el diputado.

“En la exposición de motivos se habla de conservar empleos y fomentar nuevas oportunidades de trabajo. ¿Cuántas plazas laborales se verán afectadas si no se aprueba esta ley? ¿Cuántas plazas laborales nuevas se crearán y en qué tipo de industrias o inversiones estamos hablando? Hay algunas preguntas que, de mi parte, necesito que se me respondan para tomar una decisión en firme”, cuestionó.

Cedeño destacó que el Colegio mantiene reuniones con el MEF para consensuar modificaciones puntuales que serán presentadas ante los diputados. “Pensamos que en estos momentos, sí se respetan los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica”, puntualizó, aunque advirtió que habrá que observar las enmiendas que puedan surgir durante el debate legislativo.

La presidenta subrayó la importancia de proteger sectores estratégicos como la marina mercante, solicitando que se consideren excepciones para las sociedades vinculadas a la propiedad de buques, a fin de evitar impactos negativos en la competitividad del país.

Sobre el tema de transparencia, Cedeño recordó que desde 2020 Panamá cuenta con un registro de beneficiarios finales administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, aplicable a todas las sociedades anónimas, nacionales y extranjeras. “Panamá ha demostrado desde hace muchos años transparencia en este sentido”, afirmó, resaltando que el sistema permite a las autoridades competentes verificar la información sin comprometer la naturaleza de las sociedades anónimas.

El proyecto modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

Establece que las entidades de grupos multinacionales deberán acreditar sustancia económica en el país para que sus rentas pasivas de fuente extranjera mantengan el tratamiento fiscal vigente.

Incluso aquellas compañías acogidas a regímenes fiscales preferenciales que no estén obligadas a presentar una declaración de sustancia económica deberán demostrar su condición de “entidad calificada” ante el MEF.

La propuesta refuerza el principio de territorialidad y busca desincentivar el uso de estructuras sin sustancia, es decir, esquemas corporativos que no generan operaciones ni valor económico real en el territorio nacional.

La normativa incorpora medidas más estrictas de control, entre ellas una cláusula antiabuso que faculta al Estado a desconocer mecanismos o estructuras cuyo propósito principal sea obtener ventajas fiscales indebidas.

En esos casos, cuando no existan razones comerciales válidas que respalden la operación, las rentas pasivas de fuente extranjera quedarían sujetas a una tarifa del 15% sobre la renta bruta, además de posibles multas, recargos e intereses.

Asimismo, se establecen obligaciones reforzadas de información: las entidades deberán reportar anualmente, dentro de su declaración jurada del impuesto sobre la renta, tanto las rentas pasivas obtenidas como los elementos que acrediten el cumplimiento de las condiciones de sustancia económica. Esta exigencia aplica tanto para quienes generen rentas de fuente panameña como para aquellas que obtengan exclusivamente ingresos pasivos del exterior.

El proyecto también fortalece los mecanismos de verificación del Estado, otorgando mayor capacidad institucional para supervisar el cumplimiento normativo bajo un esquema de reglas claras, equitativas y previsibles.

En materia de confidencialidad, la iniciativa establece que toda la información suministrada tendrá carácter reservado y sólo podrá ser utilizada con fines estrictamente tributarios. Su divulgación indebida acarrearía responsabilidades administrativas, civiles y penales, salvo en los casos de intercambio de información en el marco de acuerdos internacionales suscritos por Panamá.

Otro eje clave de la reforma es la actualización del concepto de establecimiento permanente, ampliando los supuestos bajo los cuales una empresa extranjera se considera operando en Panamá. Esto incluye la prestación de servicios, proyectos de construcción, actividades de supervisión o el uso de instalaciones y equipos por periodos prolongados, así como la actuación de representantes que concluyan contratos en nombre de la entidad.

El proyecto también precisa que los establecimientos permanentes deberán tributar por las rentas de fuente panameña que les sean atribuibles, conforme a las disposiciones vigentes, reforzando así la coherencia del sistema tributario.

Dentro del escenario actual, hay sociedades anónimas que, dependiendo de su actividad, solo existen en papel, aun si tienen movimiento comercial, explicó Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (COSIP), en una reciente entrevista con este medio.

Según Cohen, de eso se trata la iniciativa: de que la sociedad tenga “sustancia”, personal y actividad que genere ingresos para el país.

“En mi caso, siempre he dicho que es importante que Panamá promueva esto para empresas con operaciones internacionales porque les conviene alquilar oficinas, contratar empleados y consumir en la economía nacional. Se debe buscar un equilibrio en esta ley para que el país salga realmente beneficiado”, mencionó el presidente del COSIP.

Añadió: “Me consta que todos los sectores estamos conscientes de que no queremos que nuestro sistema se use para fines delictivos. Estamos tomando medidas para ser un centro de servicios de primer mundo, donde vengan empresas serias a invertir y a contratar panameños”.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, justificó que países de la región han logrado salir de la lista de la UE mediante reformas orientadas a fortalecer los requisitos de sustancia económica y modernizar sus marcos tributarios, una dirección en la que Panamá busca avanzar con esta iniciativa para mejorar su competitividad.

Resaltó que el proyecto impulsa un cambio cualitativo en el perfil de inversión que el país busca atraer. La propuesta promueve el establecimiento de estructuras empresariales con presencia económica real, capacidad efectiva de decisión, gestión y manejo de riesgos, que generen valor agregado, empleo calificado y encadenamientos productivos en la economía nacional.

Para el presidente de la República, José Raúl Mulino, el proceso busca brindar la “docencia necesaria” sobre una normativa que calificó como altamente técnica, con el fin de lograr una discusión informada.