Caso Lili Pink: defensa de los Abadi niega delitos y espera imputación en Colombia

La defensa de los empresarios vinculados al caso Lili Pink, investigado en Colombia por presunto lavado de dinero y contrabando, insiste en que no existen imputaciones formales y que sus clientes no han cometido delito alguno. Así lo afirmó el abogado Joan Alfonso Cancino, quien sostuvo que el proceso aún se encuentra en una fase preliminar y que cualquier señalamiento difundido hasta ahora proviene de informes de prensa, no de decisiones judiciales en firme.

“Mis clientes han manifestado que no han cometido ningún delito y yo les creo”, declaró Cancino, al subrayar que la estrategia de defensa se sustentará en documentación contable y pruebas que, según él, permitirán aclarar los hechos. No obstante, evitó profundizar en detalles al señalar que no puede adelantar su línea jurídica antes de que la Fiscalía colombiana formalice cargos.

El abogado explicó que, hasta el momento, la defensa desconoce con precisión cuáles serían los hechos imputados, ya que la Fiscalía aún no ha realizado una imputación oficial. “Hasta que la Fiscalía no impute los cargos, nosotros no nos podemos pronunciar de fondo”, indicó. Añadió que esperan que esa etapa procesal se produzca en los próximos días.

Cancino también se refirió a las cifras que han circulado en medios de comunicación, que apuntan a un presunto esquema de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos colombianos. Según el abogado, esa información no proviene de una imputación formal, sino de reportes periodísticos, por lo que considera prematuro emitir una defensa detallada sobre esos montos.

Las investigaciones en Colombia, sin embargo, han señalado que detrás de la cadena de tiendas Lili Pink operaría una estructura que habría utilizado empresas de fachada e importaciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. Las autoridades sostienen que el esquema incluiría contrabando y operaciones financieras complejas que dificultaban el rastreo del dinero.

En este contexto, Cancino insistió en que será la Fiscalía la que deberá demostrar cualquier responsabilidad penal. “A la Fiscalía le tocará probar”, afirmó, al tiempo que reiteró que sus clientes niegan haber participado en actividades ilícitas.

Uno de los puntos centrales planteados por la defensa es la forma en que los empresarios enfrentarían el proceso judicial. El abogado explicó que en Colombia es posible comparecer a audiencias de manera virtual, por lo que sus clientes podrían participar sin necesidad de estar físicamente en un juzgado.

“Van a comparecer de la manera más correcta”, dijo Cancino, al confirmar que la defensa está preparada para asumir el proceso en esa modalidad. También evitó precisar la ubicación actual de los empresarios, alegando que se trata de información reservada.

Sobre versiones que sugerían que los implicados habrían salido del país antes de los operativos, el abogado negó haber confirmado ese dato y sostuvo que, según sus clientes, no tenían conocimiento previo de las diligencias. “Sabían que había una investigación, pero nada más”, señaló.

El caso Lili Pink se ha convertido en una de las investigaciones más relevantes en Colombia en materia de delitos económicos. Las autoridades han ejecutado allanamientos, incautaciones y medidas cautelares sobre cientos de locales comerciales, inmuebles y activos vinculados a la red investigada.

De acuerdo con las pesquisas, la presunta organización habría operado durante años mediante un entramado empresarial que simulaba operaciones de comercio exterior para introducir mercancía al país y legitimar capitales. Las investigaciones también apuntan a la posible existencia de conexiones transnacionales y a la utilización de estructuras societarias para ocultar el origen de los fondos.

En Panamá, el caso ha generado atención debido a la presunta vinculación de empresarios con operaciones investigadas en Colombia, lo que ha abierto interrogantes sobre el alcance regional de la red y los posibles nexos comerciales entre ambos países.

Más allá del proceso judicial, Cancino hizo un llamado a las autoridades para que la empresa continúe operando bajo administración adecuada. Afirmó que se trata de una compañía “muy próspera” y pidió que no sea llevada a la quiebra mientras se desarrollan las investigaciones.

El caso, por ahora, se mantiene en una fase expectante. La imputación de cargos marcará el inicio formal de una etapa procesal en la que la Fiscalía deberá sustentar sus acusaciones y la defensa presentar sus argumentos. Hasta entonces, la narrativa seguirá dividida entre las sospechas de las autoridades y la insistencia de los implicados en su inocencia.